Patronal y estibadores pacifican los puertos, al menos hasta octubre

Manifestación de estibadores. /Ignacio Pérez
Manifestación de estibadores. / Ignacio Pérez

Las empresas garantizan la continuidad del 100% del empleo mientras los sindicatos desconvocan todos los paros para dar tiempo a negociar un nuevo convenio colectivo

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

Habrá paz social en los puertos, al menos hasta octubre. Así lo acordaron este jueves la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y los sindicatos, tras asumir la primera «la garantía de la continuidad del empleo del 100% de los trabajadores» mientras que los segundos aceptan comenzar ya con la prejubilaciones voluntarias.

La principal consecuencia práctica de esta tregua es que las centrales desconvocan las cinco jornadas de paros previstas hasta el próximo 8 de julio, empezando por la que ya estaba anunciada para este mismo viernes. «Vamos a mantener un ambiente de estabilidad y normalidad», defendió Antolón Goya, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), mayoritaria entre los trabajadores.

De hecho, el compromiso de los dirigentes sindicales –también participan en las negociaciones UGT, CC OO, además de otras centrales de alcance regional– es no recurrir nuevas huelgas mientras se prolongue el nuevo cauce de diálogo, en principio hasta el 30 de septiembre. Para entonces patronal y representantes de los trabajadores deberían haber podido firmar un nuevo convenio colectivo cuya negociación comenzará la semana próxima, fijando primero un bloque de temas y un calendario de reuniones “más asiduo”.

Entre la ‘letra pequeña’ que han de discutir a partir de ahora destacan, sobre todo, dos cuestiones. De un lado, la inclusión de las empresas en los nuevos centros portuarios de empleo –sucesores de las sociedades de las que hasta la reforma dependían en términos laborales los estibadores– y, por otro, la participación de los propios trabajadores en el sistema de formación y acceso a la profesión.

Para la la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), ambas reivindicaciones sindicales no respetan ni el decreto de reforma que el Congreso aprobó el pasado 18 de mayo ni la jurisprudencia de la UE porque «mantienen el ‘statu quo’ anterior a la nueva ley». En Anesco tampoco ven viable, en principio, dar su brazo a torcer aunque están dispuestos a hablar en función de las contrapartidas que se puedan poner sobre la mesa.

Consenso parcial

Donde sí existe consenso por ahora es en otro tipo de medidas, hasta el punto de que Goya habló de «principio de fin del conflicto». Así, las empresas mantendrán las plantillas actuales aunque abrirán en breve el proceso de salidas voluntarias vía prejubilaciones, en las que se mantendría el 70% del salario y las sufragaría el Estado. No se contemplan, por ahora, despidos directos aunque si evaluará las necesidades de empleo por puertos.

Los trabajadores, a su vez, aceptan una reorganización de los turnos de trabajo, además de una rebaja salarial del 10% para sueldos medios y altos. El preacuerdo es extensible a todos los socios de Anesco, que representa al 71% de las compañías del sector, aunque los sindicatos confían que se extienda al resto pese a la actitud de «una minoría de empresas de la patronal» que, según ellos, «han bloqueado y obstaculizado cualquier pacto».

La huelga, no obstante, se ha cobrado una factura de 170 millones en las dos semanas de paros realizados desde principios de junio, según cálculos del Ministerio de Fomento. Las empresas, no obstante, elevan la cifra por encima de los 200 millones contando el descenso de actividad en fechas precedentes denunciado en su día por la patronal y el Gobierno.

Tampoco se considera en esa cuantía las sanciones que puedan llegar desde Bruselas por el retraso en liberalizar el sector de la estiba. El Tribunal de Justicia de la UE prevé pronunciarse el próximo 13 de julio sobre la multa preliminar que pesa sobre España por ese hecho. Desde su primer fallo condenatorio, el 11 de diciembre de 2014, la cuantía ha ido aumentando en 27.522 euros diarios hasta acumular más de 24 millones cuando el Parlamento aprobó la reforma el 18 de mayo. Las autoridades de la Comisión Europea renunciaron a pedir un segundo castigo económico tras la entrada en vigor de ese decreto, pero mantuvieron su reclamación inicial.

Por todo ello, el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar consideró una “pena” que hayan tenido que darse estas “pérdidas económicas, tensiones y nervios” para “suscribir algo -un preacuerdo- que podíamos haber hecho desde el primer momento de una forma natural”. Desde Anesco, por su parte, destacaron el “compromiso” que tienen con el sector “y su crecimiento”, mientras que en Fomento ensalzaron que se haya “devuelto la estabilidad a los puertos”, al tiempo que se “garantice el mantenimiento del empleo” pese a las críticas de algunos grupos parlamentarios que dijeron que eso no era posible con el decreto del Gobierno.

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