El PP se queda solo en su defensa del factor de sostenibilidad de las pensiones

Rajoy (d), tras su intervención durante la sesión plenaria del Congreso. /Ballesteros (Efe)
Rajoy (d), tras su intervención durante la sesión plenaria del Congreso. / Ballesteros (Efe)

El Congreso insta al Gobierno a derogar este mecanismo que rebajará en 2019 las nuevas prestaciones unos 75 euros de media

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El PP volvió a quedarse solo en el sempiterno debate de las pensiones en un momento en el que la presión de la calle, con grandes movilizaciones convocadas para este fin de semana, aumenta en su demanda de una mayor revalorización de estas prestaciones. Así, la comisión de Empleo celebrada este jueves en el Congreso instó al Gobierno a derogar de manera inmediata el factor de sostenibilidad, otro mecanismo de ajuste que el Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo en la reforma de 2013 y mediante el cual la cuantía de las nuevas pensiones se vincula automáticamente a la esperanza de vida en ese momento. Supondrá, por tanto, una nueva merma de las nuevas pensiones, que se rebajarán el próximo año una media de 75 euros anuales, según señalan algunos estudios, aunque no hay datos oficiales.

De esta forma, la satisfacción del Gobierno por el resultado del pleno monográfico celebrado el miércoles sobre las pensiones, en el que Rajoy vinculó un incremento de las prestaciones mínimas y de viudedad a la aprobación de los Presupuestos, chocó con la realidad de que ningún partido respalda al Ejecutivo para aplicar el factor de sostenibilidad, uno de los pilares de su reforma. De hecho, la mayoría de la Cámara consideró este criterio «injusto» y por eso pidió su derogación, así como la del nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP), y exigió que en el marco del Pacto de Toledo se debata una nueva fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema que asegure a su vez el poder adquisitivo de los pensionistas. Lo hizo mediante una proposición no de ley presentada por el diputado del PDeCAT Carles Campuzano y pactada con PSOE y Unidos Podemos, que este jueves recibió también el apoyo de ERC. Ciudadanos, PNV y Foro Asturias se abstuvieron en la votación, mientras que el PP fue el único que votó en contra.

«Esto evidencia que hay una mayoría de la Cámara que quiere reformas que garanticen la suficiencia de las pensiones y hoy el mandato es muy claro: no permitir que entre en vigor el factor de sostenibilidad tal como está formulado», explicó Campuzano a la salida de la comisión. El diputado catalán criticó durante su intervención este mecanismo implantado por el PP porque supone un recorte indiscriminado que no tiene en cuenta que la esperanza de vida difiere entre sexo, clase social o sector laboral. Por eso, defendió en su intervención la creación de un nuevo factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida pero que no suponga una merma de la pensión, sino que se vincule, por ejemplo, a la edad legal de jubilación, tal y como se hace en otros países como Italia.

Brecha de género

La diputada socialista Mercè Perea lanzó una amenaza al Gobierno: «Ni se les ocurra aplicar el factor de sostenibilidad a partir del 1 de enero». Pero no se conformó con pedir solo su derogación y exigió también al Ejecutivo aprobar un decreto ley que permita revalorizar las pensiones en 2018 según el IPC, lo que supondría una subida del 1,6% y no del 0,25%.

En esto PSOE y Unidos Podemos van de la mano. Así, la diputada de En Marea denunció el «recorte brutal» que supondría la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que -apuntó- ahondaría en la brecha de género que se sitúa ya en el 38%, puesto que las mujeres son las que tienen una mayor esperanza de vida pero unas prestaciones más bajas.

«No es injusticia, hace justicia», respondió Gerardo Camps, el portavoz del PP en esta comisión, que defendió la entrada en vigor del factor de sostenibilidad como un mecanismo de «equidad entre generaciones». Camps se mostró contrario a ligarlo con la edad de jubilación porque supondría que se elevara constantemente, algo que no es posible en muchas profesiones. De cualquier forma, pidió a los grupos parlamentarios que lleven sus propias propuestas para debatirlas en el Pacto de Toledo, ya que confía en que antes de final de año lleguen a un acuerdo.

No hay datos oficiales de cuánto supondrá el recorte en el primer año de vigencia del factor de sostenibilidad, pero sí estimaciones. El Instituto BBVA de Pensiones considera que se trataría de una reducción del 0,47%, mientras que CC OO lo sitúa en una horquilla entre el 0,5% y el 0,7%, más cercano al 0,5%. Este recorte será acumulativo, por lo que los que se retiren en 2020 tendrán una rebaja ya del 1%. Esto significa que cuando hayan pasado diez años la disminución de las nuevas pensiones será de un 7%, y más del 15% para los que se jubilen dentro de 20, según el sindicato.

¿Cuánto dinero supondrá este nuevo recorte? Para una pensión media de jubilación, que en febrero se situó en 1.077 euros mensuales, 5,3 euros menos al mes, lo que significa 75,3 al año. Este recorte asciende a 180 euros anuales para aquellos jubilados que ingresan la pensión máxima (2.580 euros al mes). Los autónomos, con prestaciones significativamente inferiores (una media de 718 al mes) verán reducida su prestación en 50 euros al año.

Elevar las pensiones de viudedad

Por otra parte, el Gobierno insistió este jueves en la idea avanzada por Rajoy en el debate del Congreso de elevar las pensiones más bajas, aunque siguió sin concretar detalles y remitiéndose a los Presupuestos. Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que habrá una «subida importante» en las pensiones de viudedad. En este sentido, la número dos del Ejecutivo explicó en una entrevista en Antena 3 que elevar estas prestaciones «es un compromiso adquirido hace tiempo y es el momento en que debe hacerse». Unas palabras que hacen referencia a la aprobación de un decreto que incrementa la base reguladora de las pensiones de viudedad (con la que se calcula la cuantía de la prestación) del 52% al 60%. Una medida que ya estaba contemplada en la reforma de 2011 y que acumula seis años de retraso.

En este mismo sentido se pronunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al resaltar el compromiso de subir las pensiones y en 2018 «de manera particular y más, las pensiones más vulnerables del sistema». Es decir, que el incremento mayor al 0,25% solo afectaría a este ejercicio y no iría más allá mediante, por ejemplo, la indexación al IPC.

El PP estima en 190 euros el ahorro por elevar la exención en el IRPF

El Gobierno y el PP tratan de quitarse la presión del debate sobre volver a revalorizar las pensiones según la inflación. En este sentido, el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, cifró este jueves en 190 euros el ahorro que tendrán los pensionistas que se beneficien de elevar de 12.000 euros a 14.000 euros la exención de tributar en el IRPF. «No hay ninguna subida porcentual de IPC que permita que esos mayores ganen esa cantidad de poder adquisitivo», señaló en referencia a quienes defienden vincular las pensiones al coste de la vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa medida fiscal, pactada con Ciudadanos, todavía no ha sido aprobada. La intención del Gobierno es incluirla en los Presupuestos de 2018, pero si no salen adelante quedaría en el limbo.

Además, la mayor parte de los pensionistas ya están exentos del pago del IRPF. En concreto, un 63% de quienes reciben esta prestación ya no tributan al no alcanzar los 12.000 euros anuales, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). De hecho, los pensionistas que cobran entre 12.000 y 14.000 euros -por tanto dejarían de pagar IRPF- son alrededor de 800.000. Además, también beneficiaria a las pensiones más altas, que verían exentos los primeros 14.000 euros. En cualquier caso, esta medida no es exclusiva para quienes cobren esta prestación, sino que afectaría a todos los contribuyentes.

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