El Correo

El Ayuntamiento sanciona por tercera vez a Serunión y Gamarra dice que rescindirá el contrato

  • La alcaldesa propone a la oposición «abordar juntos» la financiación de la ciudad teniendo en cuenta las «obligaciones» del soterramiento

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño fueron uno de los grandes protagonistas de la segunda jornada del Debate del Estado de la Ciudad que se vivió durante la mañana de ayer.

Sobre todo por el anuncio de la alcaldesa, Cuca Gamarra, en el que explicó que ya han impuesto la tercera y última sanción –de carácter muy grave– a la empresa Serunión, encargada del suministro del Servicio de Comidas a Domicilio en la capital riojana, lo que permite definitivamente «iniciar el camino para la resolución del contrato».

Un anuncio que rápidamente fue contestado por la empresa a través de un comunicado en el que explica que «emprenderá las acciones legales que considere oportunas». Serunión niega «rotundamente» la existencia de la bacteria listeria en su cocina y acusa al Ayuntamiento de utilizar un procedimiento de análisis «no válido» por no cumplir con los protocolos oficiales de Sanidad.

Pero hay vida más allá de Serunión, y otros dos anuncios fuera del Servicio de Comidas a Domicilio lo demuestran. Por un lado, un aumento de horas en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que no están cubiertas por el sistema de dependencia, y por otro, en el ámbito de las escuelas infantiles, la incorporación del bilingüismo y la creación de la figura pública del coordinador de las mismas.

Además de estas novedades, lo que verdaderamente hubo fueron críticas de los grupos de la oposición a una de las áreas más castigadas durante este año por casos como Serunión, la huelga de las trabajadoras sociales o la anulación y repetición del pliego de condiciones de las ludotecas de verano. Desde el inicio del mandato todos los grupos han pedido públicamente la dimisión de la concejala que se encarga de este área, Paloma Corres. Un hecho que no se repite con otros ediles.

«Mala gestión», así lo definió la portavoz socialista, Beatriz Arraiz, en los primeros compases de su intervención. «La alcaldesa nos promete subidas del presupuesto de Servicios Sociales todos los años, pero luego la realidad es que no se ejecuta. El año pasado, al igual que en 2013 y 2014, del presupuesto no se ejecutaron 1,8 millones, el 13,37% de lo previsto», de esta forma respondió Arraiz a la afirmación hecha por Gamarra de que este presupuesto se volvía a aumentar por quinto año consecutivo.

Para la socialista existe una «falta de profesionales» que está provocando una «saturación» de los servicios sociales.

Desde Cambia Logroño, Gonzalo Peña, además de compartir la críticas socialista, centró su mirada en los desahucios. Según el concejal, durante el primer trimestre se han ejecutado 66 desalojos en La Rioja. «Ayer pintaba una ciudad libre de desahucios. Parece desconocer que una manzana entera fue desahuciada en El Campillo hace unos meses y no movieron ni un dedo», señaló Peña.

Mientras, para Ciudadanos no hay «nada nuevo bajo el sol» en las políticas de Servicios Sociales de los populares. Su portavoz, Julián San Martín, recordó a la alcaldesa otra de las peticiones que la oposición ha repetido durante el año, que en los contratos y convenios «prime la parte social a la parte económica» para evitar sí más casos como el de Serunión.

Por último, el concejal del PR+ y portavoz del grupo mixto, Rubén Antoñanzas, señaló que la concejalía encargada de los servicios sociales «hace aguas» y agradeció el trabajo de los muchos «voluntarios magníficos» que atienden a personas con dependencia. «Dan una atención a colectivos donde el ayuntamiento no lo hace», especificó.

Diálogo para la financiación

En cuanto a otros asuntos Gamarra propuso a la oposición abordar de manera conjunta la financiación a futuro de la ciudad, teniendo en cuenta las «obligaciones» derivadas del préstamo del soterramiento del ferrocarril a su paso por la capital. Para la alcaldesa, se trata de dar «estabilidad» al futuro financiero de la ciudad.

En este sentido, Gamarra explicó que habrá que ver «cómo afectará a Logroño el hacer frente a las obligaciones derivadas del soterramiento», de cara a «mantener la actividad económica y el crecimiento» de la capital.

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