Muebles Xey anuncia su cierre y dejará sin empleo a 170 personas

La plantilla, en una protesta. / Sara Utrera

Su deuda a entidades bancarias, proveedores y trabajadores es prácticamente inasumible y ronda los 30 millones de euros

ALEXIS ALGABASan Sebastián

No va más. Después de un mes en concurso de acreedores y con una deuda con entidades bancarias, proveedores y trabajadores practicamente inasumible y que ronda los 30 millones de euros, la dirección de Muebles Xey comunicó ayer al comité de empresa el cierre inminente de la empresa. «Nos han dicho que sin una inyección de capital urgente no pueden hancer nada», afirmaron a fuentes del comité tras la reunión celebrada en la planta zumaiarra. La liquidación se llevará por delante un negocio con 56 años de historia y lo que es más importante, dejará sin empleo a 170 trabajadores que componen la plantilla total del grupo, 140 de ellos en la fábrica situada en el barrio de Oikia de Zumaia.

La firma recurrió al concurso de acredores el pasado uno de junio, acuciada por una falta de liquidez alarmante y con el objetivo de llegar a un acuerdo con las entidades de crédito con las que había refinanciado su deuda en 2015 con dos años de carencia. La compañía contempló como únicas vías de escape a esta situación la aparición de un nuevo socio inversor que inyectase unos fondos necesarios para poder hacer frente a la compleja situación de flujo de caja, o que los actuales accionistas de la compañía -Egoitz 2005/JF, Cell/LKZ y el Gobierno Vasco- alcanzasen un acuerdo para realizar una nueva ampliación de capital, la que sería la tercera consecutiva en tres ejercicios.

LAS CIFRAS

30 millones de euros, ronda la deuda total contraída por Muebles Xey, de los que 18 pertenecen a una factura aplazada en 2015 con cinco bancos.

1.3 millones en el capital de la empresa que admite tener el Gobierno Vasco, que dispone de un tercio de las acciones de la compañía.

Pero al final, ni una opción ni la otra. Según el comité, el administrador concursal les trasladó en uno de los contados encuentros que han mantenido con ellos, que se encontraban en conversaciones con posibles interesados en la compañía. La realidad es que como sucedió en otras empresas con grandes deudas, ninguna muestra un interés concreto en acceder a una empresa con una factura superior a los 18 millones de euros por negociar con Santander, BBVA, Kutxabank, Popular y Sabadell. Minuta a la que hay que sumar otras deudas con proveedores y los últimos cuatro salarios y la extra de verano con la propia plantilla de Zumaia... Con lo que la opción dista mucho de ser atractiva desde un comienzo. Y por el otro lado, aunque el Gobierno Vasco manifestó antes de la declaración del concurso que no veía con malos ojos el realizar una nueva ampliación de capital, ninguna de las partes propietarias ha terminado por convencerse de que esa opción pudiera ser acometida.

Todo ello ha llevado a que un mes después de que la situación comenzase a pintar más bien oscura, ayer fuese el día elegido por la dirección para comunicar a los trabajadores que enviará al juzgado la solicitud de liquidación de la compañía. Una firma en la que solo en capital el Gobierno Vasco tiene una participación superior al 30% y a los 1,3 millones de euros.

Opciones posteriores

El departamento de Arantxa Tapia, absorbido estos días en un tsunami de crisis empresariales difícil de gestionar, apuntó ayer que ha sido «imposible» alcanzar un acuerdo con los proveedores y que conocían desde hace meses que la situación de la empresa era «muy delicada». El comité de empresa solicitará en los próximos días una reunión con la consejera para solicitarle que sigan tratando de buscar un nuevo socio inversor que recuperare la actividad de la planta y pueda garantizar buena parte del empleo una vez se acometa el proceso de liquidación y se inicie la subasta de la compañía quebrada. «Queremos que tanto el Gobierno Vasco como el administrador concursal sigan explorando posibilidades de reactivar el negocio», expuso el portavoz del comité, Periko Juanikorena.

Los trabajadores tienen «la esperanza» de que pueda concretarse algún interés y se repita con ellos la situación que vivieron los colegas de la empresa TS Fundiciones de Zestoa, quebrada en 2014 y adquirida durante el proceso concursal por Gonvarri (Grupo Gestamp).

Mientras llega esa posibilidad, a los trabajadores se les comunicará la puesta en marcha de un ERE de extinción total. Aunque se deberá abrir el proceso legal del periodo de consultas, reconocen que no tendrán mucho que negociar por la situación de quiebra por lo que se verán abocados a acudir al Fogasa para poder cobrar parte de las mensualidades atrasadas y recibir la indeminización por despido recogida en la última reforma laboral, esto es, 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

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