El INE sanciona a 262 empresas vascas por no colaborar en las encuestas

multas impuestas / RC

Las 619 multas impuestas el pasado año fueron de carácter leve por incumplir la obligación legal de responder a sus cuestionarios

José Luis Galende
JOSÉ LUIS GALENDE

Las recientes críticas del presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, en contra de las sanciones que aplica el INE (Instituto Nacional de Estadística) a las empresas que se resisten a responder a los cuestionarios de las diferentes encuestas que elabora el organismo han puesto de actualidad una vieja polémica por un asunto que con frecuencia produce fuertes cabreos a los responsables empresariales.

Poco pueden hacer frente a la obligación que tienen de colaborar de forma gratuita con el organismo estadístico, salvo ejercer el derecho al pataleo. La normativa sobre la materia es meridianamente clara, establece sanciones por su incumplimiento y hay sentencias judiciales que han confirmado ese deber.

La reacción de la patronal en este asunto tiene fundamentos, si se mira desde la perspectiva de defensa de la labor de los empresarios. El año pasado hubo en España 9.830 empresas sancionadas por su rechazo a colaborar con el INE, con un total de 16.332 multas. De ellas, 262 compañías estaban ubicadas en Euskadi, que recibieron de 619 correctivos. Se trata en el caso vasco de un porcentaje menor del que le correspondería por el número existencia de compañías que tiene.

Las sanciones por faltas leves son de un mínimo de 60 euros, mientras que las graves –que son una minoría- pueden alcanzar los 30.000 euros. Y una empresa puede ser penalizada tanto por no rellenar o no remitir al INE el cuestionario debidamente cumplimentado como por incluir datos falsos en el mismo.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2016, solo 876 de las 9.830 sanciones impuestas en Españas por las causas mencionadas fueron graves; en el caso de Euskadi, todas fueron leves.

La gravedad de la sanción es evaluada en función del perjuicio que se produzca para el servicio estadístico. En el caso de que la respuesta a una encuesta tenga carácter obligatorio -la mayoría-, una infracción es calificada de muy grave, según un documento del propio INE, cuando se produzca «resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas falsas en el envío de los datos». A su vez, la no remisión de los mismos se considera infracción leve «siempre que no se produzca grave perjuicio para el servicio estadístico». En el mismo documento, que data de hace unos años, se estimaba una media anual de unas 20.000 sanciones, lo cual revela que la colaboración de las empresas ha mejorado en los últimos ejercicios.

Si bien los empresarios tienen toda la razón del mundo en protestar por este trabajo añadido –a veces rellenar un cuestionario puede ser muy engorroso y complicado-, no es menos que un Estado moderno no puede decidir sus políticas si no tiene información en tiempo real de la situación de su economía, su tejido empresarial, etc. Y si ese Estado pertenece a la UE, la obligación de realizar muchas de esas encuestas le viene impuesta por los tratados de integración.

Una ojeada al listado de muestreos que realiza el INE anualmente puede dar una idea de la ingente labor que supone conocer esa realidad por medio de la técnica estadística. Son decenas de encuestas mensuales, trimestrales y anuales sobre los más diversos temas las que son remitidas a las empresas y a los trabajadores autónomos, que a veces han de ser cumplimentadas por periodos de hasta cinco años.

La propia Administración es muy consciente del perjuicio y engorro que supone esta obligación, que ha llegado a reconocer implícitamente cuando ha elaborado la normativa que promueve y favorece el emprendimiento. La misma establece que las empresas de nueva creación y de menos de 50 trabajadores solo podrán recibir como máximo una encuesta en el primer año de vida. El objetivo, se deduce, es el de no complicar una tarea, esta de crear nuevas empresas, que ya es de por sí bastante complicada e incierta.

Si rellenar los formularios de las encuestas es una tarea pesada para las empresas, lo es en especial para las pymes y los autónomos. Y no solo por el tiempo que le deben dedicar sus responsables, sino porque, en muchas ocasiones, según confiesan asesores consultados, tienen serias dificultades para hacerlo, ya que con frecuencia estos conocen mejor sus empresas que ellos. La decisión que adoptan es, con frecuencia, remitir el formulario a su asesor fiscal o laboral, que suele pasar factura al empresario por este trabajo extra.

Y otro hecho que indigna a muchos de los consultados es que desde la Administración se les pidan datos que esta misma ya posee, como es el caso de los fiscales o los relacionados con la Seguridad Social.

Por otro lado, fuentes del Eustat -Instituto Vasco de Estadística- precisan sobre esta polémica que aunque sus encuestas son también obligatorias, el organismo no aplica sanciones porque, aunque tiene potestad para hacerlo, ha optado por la vía de la insistencia y el convencimiento antes de pasar a mayores con los empresarios designados para cumplimentar los muestreos que este organismo realiza.

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