UGT pide ejecutar la sentencia que anuló la privatización de plazas en la plantilla municipal

Sergio Corral, de FSP-UGT, con la alcaldesa, Laura Rivado./ E. C.
Sergio Corral, de FSP-UGT, con la alcaldesa, Laura Rivado. / E. C.

La solicitud se produce un año después de que se hiciese público el dictamen del Juzgado de lo Contencioso, que el Consistorio no recurrió

ROBERTO RIVERA

UGT exige del Consistorio jarrero que ejecute la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño anuló la supresión de las tres plazas de operario de limpieza que figuraban en el organigrama de la plantilla municipal hasta finales de 2014, y la amortización de la plaza de conserje y vigilante del Colegio de la Vega, decisión acordada por el anterior equipo de gobierno del PPque procedió, de forma inmediata, a la privatización de los cuatro puestos de trabajo.

La petición del sindicato socialista, confirmaron fuentes de la Unión General de Trabajadores, se produce un año después de conocerse el contenido del fallo judicial que atendió las consideraciones de los delegados sindicales, convencidos de que aquella decisión incumplía el Estatuto Básico del Empleado Público al entender que la motivación esgrimida por los munícipes resultaba «insuficiente» y las razones ofrecidas para justificar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo eran, al mismo tiempo, «de carácter genérico».

También al año de hacerse público que el actual equipo de gobierno, respaldado desde junio de 2015 por PSOE, Ganemos Haro y PR+, atendía los razonamientos recogidos en el informe jurídico que elaboró la letrada de Asuntos Generales y decidía mediante acuerdo de junta de gobierno, y por unanimidad, no recurrir el dictamen del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño.

Entonces, y tras obtener el respaldo del tribunal, los delegados de UGT entendían que el organigrama de la plantilla municipal debería quedar «tal y como estaba antes del acuerdo», y figurar en la Relación de Puestos de Trabajo que negocian con la cúpula local los tres puestos de operario de limpieza y el de conserje y vigilante del Colegio de la Vega que fue finalmente amortizado tras la jubilación de su titular.

Es lo que siguen defendiendo a día de hoy, por lo que insisten en la ejecución de la sentencia que abriría la puerta, dejaron entrever, a la a la convocatoria de concurso público para la ocupación de esas cuatro plazas, una vez reincorporadas a la estructura laboral del Consistorio, aún cuando en la actualidad están cubiertas por personal contratado a una empresa privada de servicios.

En aquel proceso, el Ayuntamiento defendió ante el juez que «una Revisión de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios, siendo pieza clave en el proceso racionalizador de la organización administrativa, mediante la que se ha de conseguir lo que son objetivos primordiales de la racionalización. Esto es, un mejor aprovechamiento de los medios personales y una mayor economicidad en el funcionamiento administrativo».

Pero el tribunal consideró acreditado por la propia Administración local que no se produjo la negociación previa que se exige en todos estos casos, crítica de forma planteada por los delegados de los trabajadores, y advirtió al mismo tiempo que «sólo se produjo una comunicación de la propuesta de modificación de la revisión de puestos. Sólo existió una comunicación de la propuesta, y además parcial, pues sólo se mencionó con cierta extensión la amortización del puesto 45 (de conserje). Las organizaciones sindicales no fueron convocadas a reuniones previas (...) con la finalidad de alcanzar posibles acuerdos», sostenía el titular del Juzgado de lo Contencioso, «ni consta que les fuera previamente entregada documentación para poder exponer sus posiciones, ni tampoco se desarrollaron reuniones posteriores».

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