PNV y PSE se quedan sin margen de tiempo para pactar una reforma fiscal

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ayer en la charla de Urkullu / IGNACIO PÉREZ

En las haciendas forales ya se maneja la hipótesis de retrasar los cambios hasta el primer trimestre de 2018

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

Comenzó como el anuncio de una nueva reforma fiscal, la segunda en apenas cuatro años. Derivó más tarde en una adaptación semántica -algunos de los protagonistas nunca han estado del todo de acuerdo ni siquiera en esto-, para rebajarla a «unos retoques». Y ahora, metidos ya de lleno en el último trimestre del año, corre peligro de quedarse en nada, en casi nada o en un «ya veremos». Las posturas del PNV y el PSE, los socios de gobierno en las instituciones, se mantienen diametralmente opuestas en un elemento fundamental: el tipo general del Impuesto de Sociedades. La formación jeltzale ya ha dejado claro que su apuesta es reducirlo porque el 28% actual que se aplica a las empresas configura un territorio «que no es atractivo». EL PSE, por su parte, se mantiene firme al defender que ese porcentaje, pese a que se sitúa tres décimas por encima del 25% que el Estado aplica a las compañías en territorio común, es «una línea roja» que no se puede traspasar.

No hay acuerdo y el tiempo se agota porque las diputaciones necesitan varios meses para aprobar los proyectos de norma en sus consejos de gobierno y sustanciar la tramitación en las Juntas Generales. Así las cosas, y pese a que aún hay quien cree que es posible un acuerdo de última hora, también en el seno de las haciendas forales se ha comenzado a trabajar con un nuevo escenario. Éste pasa por «quitar los cambios fiscales del foco de la actualidad y abordar una negociación reposada, con muchos datos en la mano», con el objetivo de ‘volver a la carga’ en el primer trimestre de 2018 e intentar entonces el pacto entre los dos partidos que deben alcanzar un primer acuerdo: PNV y PSE. En Álava, además, sería necesario el concurso de una tercera fuerza política para contar con una mayoría suficiente. En el caso de la Diputación de Bizkaia, por ejemplo, los plazos para una tramitación normal estarían ya superados, mientras que en el de Álava aún hay margen.

Las direcciones del PNV y el PSE -las personas encargadas de esta negociación- tienen pendiente esta semana un nuevo encuentro, que se vislumbra como decisivo. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que las posturas estaban muy próximas en los ‘retoques’ que se pueden aprobar en el IRPF y que, apuntan, dejaban prácticamente intacta la tributación de las rentas medias y bajas, para incorporar algunos ajustes en las deducciones de los contribuyentes de las rentas más altas.

El choque de trenes se ha producido en torno al Impuesto de Sociedades. El Partido Nacionalista Vasco decidió el pasado mes de julio unificar sus diferentes sensibilidades internas para acudir a la mesa de negociación con el PSE con una propuesta común. Una propuesta que asumía elementos fundamentales de la filosofía esgrimida por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, al plantear la rebaja del tipo nominal del Impuesto de Sociedades para «ser atractivos». «Nos tachan», dijo la pasada semana Rementeria en un discurso ante las Juntas de Bizkaia, al revivir el hipotético ejercicio de alguien que esté estudiando una inversión en Europa. Y es que el tipo del 28% que se aplica en Euskadi -el 87% de las empresas, la inmensa mayoría por tanto, solo entienden del tipo nominal porque no aplican deducción alguna- es no sólo superior al que se puede aplicar en Cantabria, La Rioja o Madrid -el 25%-, sino también más elevado que el que utilizan países como Reino Unido o Alemania.

Esa propuesta del PNV tenía también un contrapeso, para atender las demandas de otros sectores que, como el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, creen que en estos momentos es prioritario obtener más recursos para aumentar el gasto público. Una limitación en las deducciones -que sólo aplica una minoría de empresas, aunque son las más grandes y las que más contribuyen- permitiría no sólo mantener los ingresos de las haciendas forales, sino incluso incrementarlos.

El PSE, sin embargo, «no es partidario de bajar el tipo», tal y como aseguró la pasada semana la secretaria general, Idoia Mendia, porque este partido cree que deben ser las empresas las que carguen con una mayor presión fiscal en los próximos años. Incluso, en algunos compases de la negociación, fuentes del PSE llegaron a asegurar que habían conseguido imponer a los jeltzales el mantenimiento del 28%.

También la competitividad

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu recordó ayer que la discusión está ahora «en manos de los partidos, que deben ser quienes hagan su propuesta», al tiempo que coincidió en la idea de que la fiscalidad debe facilitar los recursos necesarios para sostener los servicios públicos, pero también «mejorar la competitividad de las empresas vascas». En lo que se interpreta como una apelación directa al PSE, Urkullu llamó a «dejar apartado lo que puedan ser consideraciones supuestamente ideológicas, para pensar cómo facilitamos una reactivación de la economía, una ayuda a más y mejor empleo, por el bien de los ciudadanos y de las condiciones de vida, para la perdurabilidad de nuestra sociedad».

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