Los funcionarios verán congelado su sueldo en 2018 por la falta de Presupuestos

Montoro, durante una intervención en el pleno del Congreso. /Zipi (Efe)
Montoro, durante una intervención en el pleno del Congreso. / Zipi (Efe)

Así lo explica el Gobierno en el documento enviado a Bruselas en el que confirma la subida mínima legal del 0,25% para las pensiones

David Valera
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Los funcionarios comenzarán 2018 con el sueldo congelado. Esa es una de las consecuencias de la falta de Presupuestos para el próximo año que recoge el documento enviado por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado lunes. En concreto, el Ejecutivo explica que al no haber cuentas públicas renovadas para el siguiente curso el salario de los empleados públicos no se moverá a pesar de que el Ministerio de Hacienda estaba negociando con los sindicatos un alza del 1,5% para 2018. Asimismo, el informe también advierte de otras consecuencias de la falta de Presupuestos como un aumento del déficit y detalla una subida de las pensiones del 0,25%, la mínima establecida por la ley.

El plan presupuestario enviado a Bruselas apurando los plazos recoge una estimación sobre los ingresos y gastos de cara a 2018 basado en un escenario de «política constante». Es decir, de prórroga presupuestaria que no permite cambios en las diferentes partidas (salvo casos de emergencia). En este sentido, el Ejecutivo contempla como líneas generales que el gasto público el próximo año se reducirá seis décimas al pasar del 41,2% al 40,6% del PIB. Un descenso basado en el «supuesto de congelación de los salarios públicos».

Esta afirmación no ha gustado nada a los sindicatos. Desde CSIF manifestaron este martes su «más absoluto rechazo» a esta congelación salarial y pidieron en un comunicado una «aclaración urgente» al Ministerio de Hacienda por la «incertidumbre» que esta noticia genera en los 2,5 millones de empleados públicos del país. Así, el sindicato recordó que la negociación sobre la revalorización salarial de los funcionarios estaba abierta a pesar de la prórroga presupuestaria y solicitaron que se retome el diálogo.

De hecho, la congelación anunciada en el documento contrasta con el contenido de esas reuniones en las que el departamento que dirige Cristóbal Montoro proponía a los sindicatos un alza en 2018 de los salarios del 1,5% (una cifra superior al 1% de 2017) que podría incrementarse entre un 0,25% y un 0,5% más si las previsiones de crecimiento mejoraban. Además, Hacienda planteó una mejora de las retribuciones en 2019 y 2020 de al menos el 1,75% y el 2%, respectivamente.

En este sentido, desde Hacienda insistieron en que la intención del Ejecutivo es revalorizar el sueldo de los empleados públicos, pero resaltaron que la ausencia de nuevos Presupuestos se lo impide. Sin embargo, los sindicatos consideran que en el peor de los casos el Gobierno podría prorrogar la subida salarial del 1% incluida en las cuentas de 2017. Algo que no parece estar en la mente del Ejecutivo, que además puede usar esta situación como un arma de presión para intentar lograr el apoyo necesario en el Parlamento para sacar adelante los Presupuestos. Algo improbable mientras la situación de Cataluña siga tan enconada.

En cualquier caso, mientras el gasto público se reducirá por la congelación salarial de los funcionarios, los ingresos del Estado en 2018 se elevarán y pasarán de representar un 38,1% del PIB a un 38,3%. Una mejora que el Gobierno justifica por «el efecto de las medidas normativas aprobadas recientemente y por la buena marcha de la economía» a pesar de que en el mismo informe acaba de reducir tres décimas el avance del PIB hasta el 2,3%.

Lucha contra el fraude

En cualquier caso, Hacienda espera una mayor contribución de la lucha contra el fraude en los ingresos y aunque no hace una previsión a futuro sí explica que en los primeros seis meses de 2017 la Agencia Tributaria ya ha obtenido 7.459 millones por esta vía, lo que supone un 5,17% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, el plan presupuestario también recoge lo que era un secreto a voces: la subida de las pensiones en 2018 será, por quinto año consecutivo, el mínimo legal del 0,25%. En este sentido, la falta de unas cuentas públicas actualizadas no impide la revalorización mínima que fija la ley. Pero este incremento no evita una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas dado que la previsión de inflación para el próximo año es del 1,6%. Una menor capacidad de compra que se sumará a la registrada en 2017. Este es el motivo por el que los sindicatos y partidos de la oposición como el PSOE y Unidos Podemos reclaman sin suerte al Gobierno que fije una revalorización para las pensiones que al menos sea igual al IPC.

El documento enviado a Bruselas también confirma que el Gobierno destinará 2.000 millones al rescate de las autopistas de peaje quebradas, lo que podría tener un impacto en el déficit como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por último, el Ejecutivo recuerda a las comunidades autónomas que los 4.020 millones de aumento de las transferencias que les correspondería el próximo año por los mayores ingresos tributarios está «condicionado» a la aprobación de unos nuevos Presupuestos. Otro elemento de presión.

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