El Correo

El Juzgado anula la privatitazión de cuatro plazas de la plantilla municipal

Vestíbulo de acceso a las dependencias del Ayuntamiento desde la Calle de Santo Tomás.
Vestíbulo de acceso a las dependencias del Ayuntamiento desde la Calle de Santo Tomás. / R. SOLANO
  • La sentencia atiende el recurso que presentaron los sindicatos contra un acuerdo de pleno que amortizaba una plaza de conserje y suprimía tres de operario de limpieza

La supresión de las tres plazas de operario de limpieza que figuraban en el organigrama de la plantilla municipal hasta finales de 2014, y la amortización de la plaza de conserje y vigilante del Colegio de la Vega, decisión acordada por la anterior Corporación local que procedió, inmediatamente, a la privatización de los cuatro puestos de trabajo, queda anulada al no ser conforme a derecho.

Así lo establece la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño que vuelve a poner, por enésima vez, en entredicho a los servicios jurídicos de la Administración local al aceptar los argumentos esgrimidos por los delegados sindicales que cuestionaron esta medida, justificada por el equipo de gobierno que lideraba entonces el PP en el ahorro que acabaría suponiendo para las arcas del Concejo.

Los representantes de los trabajadores impugnaron los acuerdos del órgano ejecutivo que modificaban la plantilla del Consistorio al entender, siempre de acuerdo con la argumentación del equipo de gobierno, que el puesto de conserje y vigilante del centro educativo debía amortizarse porque su ocupante se había jubilado un mes antes y sus tareas eran desempeñadas por personas ajenas al Ayuntamiento, similar a lo que sucedía con los tres puestos de operario de limpieza que decidieron suprimirse, en opinión de los corporativos, a la vez.

Los representantes de los trabajadores entendieron, sin embargo, que esa decisión incumplía el Estatuto Básico del Empleado Público porque la motivación resultaba «insuficiente» y las razones ofrecidas para justificar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo eran «de carácter genérico». De una parte, la jubilación de los empleados públicos que habían estado prestando servicios en dichos puestos y, de otra, razones económicas de racionalización del gasto, sin que existiese ni un solo informe económico que acreditase esa situación ni un estudio que apoyase lo expuesto en los informes del técnico de personal.

Y a todo ello sumaban el hecho de que no se mantuviese «una negociación real y ajustada a derecho, pues se celebró una reunión en la que se comunicó la supresión de las plazas. Pero nada más», defendía el recurso. «Se dejó opinar a los sindicatos pero sin negociar aspecto alguno y sin dar razones concretas». Ni siquiera se aludió en el encuentro a la motivación financiera del acuerdo.

De nada han servido al final los argumentos esgrimidos por el Consistorio que entendió hasta el último momento, y ya dentro de la nueva legislatura, que la decisión estaba justificada porque «una Revisión de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios, siendo pieza clave en el proceso racionalizador de la organización administrativa, mediante la que se ha de conseguir lo que son objetivos primordiales de la racionalización. Esto es, un mejor aprovechamiento de los medios personales y una mayor economicidad en el funcionamiento administrativo».

Sin proceso de negociación

Tampoco que apuntase ante el Juzgado que los acuerdos de amortización de las cuatro plazas no afectaban a las condiciones de trabajo de los demás empleados públicos.

Porque la instancia judicial considera acreditado por la propia Administración local que «sólo se produjo una comunicación de la propuesta de modificación de la revisión de puestos» y «sólo existió una comunicación de la propuesta, y además parcial, pues sólo se mencionó con cierta extensión la amortización del puesto 45 (de conserje). Las organizaciones sindicales no fueron convocadas a reuniones previas (...) con la finalidad de alcanzar posibles acuerdos», sostiene el Juzgado de lo Contencioso, «ni consta que les fuera previamente entregada documentación para poder exponer sus posiciones, ni tampoco se desarrollaron reuniones posteriores».

La sentencia es clara al confirmar que «los sindicatos presentes en la reunión solicitaron que se justificara la necesidad de privatizar un servicio que se prestaba, según exponían, a coste moderado y que se facilitaran los datos económicos que apoyaran esta decisión; que se aclarara dónde radicaba el interés general de sacar a la gestión privada este servicio público; y que se identificara la mejora en la calidad del servicio y el ahorro que iba a suponer al Ayuntamiento, como base necesaria para poder adoptar una decisión negociada». Pero sobre todo al sentenciar que «nada de esto se hizo». Aún recordando que «la negociación resultaba procedente y se erigía como obligatoria, de tal forma que su ausencia resulta equiparable a la omisión de un esencial trámite procedimental, pues la ausencia total de negociación conlleva un defecto esencial en la formación del acuerdo tomado».

Fue, sostiene la resolución a la que ha tenido acceso este medio, algo comparable a lo que sxucedió con la «inexistente negociación de la Revisión de Puestos de Trabajo».

Son algunas de las razones por las que se declara la nulidad de los acuerdos de pleno que suprimían y amortizaban las plazas y se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

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