El rescate de los bancos islandeses

En contra del mito extendido, los contribuyentes del país también tuvieron que asumir buena parte del coste

Manfred Nolte
MANFRED NOLTE

Sigue escuchándose de vez en cuando aquella afirmación de que ojalá otros países hubiesen seguido el ejemplo de Islandia, cuando abandonaron a su suerte a sus bancos insolventes en la crisis de 2008, protegiendo de esta manera los bolsillos de los contribuyentes. Aunque el ejemplo se refiere a una pequeña isla de 320.000 habitantes y su influencia sistémica sea muy reducida, conviene juzgar la consistencia de la afirmación. Aparentemente, la gratuidad de la intervención del sistema financiero islandés se concilia malamente con los hechos.

En octubre de 2008 los tres grandes bancos de Islandia -Glitnir, Landsbanki y Kaupthing- estrangulados por su falta de liquidez fueron intervenidos por el Gobierno de la nación. El sector bancario islandés presentaba un balance de 110.000 millones de euros, 10 veces el PIB de Islandia y 20 veces su presupuesto fiscal. La exorbitada magnitud de estas cifras hacía imposible cualquier reflotamiento de las entidades aludidas.

El Estado procedió a la creación de tres nuevos bancos ('buenos'), -el 'Nuevo Glitnir', el 'Nuevo Landsbanki' y el 'Nuevo Kaupthing'-, entidades que asumieron todos los activos y pasivos domésticos de los intervenidos. El resto del patrimonio neto de los bancos malos se aplicaría a la cobertura de las necesidades de los bancos buenos y subsidiariamente al repago de deudas contraídas con personas físicas y jurídicas en el extranjero. Sin embargo, el mero trasvase de saldos se reveló insuficiente y el Estado tuvo que inyectar en los bancos buenos fondos por valor equivalente al 20% del PIB del país. De esta manera el sector público rescataba a los depositantes nacionales, aunque, eso sí, con cargo al contribuyente.

Paradójicamente, la actividad de los bancos malos incluía una significativa cifra de negocio internacional, operada bien por filiales -con naturaleza jurídica independiente y sometidos a la tutela del país receptor- o alternativamente por sucursales -sin personalidad jurídica propia y sometidas a supervisión islandesa-. La resolución de los bancos malos había supuesto la pérdida total del capital para sus accionistas. Ahora, los bonistas y titulares de instrumentos similares veían evaporarse igualmente su inversión. ¿Qué trato se daría a los depositantes extranjeros 'on-line', entre ellos ayuntamientos, fundaciones o universidades, que sumaban 7.070 millones de dólares, alrededor del 50% del PIB islandés?

La normativa del área de libre comercio europeo (EFTA) en la que operaban las filiales y sucursales extranjeras de los bancos malos ofrecía la suficiente ambigüedad como para legitimar la resistencia al pago de las cantidades mínimas garantizadas -unos 20.800 euros por depósito- por parte de las autoridades islandesas. Tras un largo pleito los tribunales EFTA fallarían a favor de Islandia. Los países más afectados, Reino Unido y Holanda, pagaron los depósitos fallidos garantizados en su territorio, intentando resarcirse posteriormente del Gobierno Islandés. Dispuesto a colaborar, el Parlamento de Islandia aprobó en dos ocasiones sucesivas la activación de un impuesto para indemnizar a los depositantes extranjeros. Pero sus resoluciones fueron sometidas a referéndum, y rechazadas prácticamente por unanimidad. Aquel veto popular suscitó las habituales reacciones eufóricas fuera y dentro. David batía de nuevo a Goliat.

Estigmatizada y aislada por la comunidad internacional, Islandia solo pudo recurrir al FMI y al resto de sus vecinos nórdicos obteniendo préstamos por 5.000 millones de euros. Las necesarias medidas de superación de la crisis, las sucesivas necesidades adicionales de los bancos nuevos debidas a su alta cuota de morosidad, y la creación de un fondo de estabilización para la corona islandesa, junto a una agresiva política de protección social, elevaron la deuda islandesa hasta el 100% de su PIB. La deuda neta, ya se sabe, siempre se repaga por vía fiscal, a cargo del contribuyente.

Islandia, la tierra del hielo, camina hoy con paso firme. Es cierto que se vio abocada a aplicar unas quitas leoninas en los pasivos de sus bancos malos y con ello detenta la doble dudosa dignidad de insolvente e infractor. Con todo, los bancos islandeses fueron intervenidos, directamente en beneficio de los depositantes nacionales. El rescate, estimado en el 50% de su PIB, fue sufragado por las cuentas públicas, o sea, por los contribuyentes islandeses. Sin contar el expolio a los inversores extranjeros.

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