El Correo

La Confederación obliga a Iberdrola a ejecutar en la central San José las obras que exigió a los regantes

  • La resolución llega tres años después e invalida el acuerdo aceptado por estos para asegurarse el suministro de agua

El pleito que mantienen abierto Comunidad de Regantes de Haro e Iberdrola desde hace casi tres años, al renunciar la energética a la explotación de la central eléctrica San José y vaciar el canal que la alimentaba a finales de 2013, experimenta un giro inesperado. La Confederación Hidrográfica del Ebro emitió una resolución por la que requiere a la empresa «para que presente un proyecto de demolición del azud, en el que se deberá contemplar la construcción de una nueva toma adaptada a las necesidades de la Comunidad de Regantes de Haro; y la reparación del canal de derivación y la eliminación de aquellas infraestructuras que vayan a quedar fuera de uso», confirmaron fuentes de la entidad que agrupa a los agricultores con fincas de regadío en los términos de Las Callejas, Arrauri y Cantarranas.

El dictamen, emitido a finales de año y conocido ahora, va mucho más lejos aún. El órgano regulador de cuenca obliga a Iberdrola Renovables Energía a «desligar la toma de hidroeléctrico del uso de riego mediante la construcción de una nueva toma para la Comunidad de Regantes», eliminando consecuentemente el azud sobre el que se diseñó el salto de agua que alimentaba a los generadores de su histórica central eléctrica. Y hasta a adecuar «el canal a las necesidades existentes», dejando claro que éste será cedido «al cien por cien» a la Comunidad de Regantes de Haro.

Todo ello incorporando al proyecto, que deberá ser supervisado y aprobado previamente por la propia Confederación Hidrográfica, «el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud». Y advirtiendo, detallaba la información facilitada a este medio, que «de incumplirse este requerimiento daría lugar al correspondiente procedimiento sancionador» contra la empresa.

El contenido del dictamen ha tenido efectos balsámicos sobre la comunidad de regantes jarrera que se situó al borde de la desaparición cuando tuvo conocimiento de la renuncia de Iberdrola a la explotación y supo que ésta le reclamaba la ejecución de todos estos trabajos, y alguno más, para cumplir con todos los parámetros de seguridad y normativa medioambiental, antes de proceder a la reapertura de las compuertas, que permanecieron cerradas durante meses, para restablecer el suministro de agua en las 101 hectáreas alimentadas por esta infraestructura agraria.

Tal fue así que la junta de la agrupación convocó asamblea extraordinaria para someter a votación las dos opciones que se barajaban en aquel momento y poder garantizar así el abastecimiento de sus huertas, después de las reuniones que habían mantenido sus miembros con la mercantil durante semanas: un procedimiento de cesión del canal, que obligaría a los regantes a hacerse cargo de las obligaciones que resultaban de su uso o la construcción de un nuevo servicio de abastecimiento que permitiese disponer de un caudal de 100 litros por segundo, muy por debajo de los 11.000 litros que aportaba el existente, en marzo de 2014 vacío.

Se planteaba, en fin, un serio dilema que situaba a los regantes contra la espada y la pared porque éstos disfrutaban de un derecho de uso de las aguas del río Tirón pero no disponían en ese momento de una red de distribución que llevase sus aguas a los cerca de 189 propietarios registrados en catastro.

Y éstos sufrían para esas fechas las consecuencias del corte de abastecimiento que se produjo el 10 de diciembre de 2013, una vez ejecutado el plan presentado por Iberdrola ante Medio Natural, con vaciado y retirada de los peces que se encontraban en el cauce del canal, informaba por entonces este medio al relatar lo sucedido en el Bretón.

La dirección de la Comunidad de Regantes, en ese contexto de extrema necesidad, optó por acceder a la contratación de un seguro de responsabilidad civil para garantizar que asumía cualquier contingencia al seguir haciendo uso del canal, tras la firma de un acuerdo de mínimos con Ibedrola. Pero cuestionó que tuviese que hacerse cargo de unas obras presupuestadas, por entonces, en la barrera del millón de euros, y recurrió ante la Confederación.

Ésta le otorga, tres años después, la razón al considerar que es la empresa energética la que debe asumir su ejecución y, consecuentemente, declara «nulo» de pleno derecho el documento que fue suscrito por ambas partes.

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