Y las pensiones seguirán bajando...

Manifestación de pensionistas en Bilbao./Ignacio Pérez
Manifestación de pensionistas en Bilbao. / Ignacio Pérez

El factor de sostenibilidad supondrá un recorte de 75 euros al año para los nuevos jubilados

LUCÍA PALACIOS

Los jubilados están en pie de guerra. Y los partidos, inmersos ya de lleno en una batalla fratricida con la vista puesta en las elecciones del próximo año. Y todo apunta a que, lejos de calmarse las aguas, esto no va a ser más que el comienzo. Porque a ese incremento mínimo de las pensiones por quinto año consecutivo (que apenas eleva 2,3 euros la jubilación media), se sumará en menos de un año otro elemento que ahondará en la pérdida de poder de compra de los mayores.

El 1 de enero de 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que -al igual que el nuevo índice de revalorización- es otro mecanismo de ajuste que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en la reforma de 2013 y mediante el cual la cuantía de las nuevas pensiones se vincula automáticamente a la esperanza de vida en ese momento, según unas estimaciones que se realizarán teniendo en cuenta el periodo de los cinco años precedentes. Y como todo hace prever que la esperanza de vida -que se sitúa en 83 años, algo que solo supera Japón- siga creciendo, las prestaciones de las próximas generaciones disminuirán. Los futuros jubilados vivirán más y, por tanto, tendrán que repartir sus derechos cotizados durante su etapa laboral durante mayor número de años. Por lo que aunque de manera global recibirán el equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida.

No hay datos oficiales de cuánto supondrá este recorte en su primer año de vigencia (tendrá en cuenta la esperanza de vida del periodo 2013-2017 y se actualizará cada cinco años), pero sí estimaciones. El Instituto BBVA de Pensiones considera que se trataría de una reducción del 0,47%, mientras que CC OO lo sitúa en una horquilla entre el 0,5% y el 0,7%, más cercano al 0,5%. Este recorte será acumulativo, por lo que los que se retiren en 2020 tendrán una rebaja ya del 1%. Esto significa que, cuando hayan pasado diez años, la disminución de las nuevas pensiones será de un 7%, y más del 15% para los que se jubilen dentro de 20, según el sindicato. «Si a esto le sumas el 0,25%, la combinación es letal y puede suponer una pérdida del 25% en diez años», advierte el secretario de Políticas Públicas, Carlos Bravo.

¿Cuánto dinero supondrá este nuevo recorte? Para una pensión media de jubilación, que en febrero se situó en 1.077 euros mensuales, 5,3 euros menos al mes, lo que significa 75,3 al año. Este recorte asciende a 180 euros anuales para aquellos jubilados que ingresan la pensión máxima (2.580 euros al mes). Los autónomos, con prestaciones significativamente inferiores (una media de 718 al mes) verán reducida su prestación en 50 euros al año.

«En los próximos años va a haber un recorte de la pensión para los que entran, seguro, pero en el camino se pueden hacer cambios que favorezcan mejores prestaciones en el futuro», sostiene Sergi Jiménez-Martín, investigador de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea). Eso sí, defiende que es «incuestionable» que las pensiones se ajusten a lo que uno ha cotizado.

¿’Efecto llamada’?

Por eso, hay expertos que auguran que durante 2018 puede darse una avalancha de jubilaciones anticipadas ante la amenaza de ver cómo su pensión futura puede reducirse por la entrada en vigor de este nuevo mecanismo, un ‘efecto pánico’. En este inicio de año así ha sido: de las más de 28.000 personas que se jubilaron en el régimen general en enero, más de la mitad fueron jubilaciones anticipadas (un 51,4%), por lo que la edad media real descendió hasta 63,9 años, casi dos años antes de la edad legal. Y es que la reforma de 2013 -como en otros países del entorno- va encaminada a posponer la edad de jubilación, que pasará a estar en 67 años a partir de 2027, salvo para los que tengan largas carreras de cotización (superiores a 38 años y seis meses). Pese a esto, cada vez son más los que se retiran del mercado laboral antes de llegar a la edad legal, fijada en 2018 en 65 años y 6 meses. El año pasado, se jubilaron anticipadamente más de 133.000 personas, un 43% del total.

