El Parlamento «enciende la mecha» de la ILP, pero colma de dudas su aplicación práctica

Natalia Olarte se dirige a los diputados desde la tribuna, con José Ignacio Ceniceros y Pedro Sanz al fondo./
Natalia Olarte se dirige a los diputados desde la tribuna, con José Ignacio Ceniceros y Pedro Sanz al fondo.

La Cámara toma en consideración por unanimidad tramitar el plan, pero el Gobierno alude que «no es el instrumento jurídico adecuado»

DANIEL ORTIZ

La Plataforma en Defensa del Viñedo logró ayer el objetivo por el que lleva una década luchando. El Parlamento dio el visto bueno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el colectivo puso ante sus señorías y, además, lo hizo por unanimidad. Sin embargo, la sensación generalizada no fue de triunfo sino de incertidumbre, pues la toma en consideración de la ILP sobre el Plan Especial Vitícola es solo uno más de los pasos –de los más relevantes, sin duda– que aún deben darse hasta que exista un marco de protección que elimine la presencia de grandes torretas eléctricas sobre el viñedo jarrero.

Porque el compromiso adquirido con el voto unánime de las cuatro fuerzas representadas en el Parlamento riojano, a título práctico, apenas obliga a que la Junta Electoral realice a partir de ahora las comprobaciones oportunas sobre el texto de la ILP, lo remita acto seguido a la Mesa del Parlamento, esta ordene la publicación de la futura proposición de Ley y que la Cámara autonómica considere en pleno su aprobación.

Tan solo bastaría paciencia si el problema fuera de plazos, pero el grupo popular se afanó ayer en cuestionar el contenido del texto presentado por la Plataforma. Sobre la base de un informe del Consejo de Gobierno fechado en el pasado 28 de abril, el grupo popular defendió que «el Plan Especial para la Protección del Paisaje no es el instrumento jurídico apropiado para llevar a cabo dicha protección».

Así que, a menos que la oposición en bloque haga al Ejecutivo reconsiderar su oposición, es legítimo reconocer que el documento en el que tanto tiempo lleva trabajando la Plataforma jarrera y que presentó ayer acompañada de más de 9.500 firmas corre el riesgo severo de quedar en vía muerta.

«Ahora depende de ellos»

Si así sucediera, no será en ningún caso por negligencia del colectivo representado ayer por Natalia Olarte en la tribuna del Parlamento. La presidenta de la plataforma subrayó que «los paisajes deben ser protegidos con acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos que poseen, porque constituyen un valor patrimonial derivado de su configuración natural y la acción del hombre».

Olarte incidió en que «quizás la ILP se queda corta, pero el objetivo es encender una mecha que nos lleve a tener una Ley que catalogue y proteja el paisaje del viñedo del Rioja» y destacó que ahora que el Parlamento ha tomado en consideración el texto «el asunto está en el tejado de los políticos y son ellos quienes tienen que decidir qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo y cuáles son los plazos».

En este sentido, bien debieran ponerse manos a la obra todas las fuerzas políticas, porque según lo expuesto ayer por sus portavoces parlamentarios son muchas las aristas que quedan por limar.

El primer en tomar la palabra fue Tomás Martínez Flaño (Ciudadanos), para denunciar las «auténticas barbaridades que se están cometiendo en los viñedos de Rioja por parte de las compañías eléctricas» y preguntarse «si se permitirían estas aberraciones en parajes como la Serranía de Ronda o el Coto de Doñana».

Germán Cantabrana (Podemos) acusó al Gobierno regional de «dificultar, retrasar y paralizar» esta iniciativa y subrayó que desde su grupo «no entendemos por qué no se ha materializado en diez años, ¿alguien está esperando alguna puerta giratoria?».

Directiva en ciernes

Pero fue en el intercambio de impresiones entre socialistas y populares cuando el debate vivió sus momentos de mayor intensidad. Jesús María García (PSOE) subrayó que «el Ejecutivo autonómico dedica el 90% de su publicidad turística al paisaje del viñedo pero lleva 20 años sin hacer nada para protegerlo». Y, anticipándose a la respuesta del Gobierno, lamentó que la Directiva de Suelo no Urbanizable «lleva diez años en un cajón», sin atender las alegaciones presentadas entonces ante la Administración presidida por Pedro Sanz.

«Ustedes le dicen a los ciudadanos que no hace falta este plan especial porque lo están solucionando con la directiva, pero es que llevan ya una década solucionándolo», concluyó, aludiendo a la bancada popular.

Le respondió antes de proceder a la votación el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, que dejó clara su oposición al contenido de la ILP: «Lo que propone es que el Parlamento apruebe una Ley que obligue al Gobierno a aprobar un instrumento de planificación urbanística que podría aprobar el Ayuntamiento de Haro; la forma tiene sus particularidades».

«A nadie le gustan las torres eléctricas, pero todos demandamos energía eléctrica; tendremos que ponernos de acuerdo en cómo queremos que nos traigan esa energía y hasta qué punto estamos dispuestos a pagar por cada kilovatio», enfatizó el consejero, avanzando que «antes de fin de año haremos público un borrador de la Directriz de Suelo no Urbanizable, ya que entendemos que es el instrumento más adecuado para proteger el paisaje en estos momentos».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos