Los inspectores de Hacienda proponen pagar a las personas que informen de delitos fiscales

Premiar económicamente a los confidentes que informen o denuncien un delito fiscal. Esa es una de las propuestas de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) para mejorar la lucha contra el fraude. Una iniciativa que desde la asociación consideran que sería positiva para incentivar la delación de este tipo de irregularidades. De hecho, los inspectores recuerdan que este mecanismo ya funciona en operaciones relacionadas con el contrabando y piden extenderlo a todo el ámbito tributario.

En concreto, los inspectores consideran en un documento presentado en el XXVII Congreso de la organización que se celebra en Sevilla, que la Agencia Tributaria debería «disponer de fondos para pagar informaciones confidenciales de cuyo conocimiento se derive la recuperación o el afloramiento de cuotas defraudadas». Una medida similar que, han recordado, ya funciona en países como Estados Unidos.

Pero no sólo eso, entre las medidas para mejorar la lucha contra el fraude los inspectores también contemplan la posibilidad de que su trabajo de control se realizara de «incógnito». Es decir, poder llevar a cabo trabajos de información «sin la necesidad previa de identificarse» como inspectores. Eso sí, explican que esas acciones deberían evitar la incitación al delito o la vulneración de algún derecho fundamental.

Los inspectores de Hacienda destacaron que estas medidas también pueden contribuir a reducir la economía sumergida, que en España representa el 17,2% del PIB, según un estudio reciente del Instituto de Investigación de Economía alemán. Una cifra que convierte a España en el tercer país de Europa con el nivel de economía sumergida más elevado, sólo superado por el 19,2% de Italia y el 21,5% de Grecia.

En cualquier caso, la asociación defendió la necesidad de realizar «estudios autónomos» que permitan detectar el nivel de economía sumergida. Así se podría detallar más la situación, lo que ayudaría a aplicar con más acierto las medidas. Además, podría evaluarse de forma más precisa el impacto real de la lucha contra el fraude. De hecho, recordaron que a pesar de mejorar esta variable (en 2016 se obtuvieron 14.883 millones por esta vía) no se puede valorar cuánto representa del total.

El presidente de la asociación de inspectores, José Luis Groba, defendió la necesidad de aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria para reforzar el régimen jurídico de los empleados. Es una reivindicación histórica que nunca ha tenido respaldo suficiente en el Congreso. Groba explicó que ha presentado su nueva propuesta a los cuatro principales partidos y se han mostrado partidarias de abordarlo.

Entre las medidas contempladas está despolitizar la dirección de la Agencia Tributaria. Para ello, piden desligar al secretario de Estado de Hacienda de la institución que preside. Además, defienden que el director general no lo designe el Gobierno, sino el Parlamento con una mayoría cualificada por un periodo de cinco años prorrogables otros cinco.