Eibar estudia llevar el caso de los swaps al Tribunal Constitucional

l Ayuntamiento iniciará en breve una serie de reuniones con los grupos municipales para dar a conocer la situación de este asunto

ALBERTO ECHALUCE

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de los intereses del Ayuntamiento en el problema suscitado con los swaps, según anunció el alcalde Miguel de los Toyos que adelantó que «se estudia» la presentación de un recurso municipal para que el caso sea debatido ahora por el Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento iniciará en breve una serie de reuniones con los grupos municipales para dar a conocer la situación de este asunto.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa estimó en 2015 el recurso de apelación interpuesto por el Banco Santander contra la sentencia dictada por un juzgado de Donostia el 10 de abril de 2014, en la que se declaraban nulos los swaps y obligaba a la entidad bancaria a reintegrar a la Inmobiliaria Municipal Eibarresa (Imesa) en torno a 870.000 euros, por considerar que los contratos de dichos productos estaban viciados. El Ayuntamiento entonces recurrió al Tribunal Supremo, pero este recurso no ha tenido recorrido.

Ante esta situación, el grupo municipal Eibarko EAJ-PNV considera «improbable» que el Ayuntamiento pueda salvar los aproximadamente 900.000 euros que tiene en juego con el Banco Santander, tras la suscripción de tres contratos de permuta financiera denominados swap en 2004 y 2005. La concejal jeltzale Eva Juez preguntó en el Pleno del pasado lunes sobre la situación en la que se encontraba el proceso judicial, una vez que el Consejo de Administración de la sociedad municipal Imesa ya no existe tras aprobarse la disolución de la entidad.

Según Juez, «estar valorando si merece o no elevar el caso al Tribunal Constitucional es una respuesta que evidencia el escaso margen de maniobra que le queda al Ayuntamiento para no perder ese dinero». Ante esa situación, el PNV pide que se «haga pública la sentencia, reclaman más transparencia y esperan que todos los extremos sean explicados en una próxima Junta de Portavoces, así como que se ofrezcan explicaciones a la ciudadanía por el dinero público que, en su caso, se pierda tras este contencioso».

Entre 2004 y 2008, el entonces gerente de Imesa, dentro de los poderes y atribuciones que le concedía el cargo, contrató con el Banco Santander un producto financiero denominado swap, entendiendo este producto como un seguro para el crédito hipotecario que previamente la inmobiliaria municipal había suscrito para sufragar los planes de las promociones de viviendas de VPO. En los primeros años de cumplimiento del contrato, no se percibieron alteraciones en las liquidaciones practicadas por el banco pero, con posterioridad, los resultados económicos que se obtuvieron no tenían correspondencia con lo explicado por el banco al suscribir el producto.

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