Sin embargo, este fuerte incremento tiene mucho más que ver con la crisis (que expulsó del mercado a personas en edad avanzada que luego no pudieron encontrar otro empleo y o bien optaron por la jubilación anticipada o se vieron obligados al quedarse en el paro) que con el ‘efecto llamada’, por ese miedo a tener una pensión menor si se retiran más tarde, explica Carlos Bravo. Porque jubilarse antes de la edad legal tiene a su vez recortes, que son mayores incluso que lo que podría suponer el factor de sostenibilidad, para todos salvo para la jubilación parcial (que representan dos de cada diez jubilaciones anticipadas) o profesiones como bomberos, mineros, ertzainas... que pueden dejar de trabajar como pronto a los 59 años, ya que cotizan más para ello (pero que apenas suman un 5,6% del total).

EN CIFRAS

63,9
Ha sido la edad real de jubilación el pasado enero, casi dos años antes que la edad legal.
43,14%
Fue el porcentaje de jubilaciones anticipadas sobre el total el pasado año, más de 133.000 personas.
16%
es el recorte máximo que penalizará a quienes se jubilen a los 63 años, dos años antes de tiempo.
40.000
personas combinan trabajo y pensión, la inmensa mayoría autónomos. Son casi 2.000 en Euskadi.

En realidad, la jubilación anticipada no supone más gasto para el sistema de pensiones, más bien al contrario por el coeficiente reductor. Pero sí comienzan a cobrar antes, lo que mete presión a la caja de la Seguridad Social, que el año pasado tuvo un agujero superior a 18.000 millones, similar al de 2016.

Para favorecer la continuidad de la vida laboral de los mayores, el Gobierno permitió con la reforma de 2013 combinar trabajo y pensión, pero cobrando el 50% de la prestación. Además, desde el pasado 1 de enero los autónomos que se jubilen ya cobran el 100%, una medida que el Ejecutivo quiere ampliar a todos los trabajadores. En la actualidad apenas 40.000 personas practican la denominada ‘jubilación activa’, cerca de 2.000 en Euskadi.

España, único país de la UE que fía el alza a las cuentas del sistema

El Pacto de Toledo comenzará a debatir el miércoles un tema que, por la controversia que genera, se había dejado para el final: el mantenimiento del poder adquisitivo. Pero la presión de las movilizaciones ha hecho mella en el Pacto, que abordará ya si es posible utilizar otra fórmula de revalorización. Todos los grupos llevarán sus propuestas y la mayoría defiende volver a ligar el alza de estas prestaciones al IPC o al menos que los mayores no sigan perdiendo poder adquisitivo, tal y como se hacía antes de la reforma unilateral del PP en 2013. Desde entonces, la subida está condicionada a la salud de la Seguridad Social y aboca a los pensionistas al alza mínima del 0,25%. Incluso el PP, por boca de su portavoz en esa comisión, Gerardo Camps, se ha mostrado dispuesto a «conjugar» el índice actual de revalorización con otras «variables» como el PIB, los sueldos, la productividad e incluso los precios, pero nunca vincularlo solo a la inflación.

El Pacto de Toledo tendrá otro argumento para cambiar la fórmula de revalorización creada por el PP: España es el único país de la UE que fía la subida de las pensiones a las cuentas del sistema y no tiene en cuenta ni la evolución de los precios ni la de los salarios. La fórmula de revalorización que utiliza España es única en Europa. Solo se parece algo a Alemania, que aplica un factor de sostenibilidad a la evolución de los salarios. El resto, o tiene en cuenta solo la evolución de los precios (Francia o Italia); o exclusivamente los salarios, como Dinamarca, Noruega o Países Bajos; o una combinación de ambas, opción mayoritaria.

Eso sí, el sistema español basa la cuantía de la pensión inicial en las cotizaciones generadas a lo largo de los últimos 21 años , por lo que aquí sí entra en juego el salario del perceptor. Y ahí reside otra cuestión en la que España está en minoría: es de los pocos que no calculan la pensión con toda la trayectoria laboral, tendencia mayoritaria en la UE. En Francia se computan los 25 mejores años y en Malta, 10. En este sentido, España ha abierto la puerta a cambiar el periodo de cálculo para que quienes tengan la carrera de cotización completa, de forma que puedan escoger que se tenga en cuenta toda su vida laboral, descartando los peores años.

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