El Gobierno se plantea subir el salario mínimo a 1.000 euros en tres años

Unai Sordo realiza declaraciones acompañado por Pepe Álvarez./EFE
Unai Sordo realiza declaraciones acompañado por Pepe Álvarez. / EFE

Rosell apoya un aumento «importante» del SMIy quiere ofrecer a los sindicatos un alza salarial de hasta el 3% para 2018, lo que divide a la CEOE

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El Gobierno quiere terminar su legislatura cumpliendo una de las reivindicaciones más fuertes de los sindicatos: que todo trabajador tenga un sueldo mínimo de 1.000 euros al mes. Así lo han confirmado a este periódico fuentes conocedoras de la negociación.

Pese a las reticencias de algunos miembros del Ejecutivo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lleva ya tiempo defendiendo que los salarios deben subir y, pese a que en el ámbito de la negociación colectiva no puede influir, sí quiere dejar su huella en una competencia que es potestad del Estado: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por eso, encima de su mesa está la propuesta de que en tres años la retribución más baja de un trabajador a jornada completa sea de 12.000 euros brutos anuales, lo que repartido en 12 pagas serían 1.000 euros al mes. Así se lo ha hecho saber a los representantes de los agentes sociales.

Ahora el SMI se sitúa en 825,7 euros al mes repartidos en 12 pagas, por lo que implicaría un alza del 21% (esto es, 175 euros) de aquí a 2020. De esta forma, España pasaría a cumplir con la recomendación de la Carta Social Europea de que la retribución mínima se sitúe en torno al 60% del sueldo medio, como vienen exigiendo los sindicatos, que denuncian que España tiene el cuarto salario mínimo más bajo de la UE.

Los funcionarios salen a la calle para pedir más derechos

Miles de empleados públicos recorrieron ayer el centro de Madrid en una manifestación convocada por UGT y CC OO, a fin de exigir al Gobierno un proceso de negociación amplio para recuperar derechos y salarios. Para el líder de UGT, Pepe Álvarez, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos ha sido «tremenda» y toca recuperar ese camino, mientras que Unai Sordo, secretario general de CC OO, afirmó que «no puede haber servicios públicos de calidad con 350.000 puestos de trabajo menos que en 2010» y una merma salarial respecto al IPC que acumula el 13% desde ese año.

Lo que sigue siendo una incógnita es el incremento para 2018, que el Gobierno tiene que aprobar antes de final de año. En 2017 lo subió un 8% a cambio del apoyo del PSOE a los Presupuestos del Estado y todo apunta a que para el nuevo ejercicio habrá «una subida importante». La horquilla que se baraja oscila entre un 3% y un 8%, aunque por el momento tiene mayor peso una franja del 5%-6% (serían casi 50 euros más al mes). Dependerá de si prefieren apostar ya por un alza mayor o dejar para final de legislatura el incremento más fuerte.

Esta propuesta no la ven con malos ojos ni siquiera desde la CEOE. Su presidente, Joan Rosell, ha dicho en más de una ocasión que los sueldos más bajos deben recibir un impulso mayor, y defiende a su vez que una subida del SMI serviría para sacar a flote la economía sumergida que hay en el país (que sitúa en torno a un 20%). Además, explica que este año se ha comprobado que una fuerte subida no afecta negativamente a la creación de empleo.

Y para demostrar la escasa repercusión que esto tendría en las empresas, Rosell aportó en el último comité ejecutivo de la CEOE un estudio en el que analiza 50 convenios colectivos y donde concluye que con la subida del SMI ni siquiera las categorías laborales más bajas se verían afectadas. A la vista de estos datos, hubo un consenso mayoritario en que también los empresarios pidieran al Gobierno «un incremento sustancial», según fuentes presentes en el comité.

La CEOE, dividida

Sin embargo, esta unión terminó en división en la junta directiva del miércoles. Allí, el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro, que no había asistido al comité, se negó en redondo a apoyar un incremento importante del SMI y mostró incluso una mayor rotundidad al oponerse a mejorar la propuesta de subida salarial para 2018 en el Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo (AENC). Unas tensiones que en el seno de la patronal se ven como una estrategia personal de ofrecer un perfil más duro de cara a las elecciones a la presidencia que habrá a final de año.

Y es que Rosell había recibido ya el apoyo unánime del comité ejecutivo para ofrecer a los sindicatos un alza de hasta el 3%, frente al 2,5% de máximo que llegó a proponer este año. La patronal mantendría la horquilla fija del 1,2% al 2% que ya apuntó, pero el variable ligado a la productividad se elevaría de medio a un punto. Eso sí, a cambio querrían pactar otros temas con los sindicatos como formación, absentismo, flexibilidad o la cifra de liberados.

Esta nueva propuesta de Rosell se acerca más a lo que quieren los sindicatos, que este año pidieron un alza del 1,8% al 3% y para 2018 la quieren a partir del 3%. El gran escollo vuelve a estar en la cláusula de revisión para que los salarios en ningún caso suban por debajo de la inflación, algo a lo que se oponen los empresarios aduciendo que es algo caduco que ya eliminaron de muchos convenios a cambio de otras mejoras. Su tesis es que no van a pagar un doble «peaje».

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