La mitad de los beneficiarios del bono social de la luz se quedará sin él por no solicitarlo

Es la previsión oficial, pero las eléctricas elevan los hogares hasta 2,8 millones y creen que el coste para el sector será mucho mayor y llegará a 310 millones

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Desde el lunes pasado, los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social habilitado por el Gobierno para aplicarse alguno de los tres descuentos sobre la factura de la luz dirigidos a las familias con más problemas para afrontar el pago de sus recibos. Sin embargo, aún son muchos los hogares que desconocen los trámites a realizar para conseguir ese descuento, y previsiblemente serán millones los que al final no lleguen a realizarlos para que les apliquen las medidas aprobadas por el Ministerio de Energía en materia de vulnerabilidad eléctrica.

Este vacío en el sistema no será una novedad para el Ejecutivo, porque ya había anticipado que un 45% de los potenciales perceptores de la subvención no accederán a la misma, fundamentalmente por desconocimiento, falta de interés y otras situaciones parecidas. «Es improbable que la totalidad llegue a hacerlo», justificaba Energía en la memoria económica adjunta al decreto ley que desarrollaba esta iniciativa.

Descontará un 25% o un 40% del recibo según renta anual e hijos, y para pensiones mínimas La deducción

El problema práctico que implica el nuevo bono social, al igual que el vigente hasta ahora, es que los ciudadanos que lo deseen deben realizar los trámites para solicitarlo ante sus comercializadoras eléctricas. En España existen actualmente 4,5 millones de personas en riesgo de pobreza energética, según los últimos cálculos de Eurostat. De ellos, serían unos 2,5 millones los que se beneficiarán del bono social, a tenor de las estimaciones del Gobierno.

Sería prácticamente el mismo número de hogares que los que se venían beneficiando de esa medida, ya que hay registrados 2,44 millones de perceptores entre pensionistas, familias numerosas, desempleados y hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada.

El ministro Álvaro Nadal.

Sin embargo, las previsiones del sector eléctrico superan las del departamento dirigido por Álvaro Nadal. Desde Unesa –la patronal que agrupa a las grandes compañías españolas– apuntan que de los 28 millones de titulares de contratos que hay, accederán al bono social un 10%. Esto supondría unos 2,8 millones de usuarios frente a los 2,5 estimados por el Ejecutivo; es decir, un 12% más.

LA CLAVE

4,5
millones de personas viven en España en riesgo de pobreza energética, según los datos más recientes de Eurostat.

Al tratarse de una ayuda estructurada por niveles de renta, las compañías del sector prevén que un 85% de esos 2,8 millones –unos 2,4– accederían a la subvención como familias vulnerables, con un descuento del 25%. Otro 11% –unos 310.000 usuarios– serían consumidores severos, con una rebaja del 40% en la factura. Y un 4% –unos 110.000– se encuadrarían en el grupo de riesgo de exclusión, a los que no se les puede cortar el suministro, previo informe de su situación por los servicios sociales de cada comunidad o municipio.

El impacto económico

Con estas cifras, las eléctricas también anticipan que los cálculos del Gobierno sobre el coste que tendrá para el sector se quedarán cortos y la suma final será claramente mayor. Aquel consideraba un impacto económico de 236 millones anuales, un 18% más de lo que hasta ahora destinaban. Sin embargo, Unesa anticipa que serán 310 millones, un 30% más que las previsiones oficiales, y un 55% más si se compara con el presupuesto del sistema actual.

La nueva ayuda del descuento del 25% en el consumo fija en 18.637 euros al año los ingresos máximos para beneficiarse de ella en hogares con dos hijos, en 14.910 para los de uno y en 11.182 donde no haya descendientes. La rebaja sería del 40% si los ingresos se sitúan en 9.318, 7.455 y 5.591 euros, respectivamente. Además, familias numerosas, pensionistas con prestaciones mínimas y hogares en riesgo de exclusión también podrán acceder al bono.

Los consumidores podrán presentar su solicitud para acogerse al bono social y la documentación acreditativa por diversos medios: teléfono, web de la empresa comercializadora, oficinas, fax, y correo postal o electrónico a la dirección que señale la eléctrica. Asimismo, quienes son beneficiarios del anterior modelo de bono tienen un plazo de seis meses para renovarlo si cumplen las condiciones necesarias. De lo contrario, a partir de la primavera de 2018 dejarán de recibir la ayuda.

Los vascos que opten a la ayuda tendrán que mostrar su IRPF

A diferencia de lo que ocurrirá en el resto de España, en el País Vasco será diferente el procedimiento a seguir por las personas que deseen beneficiarse del nuevo bono social. El trámite será en este caso más complejo porque los titulares de los contratos deberán aportar directamente a sus compañías eléctricas la documentación que acredite su situación económica familiar. Esto es, la declaración de la renta en la que figuran los ingresos. Y así será de forma indefinida.

En el resto de comunidades –salvo País Vasco y Navarra, que tienen Hacienda foral propia– los solicitantes presentarán también el IRPF de forma manual. Pero sólo temporalmente, porque se habilitará una aplicación en la sede electrónica del Ministerio de Energía a través de la cual accederían las eléctricas para verificar si los datos de los clientes cumplen los requisitos para disfrutar de esta ayuda que alivia el pago de sus facturas.

En el caso de Euskadi, el ministerio no se coordinará con los organismos fiscales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para recoger la información de sus ciudadanos, tal y como aseguran fuentes del sector energético.

Temas

Bizkaia

Fotos

Vídeos