Los presupuestos

Plagados de guiños electoralistas, no abordan los grandes problemas

El ministro Montoro, en la presentación de los Presupuestos./EFE
El ministro Montoro, en la presentación de los Presupuestos. / EFE
Manfred Nolte
MANFRED NOLTE

El documento publicado por el Ministerio de Hacienda como resumen del proyecto de Presupuestos del Estado contiene una nutrida información gráfica y estadística que da pie para más comentarios que espacio disponible. Nos centraremos en desmontar algún mito empecinado. También en evaluar superficialmente algunos de los guiños realizados por el Sr. Montoro a la galería hispánica.

La primera observación se refiere a la serie de gastos presupuestarios durante la gran crisis entre 2007-2017. Su lectura exige refutar aquel repetido mito que tacha la política fiscal durante la crisis de profundamente antisocial. Señalando entre paréntesis y en millones de euros la cifra correspondiente a 2007 en relación a 2017, separadas por una barra, los números dicen que todos los gastos sociales han experimentado aumentos en España en la década de la gran crisis.

Han subido las dotaciones de Salud (61.238/69.258 mil millones), Educación (43.336/45.936) y sobre todo de Protección social (138.843/192.794). El déficit fiscal, que tuvo que ser recortado en casi ocho puntos porcentuales de PIB, lo fue gracias a un gradual aumento de la recaudación fiscal y al recorte de otras partidas presupuestarias, importantes para el desarrollo económico del país, pero de naturaleza no directamente social.

Así, se redujeron en el decenio las consignaciones a Defensa (10.803/10.365), Asuntos económicos (56.819/43.960), Protección al medioambiente (10.764/9.905), Vivienda (9.814/5.534) y también Actividades culturales y religión (16.933/12.676). Además, el gasto público total ha aumentado significativamente en valor corriente absoluto (421.813/476.543) y en porcentaje del PIB (39%/41%).

Aparcando la anterior sopa de números, árida pero exigible en defensa de la verdad estadística, los Presupuestos de 2018 destilan algunas consideraciones más oportunistas que valerosas. Repitiendo las palabras del titular de Hacienda, el Gobierno los considera «los Presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas y de los trabajadores con rentas medias y bajas», a los que se ha volcado el ahorro alcanzado en el servicio de la deuda y en las prestaciones de desempleo.

Unas Cuentas plagadas de pequeños guiños electoralistas que propinan, sin embargo, una patada adelante al balón de los grandes problemas nacionales. Unos Presupuestos moderadamente expansivos que prevén mayores gastos y menores tipos impositivos aunque la recaudación se incremente.

El aumento en la recaudación del IRPF procede de la mejoría del empleo y del nivel salarial y es compatible con la elevación del mínimo exento desde los 12.000 a los 14.000 euros. Compatible también con las reducciones por rendimientos del trabajo para quienes cobren menos de 18.000 euros, de las que se beneficiarán más de 3,5 millones de españoles. A los funcionarios, se les asigna una subida salarial del 1,75% en 2018 dentro de un acuerdo plurianual que incluye un aumento de entre el 6,1% y el 8,79% hasta el año 2020, ligado a la evolución del crecimiento económico y al cumplimiento del objetivo de déficit público. También se contempla la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad estatales y autonómicas, acuerdo que afecta a 140.000 efectivos policiales.

Unas pensiones deficitarias con 145.000 millones se llevan el 41% del presupuesto. Para ello el Estado prestará 15.000 millones a la Seguridad Social además de disponer de 3.800 millones de la hucha de las pensiones. 6,73 millones de pensionistas van a resultar beneficiados con un incremento superior al IPC (entre el 3 y el 1%) para el caso de las pensiones mínimas, no contributivas, de viudedad y de cuantías más bajas. Afecta a dos de cada tres jubilados, aunque la llaga de las pensiones siga abierta.

Si los Presupuestos no se aprueban, habrá que pagar un estimable peaje económico y además, a tenor de las encuestas, unas nuevas elecciones exigirían otra vez un acuerdo a varias bandas en casi todos los temas abiertos. Lo sensato sería aprovechar la inercia de los todavía favorables vientos de cola, aprobar las Cuentas y sentarse a consensuar los grandes temas pendientes de la economía nacional: un gran pacto educativo para la generación de conocimiento y competitividad; la reforma de las pensiones; la financiación autonómica con o sin condonación de su deuda, y un montón de cosas más. Se llaman reformas estructurales, tienen muy mala prensa, pero al adelgazar hoy la oferta despiertan con vigor la demanda del mañana y con ella una economía más próspera, eficiente y social.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos