La Hacienda de Bizkaia inspecciona a los sindicatos por los pagos de la 'caja de resistencia'

'Txiki' Muñoz y Peio Igeregi durante la rueda de prensa que ofrecieron este lunes sobre negociación colectiva. /Fernando Gómez
'Txiki' Muñoz y Peio Igeregi durante la rueda de prensa que ofrecieron este lunes sobre negociación colectiva. / Fernando Gómez

Estima que son ingresos del trabajo, quiere identificar a los receptores y reclama que se ingresen las retenciones del IRPF

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

La Hacienda de Bizkaia se ha decidido a abrir una de las patatas calientes que tenía desde hace años sobre la mesa y que hasta ahora había orillado: la tributación fiscal de la 'caja de resistencia'. Es el mecanismo que utilizan algunas organizaciones sindicales -en el País Vasco principalmente ELA, USO y de forma limitada LAB-, para ayudar económicamente a sus afiliados en las situaciones de huelga. La Diputación de Bizkaia estima -en esto coincide con al Dirección General de Tributos del Estado-, que tales cantidades deben ser consideradas ingresos de trabajo y que por lo tanto están sometidas al Impuesto sobre la Renta.

Aunque el inicio de las actuaciones se ha conocido ahora -el lunes lo desveló 'eldiarionorte.es'-, después de que el fisco vizcaíno remitiese la pasada semana un requerimiento a UGT y CC OO, lo cierto es que el proceso comenzó hace casi un año. En mayo de 2017, el sindicato ELA, cuya 'caja de resistencia' es sin lugar a dudas la más importante -el propio mecanismo se ha convertido en una de las señas de identidad de la organización- ya recibió un requerimiento de información. En el mismo, Hacienda les exigía toda la información de detalle relacionada con los contribuyentes que habían sido beneficiarios de este tipo de ingresos en los últimos cuatro años, las cuantías y también cuestionaba al sindicato sobre las retenciones que se hubiesen practicado. este lunes, el secretario general de esta organización, Adolfo Muñoz, 'Txiki', admitió que su organización cumplió con la exigencia de la Hacienda vizcaína, pero también mostró su sorpresa por el hecho de que «esto ocurra por primera vez en 38 años». Fuentes del sindicato añadieron que en su contestación a Hacienda, ELA ha argumentado que estas cantidades que entrega a los huelguistas «no deben considerarse rendimiento del trabajo», al tiempo que sostienen que «la normativa foral del IRPF no establece en ninguno de sus artículos que la 'caja de resistencia' esté sometida a retenciones».

La segunda vez

Muñoz recordó también que en 2005 la Diputación de Álava hizo un movimiento similar, al requerir este tipo de datos al sindicato. En aquella época estaba en plena efervescencia el conflicto de la empresa Caballito, una firma propiedad de una multinacional alemana cuya plantilla protagonizó una huelga de dos años que condujo a un desenlace fatal: el cierre total de las instalaciones y la pérdida de 220 empleos. Muñoz aseguró este lunes que, en aquella ocasión, la Hacienda de Álava atendió las argumentaciones legales del sindicato y archivó el expediente.

La Dirección General de Tributos dice que es renta del trabajo

La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha resuelto en los últimos años al menos dos consultas vinculantes que abordaban el tratamiento fiscal de este tipo de percepciones de una 'caja de resistencia'. Una de ellas fue realizada en 2014 por un sindicato que actúa en el sector de la enseñanza y la interpretación del Ministerio es clara. En su opinión, las percepciones que reciben los huelguistas son renta del trabajo y están sometidas a retención. Incluso determina que la cuota que reciben los sindicatos para constituir ese fondo, debe considerarse en algunas circunstancias como «ingreso no exento» en Sociedades.

Todo apunta a que la Hacienda de Bizkaia piensa continuarlo, de ahí el requerimiento cursado la pasada semana a CC OO y UGT, pese a que estas dos organizaciones no tienen activas 'cajas de resistencia'. Un portavoz de CC OO indicó este lunes que este sindicato se encuentra precisamente en pleno proceso de debate interno, para tratar de buscar un encaje en sus estatutos a una fórmula de este tipo. En Comisiones existe un denominado Fondo de Solidaridad, pero que no se ha utilizado en los últimos años. Por su parte, LAB también cuenta con la 'Borroka Kutxa', aunque fuentes del sindicato apuntaron este lunes que tan sólo se utiliza en situaciones muy excepcionales y que se encuentra también «en proceso de revisión».

