PNV y PSE se dan de plazo hasta el miércoles para la reforma fiscal, pero Mendia no cede

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en un acto el pasado verano./EFE
El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en un acto el pasado verano. / EFE

La patronal vasca recuerda que los impuestos de las empresas restan recursos «para contratar e invertir»

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

El PNV y el PSE se han fijado el próximo miércoles día 11, día en que se reunirá el Consejo Vasco de Finanzas -órgano que reúne al Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos-, como fecha límite para intentar alcanzar un acuerdo sobre la reforma fiscal, que parece encallada por la diferente visión que tienen ambas formaciones sobre el trato que deben recibir las empresas. Mientras que los nacionalistas defienden una rebaja del tipo general del Impuesto de Sociedades al 24% o al 25% -«para ser atractivos» y equipararse así a la presión fiscal nominal que aplica el Estado-, los socialistas vascos no están por la labor. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, reiteró ayer la posición de su partido, contraria a una rebaja de este porcentaje, en Euskadi del 28%.

Las negociaciones entre la formación jeltzale y el Partido Socialista comenzaron el pasado mes de julio y desde hace ya al menos tres semanas están prácticamente bloqueadas. El PNV -lo explicaba la pasada semana el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria- cree que el País Vasco tiene un handicap que hay que superar si se quieren atraer nuevas inversiones. Las empresas pueden acceder a un tipo del 25% si se implantan en Cantabria, La Rioja o Madrid; y por ello el 28% vasco, insistió Rementeria, «hace que nos tachen».

La propuesta nacionalista de limitar algunas deducciones a las empresas para garantizar así que la recaudación total que procede de las compañías no sufrirá un retroceso, no ha convencido al PSE, que apuesta desde el principio por «incrementar la presión fiscal sobre las empresas». Una tesis, por cierto, que fue abanderada en primer lugar por el consejero de Hacienda del Gobierno vasco y miembro del PNV, Pedro Azpiazu. Pese a ello, diversas voces desde el nacionalismo insistieron ayer en la idea de que ya no existe brecha alguna en el seno del partido en esta materia y que la «postura es única».

Durante una comparecencia también ayer, la secretaria general de los socialistas vascos admitió que «las posturas están distantes», pero se mostró confiada en la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del miércoles. También aseguró que el PSE no desea una fiscalidad «que reste competitividad a las empresas», mientras que la postura expresada por Rementeria daba a entender que ya la han perdido -con un Impuesto de Sociedades superior al del Estado- y que lo que es necesario es recuperarla.

Buenas intenciones

Desde el PNV también admiten las dificultades e incluso las premuras de tiempo -ya se han superado los plazos para que cualquier cambio normativo pueda ser aprobado en las Juntas de Bizkaia antes del 31 de diciembre-, pero prefieren apostar por el acuerdo. El propio Rementeria señaló ayer que para que se dé el pacto «las dos partes deben ceder algo». En medio de este desencuentro, gana enteros la tesis de que lo mejor es dejar reposar el asunto, aplazarlo y retomar la negociación de una forma más sosegada de cara al primer trimestre de 2018.

En este contexto, el empresariado vasco intervino ayer. Y lo hizo en varios frentes. De un lado, el presidente de la organización empresarial vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño, se mostró favorable a la propuesta realizada por el PNV de situar el tipo impositivo de las empresas en el 25%. Y ello porque tan sólo 17 de cada 100 compañías aplican deducciones, lo que hace que para el resto -la inmensa mayoría- lo fundamental sea el tipo nominal.

También hizo pública su posición el presidente de la patronal vasca Confebask, Roberto Larrañaga, quien insistió en la necesidad de mantener la competitividad de las empresas para garantizar su futuro. Así, recordó que muchas firmas han mejorado de forma notable su actividad e incluso su facturación en los últimos años -el caso de La Naval es un buen ejemplo de ello-, pero la falta de competitividad les ha llevado por la senda de la quiebra. «No estaría de más que pensaran -dijo dirigiéndose a los partidos políticos y a su discusión sobre la fiscalidad- que todo dinero que sale de la caja empresarial puede restar recursos para la contratación y la inversión, algo que afectará de manera directa a su competitividad».

Larrañaga mostró asimismo su contrariedad por las múltiples voces que reclaman un aumento generalizado de salarios, tras recordar que «allí donde se ha podido llegar a un acuerdo sectorial, las subidas previstas se acercan al 1,6% e incluso, en algunos convenios, llegan al 2%».

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