Un nuevo reparto de los ingresos públicos

EDITORIAL

La reforma de la Ley de Aportaciones, bloqueada desde 2011, enfrenta a las instituciones vascas

Consejo de Finanzas. Imagen de la última reunión celebrada a mediados de este mes./Blanca Castillo
Consejo de Finanzas. Imagen de la última reunión celebrada a mediados de este mes. / Blanca Castillo
EL CORREO

La Ley de Aportaciones, que regula el reparto de los ingresos públicos entre las instituciones vascas, lleva prorrogada desde 2011. El bloqueo en un asunto tan delicado, y a la vez tan esencial, revela la enorme complejidad del entramado en el que se asienta la Administración de Euskadi, con cuatro gobiernos, otros tantos parlamentos y órganos de coordinación entre ellos que no siempre coordinan. Incluso aunque, como es el caso, unos mismos partidos -el PNV y el PSE- estén al frente de los principales núcleos de poder, lo que en principio debería allanar el camino hacia un consenso. Tras dos intentos fallidos, el Ejecutivo autónomo, las diputaciones y los ayuntamientos se han dado de plazo hasta el 31 de mayo para encauzar un acuerdo sobre los criterios para distribuir el dinero con el que funcionan. Un asunto capital en el que a la lógica pretensión de cada una de esas instituciones de contar con los máximos recursos para desarrollar sus competencias, se suman las tensiones entre territorios, salpicadas en ocasiones de supuestos agravios, que generan sensibilidades distintas incluso dentro de una misma formación política. Hasta en tiempos de bonanza y de récord en la recaudación de impuestos, como los actuales, el dinero disponible es limitado, lo que hace inviable satisfacer plenamente a la vez los deseos de todas las partes implicadas. Es un vano intento de cuadrar el círculo pretender que el Gobierno vasco, las diputaciones y los municipios reciban tantos fondos como los que desearían para sus presupuestos y que, mientras tanto, cada uno de los territorios aporte una menor parte de los tributos que ingresan las haciendas forales. La dificultad que entraña conciliar tantos intereses encontrados ha de ser un acicate para analizar posibles duplicidades en la prestación de servicios y repensar el reparto de algunas competencias y las necesidades que entraña su financiación. A pesar de los obstáculos que impone un diseño de país tan singular, existen mecanismos suficientes para alumbrar una nueva Ley de Aportaciones que arbitre un sistema de reparto de los ingresos públicos ajustado a las funciones que ejercen las distintas instituciones, al peso económico de cada territorio y a criterios de solidaridad y proporcionalidad. El acuerdo en asuntos de este calibre mide la madurez de una comunidad y de su clase política.

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