ELA es la organización más afectada y recibió el primer requerimiento en mayo del pasado año

ELA y USO son los dos sindicatos que publicitan con mayor transparencia en sus páginas web las condiciones de sus 'cajas de resistencia'. En el caso de la organización nacionalista hay varios niveles. La que se considera 'standard' supone el pago de 901,41 euros mensuales al huelguista, si bien puede alcanzar hasta 1.036,70 en el caso de que al menos un 35% de la plantilla esté afiliada a ELA. Hay un tercer tramo, en el que los beneficiarios pueden recibir algo más de 1.700 euros mensuales, en el caso de que la organización considere que ese conflicto es «estratégico».

CC OO de Euskadi, por su parte, emitió este lunes un comunicado en el que lanzaba una puya a ELA, al señalar que «en coherencia con lo que pedimos a las haciendas vascas en cuestión de fiscalidad y lucha contra el fraude, las organizaciones sindicales hemos de ser ejemplos de transparencia y buen hacer, e instamos a que se aclaren en este sentido las obligaciones que tenga cada organización».

ELA reivindica el conflicto como arma para la negociación colectiva

ELA considera que 2018 «debe ser el año de la contraofensiva» para combatir la precariedad laboral, paliar las consecuencias de las reformas laborales y alcanzar subidas salariales acordes con el «momento económico de mayor generación de riqueza de la historia». Y dado que el sindicato teme que por las buenas no logrará esos objetivos «teniendo en cuenta la actitud de bloqueo de la patronal», prevé que «la negociación colectiva de este año va a ser conflictiva» e «imprescindible un mayor número de huelgas».

Así lo estimaron este lunes el secretario general de la central, Adolfo 'Txiki' Muñoz, y su responsable de negociación colectiva, Peio Igeregi, en la presentación de las prioridades del sindicato para la negociación de convenios este año.

ELA denuncia que «al amparo de las reformas laborales y gracias a la colaboración de las distintas administraciones, las patronales han ido deteriorando las condiciones laborales en los últimos años». Como consecuencia «en Euskal Herria hay 100.000 puestos de trabajo menos que en 2008 y las rentas del trabajo han perdido entre 2,5 y 3,3 puntos en el reparto de la riqueza». Además se ha cronificado la precarización del empleo. «La mitad de los contratos tienen una duración inferior al mes, el 92% son eventuales y el 18%, a jornada parcial», lo que provoca «total inestabilidad en el empleo».

Por todo ello, Igeregi explicó que la prioridad principal de ELA para este año será «hacer frente a la precariedad en cada ámbito», pero también «exigir una correspondencia entre el crecimiento económico y la creación de empleo y las subidas salariales». En este sentido, consideran «irrenunciables» un «sueldo mínimo de 1.200 euros y la recuperación del poder adquisitivo».

Una sociedad «injusta»

«Para la patronal la precariedad es un tesoro», por lo que el resultado es su «negativa a negociar», aseguró 'Txiki' Muñoz. Ante esa situación, el objetivo «prioritario» de la central va a ser «organizar a los trabajadores que están sufriendo esta precariedad para que se defiendan». Igualmente, el líder sindical señaló que «la gente se percata de que el mundo económico y político le roban la cartera», y para combatir este hecho reivindica «el papel del conflicto en una sociedad que es conflictiva e injusta».

Muñoz afirmó que «ni el poder económico ni el Gobierno vasco quieren que el movimiento sindical represente ese papel» de defensa de los trabajadores contra la precariedad, pero advirtió al Ejecutivo autonómico de que «tenga cuidado de no caer en la tentación de dar más a quien más tiene». Y acusó a las instituciones vascas de «hipócritas», porque «la precariedad con cara de mujer la imponen ellas», en referencia a la pasada huelga de 370 días en las residencias concertadas de Bizkaia.

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