El Gobierno gastará 10.000 millones hasta 2019 para apaciguar a pensionistas y funcionarios

El Gobierno gastará 10.000 millones hasta 2019 para apaciguar a pensionistas y funcionarios
EFE

El Gobierno anuncia a Bruselas la factura de sus subidas de rentas, de las que cubrirá apenas la mitad con medidas de ingresos tributarios

José Antonio Bravo
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El Gobierno parece dispuesto a poner a prueba la severidad de las autoridades comunitarias y su paciencia. Todo en un final de abril de vértigo para los burócratas de Bruselas, que acaban de comprobar hasta dónde llega la costosa factura para tratar de contentar a pensionistas, empleados públicos y autónomos: de 10.000 a 10.200 millones de euros en dos años según suba el sueldo de los funcionarios.

La actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 y del Plan Presupuestario 2018, remitida en la noche del lunes a Bruselas, deja entrever que al Ejecutivo aún le faltarían al menos 5.800 millones para compensar dicho impacto si no adopta nuevas medidas a fin de elevar sus ingresos. Aun así, la tesis del Ministerio de Hacienda es que la propia mejora continuada de la actividad económica -la subida de precios (inflación) y salarios ya serviría para incrementar los recursos públicos a través de los impuestos- permitirá elevar la recaudación tributaria en 2018 un 7,5%, más del triple que el año pasado y 14.000 millones más.

La confianza en este sentido es tan grande que España podría superar incluso los máximos previos a la crisis en ingresos fiscales, con cerca de 200.700 millones. Sin embargo, hasta marzo crecían un 5%, por debajo de lo esperado y en Bruselas siguen sin ver despejadas sus dudas. Pese a ello la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) sí se cree esos cálculos; señala que por primera vez desde que revisa las cuentas públicas son «factibles», e incluso ajustadas a la realidad, aunque el crecimiento podría ser «más moderado».

Lo que en la Comisión Europea no ven claro es que, a la vista de los cuadros de impacto presupuestario «esperado» de las medidas «adoptadas y previstas» por el Gobierno (incluidos en el informe citado), solo servirían en conjunto para cubrir menos de la mitad del incremento de gasto extra. En concreto, 4.198 millones más en ingresos fiscales en 2018 y otros 58 millones en 2019.

El grueso de esas aportaciones a los Presupuestos del Estado vendrían de la implantación del llamado IVA en tiempo real (4.150 millones en 2018), en vigor desde el año pasado, y también de la aplicación de la nueva tasa a los gigantes de internet (600 millones en el presente ejercicio y hasta 1.500 el próximo, junto a otros gravámenes sin concretar).

Todo ello sin olvidar el impacto negativo que, en términos de recaudación, supondrá la última rebaja en el IRPF y otras medidas fiscales similares (835 millones en 2018 y otros 1.373 millones en 2019), además del aumento en las deducciones de gastos para los autónomos (130 millones entre ambos años).

El grueso del incremento del gasto público por las nuevas medidas del Ejecutivo para apaciguar los ánimos sociales vendrá, sin embargo, de pensiones y salarios públicos. La factura de las primeras, entre su subida acompasada a la evolución de la inflación en 2018 y 2019 junto al incremento especial de las prestaciones por viudedad, se irá al final hasta los 3.700 millones de euros.

En los segundos, el acuerdo con los sindicatos para subir el sueldo de los funcionarios un 1,75% en 2018, la equiparación retributiva entre diferentes colectivos de empleados públicos (sobre todo policiales) y el incremento para 2019 (un mínimo del 2,5% y un máximo del 2,75%), disparará su coste en dos años hasta los 6.250 millones, 2.691 millones el actual y el resto el próximo.

Otros impactos destacados en materia de empleo son los 500 millones que costará este año el bono de formación para jóvenes, y otros 267 por la devolución de los descuentos a empleados públicos por incapacidad temporal. A su vez, los guiños a los autónomos con mejoras en su régimen se llevarán otros 530 millones.

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