La Naval necesita el respaldo urgente de la banca para evitar entrar en liquidación

A finales de este mes vence el plazo convenido por el astillero y el armador holandés Van Oord para retomar la construcción del ‘Vox Alexia’, la draga de succión que aún requiere más de un año de trabajos para estar finalizada. En ese punto tan solo hay aparentemente dos opciones. La primera, la que busca el astillero y respalda también el armador, la firma de un acuerdo con las entidades financieras para que le presten el dinero necesario que permitiría finalizar el buque. La segunda, con tintes de desastre, sería la cancelación del contrato por parte de Van Oord, lo que llevaría también aparejada la ejecución de los avales que existen sobre ese proyecto. El armador ha adelantado varias decenas de millones de euros a La Naval desde que realizó el encargo y en función de la evolución de los trabajos, que han sido avaladas por la banca ante la hipótesis de un incumplimiento del contrato.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre el astillero y los bancos admiten las enormes dificultades que tiene esta operación. De entrada, La Naval es una sociedad sometida a un procedimiento concursal que arrastra una deuda total valorada en 117 millones de euros, de los cuales 46,7 corresponden a entidades financieras. En ese contexto, la banca se muestra muy reticente a asumir nuevos riesgos.

Pero la continuidad de la actividad en el astillero resulta indispensable si se quiere evitar una liquidación total, al menos a corto plazo, para intentar buscar una salida más ordenada que, en cualquier caso, pasaría por la búsqueda de un grupo inversor y por un acuerdo con los acreedores.

El último informe remitido por el administrador concursal al juzgado que realiza la supervisión del concurso es bastante desolador. Y no sólo por la confirmación de la existencia de esa deuda de 117 millones -hay 470 proveedores implicados-, sino también porque es la evidencia de que en los últimos años el astillero se ha convertido en una fábrica de números rojos. Los datos correspondientes al ejercicio de 2017 -hasta ahora no se habían dado a conocer las cifras- arrojan unas pérdida de 29,37 millones de euros. Y ello a pesar de haber liberado provisiones realizadas en ejercicios anteriores, por importe de 20 millones, tras una negociación con los armadores que permitió rebajar las penalizaciones por los retrasos en las entregas de los buques.

El balance de la sociedad refleja la imagen de una quiebra del tamaño de una catedral. Las pérdidas acumuladas en los cuatro últimos años ascienden a 138 millones de euros y a finales de 2017 los fondos propios negativos eran ya de 80 millones. En otras palabras, se han volatilizado no sólo los 10,5 millones de euros que invirtieron los accionistas cuando se hicieron cargo del astillero en 2006 -hasta entonces había sido propiedad del Estado-, sino también los 46 millones de beneficios que se habían obtenido hasta 2013 y que se destinaron a reservas. Todo eso, y otros 23,5 millones de euros más, se han ido por el camino, fruto de algunos años de baja carga de trabajo, también de graves problemas en la construcción del ferry ‘Texelstroom’ y de una política de rebaja de precios en las compras que generó serias dificultades de calidad en los suministros.