El 25% de los perceptores de la RGI son pensionistas vascos pobres

Raúl Arza./IGNACIO PÉREZ
Raúl Arza. / IGNACIO PÉREZ

UGT denuncia que la mitad de las mujeres retiradas cobra menos de 707 euros al mes

Luis López
LUIS LÓPEZ

Si miles de pensionistas llevan cuatro lunes seguidos manifestándose ante los ayuntamientos no es sólo porque el Gobierno central haya decretado que sus prestaciones no van a subir más que el 0,25% pese a que los precios despuntaron el año pasado un 1,1%. Los pensionistas están enfadados también porque esa pérdida de poder adquisitivo lo sufre un colectivo que está muy lejos de vivir holgadamente. Un estudio elaborado por UGT-Euskadi y presentado ayer por su secretario general, Raúl Arza, le pone cifras. Por ejemplo: la cuarta parte de los perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) son pensionistas pobres cuya prestación es inferior a esa cuantía que el Gobierno vasco considera un mínimo de supervivencia (732 euros). En concreto, 15.498 personas complementan su pensión con esta ayuda social, que reciben un total de 60.405 ciudadanos en la comunidad.

Además, en este ámbito también se aprecia una enorme brecha de género, porque la mayoría de los pensionistas que cobran RGI, las dos terceras partes, son mujeres. De hecho, el 52,83% de ellas tienen una prestación inferior a 707 euros mensuales, frente al 15,97% de los hombres que no llega a esa cantidad.

Aún con todo eso, los pensionistas vascos son los que más cobran de España ya que su pensión media asciende a 1.151 euros al mes, 224 más que la media estatal. Y esa es la razón -además de las bajas cotizaciones de los asalariados- por la que no deja de crecer el déficit de la Seguridad Social. En Euskadi, según destacó ayer Raúl Arza, los números rojos no dejan de engordar desde 2005 y en 2016 la diferencia entre el gasto en prestaciones y el ingreso en cotizaciones llegó a los 2.427 millones. Con este panorama, el secretario general de UGT-Euskadi se preguntó qué solución tienen para arreglar ese enorme desfase quienes piden que se lleve a cabo la transferencia de la Seguridad Social a la comunidad autónoma. En todo caso, Arza destacó que el problema del sistema no es el gasto, sino los pocos ingresos que genera la creación de empleos precarios.

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