Pleno desconcierto sobre la Banda de Haro

Cabecera de la concentración celebrada, en señal de protesta, durante la mañana del domingo frente al Consistorio jarrero. /DONÉZAR
Cabecera de la concentración celebrada, en señal de protesta, durante la mañana del domingo frente al Consistorio jarrero. / DONÉZAR

La junta de la agrupación contradice a Redondo; no encuentra inconvenientes para firmar un convenio

Roberto Rivera
ROBERTO RIVERA

Tiempo para la reflexión tras la ‘sonora’ protesta protagonizada por más de medio millar de vecinos en la Paz y en defensa de la Banda de Música, frente al equipo municipal de gobierno al que pidió, sin éxito, que diese «la cara» y la dimisión de Javier Redondo.

Tres meses y medio después del cierre de las relaciones contractuales que vincularon durante cuatro años a Concejo y agrupación musical, y sin documento a la vista que haga pensar en la inminente convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación, se mantienen abiertos los mismos interrogantes de hace casi un año y se incorporan a la lista algunos más.

El último, el contenido de la discusión mantenida en el salón de plenos por Alberto Olarte y el propio Redondo, tras reconocer el portavoz del PP que el contrato propuesto por los suyos en la anterior legislatura se había demostrado «un error» y proponer como solución la firma, con los músicos jarreros, de un convenio similar a los que están en vigor en Miranda de Ebro o Logroño.

El líder de Ganemos Haro reconocía mostrarse partidario de esa fórmula que no duda en considerar «la mejor alternativa», pero la descartaba de plano porque entendía, al mismo tiempo, que supondría «firmar la condena de muerte de la Banda», apuntó en la sala, «porque la asociación no podría justificar sus gastos» como se contempla en el documento mostrado y preparado para su firma inmediata por Olarte.

Tal fue el argumento esgrimido por las formaciones del tripartito para rechazar la propuesta de los ‘populares’. Precía claro que se trataba de dos visiones diametralmente opuestas. Pero también resultaba evidente que la respuesta a esa diferencia de interpretación quedaba en manos de los más directos interesados en el tema, los propios miembros de la Banda de Música.

¿Preguntó Redondo a su junta gestora si podrían suscribir un convenio como los pactados por las bandas de la capital riojana o la ciudad burgalesa, para mostrarse tan taxativo a la hora de rechazar en pleno una alternativa en la que decía creer a pies juntillas?

Ascen Alonso, presidenta de la junta gestora de la formación jarrera confirma que no. Es más, se siente sorprendida al ver que desde el equipo de gobierno local de recurría a esa explicación para rechazar la adopción de una solución similar porque no duda que la entidad jarrera «podría suscribir un convenio de esas características sin ningún tipo de inconveniente. Existen en infinidad de ciudades de todo el país», remarcaba la máxima representante de la agrupación. «Y no habría ningún problema para que se pudiese hacer, igualmente, en Haro».

Es más. El repaso histórico al marco de relación en el que se han movido Corporación y Banda en la última década desvela un apunte que recuerda nítidamente las tensas negociaciones que mantuvieron una y otra antes de la aprobación del contrato que ha permanecido en vigor durante el cuatrienio 2014-2017, dejando al descubierto las profundas diferencias que se dieron entre las partes, más allá de las que se han advertido siempre en el seno interno del propio colectivo, donde siempre han convivido diferentes sensibilidades.

Por difícil que resulte de creer, venía a apuntar Alonso, hace cinco años fue la propia Banda de Música la que presentó a la Corporación «el convenio de Miranda y redactó uno del estilo. Pero no quisieron aceptar la propuesta», al parecer por los recelos que generaba la alternativa en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Haro, a pesar de estar vigente en la ciudad mirandesa.

«Un convenio que regule la concesión de las subvenciones que puedan recibirse y las obligaciones que deben cumplirse es perfectamente viable. Aunque en ese caso tendríamos que plantearlo al resto de los compañeros para realizar una puesta en común de todas las opiniones que existen antes de tomar una decisión en asamblea».

Esa alternativa es «parecida a la fórmula que se utilizó anteriormente, mediante el establecimiento de ciertas obligaciones que debían cumplir ambas partes». Lo que considera que generará más reticencias es, en realidad, la firma de un contrato que pasa a ser defendido también por el concejal de Cultura, Leopoldo García, con quien podría reunirse en las próximas horas.

Éste abogaba ayer por esa vía, adaptando el documento que expiró en noviembre «a la situación actual». Curiosamente lo mismo que pretendían los músicos cuando solicitaron por ecrito, en diciembre de 2016, la reunión de la comisión de seguimiento para advertir de las bajas que arrastraban y pedir una revisión de los requisitos (número de asistentes), rebajando las cuotas en la misma proporción.

Lejos de sentarse a analizar la situación, se negó la existencia del documento, registrado sin embargo en las dependencias municipales, y no se convocó ningún encuentro para resolver el problema.

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