70.000 funcionarios vascos deberán trabajar más al tumbar el Supremo la jornada de 35 horas

Funcionarios del Gobierno vasco entrando en la sede de Lakua./Blanca Castillo
Funcionarios del Gobierno vasco entrando en la sede de Lakua. / Blanca Castillo

El Gobierno de Lakua ve vulneradas sus competencias y los sindicatos auguran que si se cumple la resolución se destruirán «miles de empleos»

Luis López
LUIS LÓPEZ

El Tribunal Supremo considera ilegal la jornada de 35 horas semanales que trabajan los 70.000 funcionarios dependientes del Gobierno vasco, que por lo tanto deberán pasar a hacer 37,5. Con la sentencia conocida ayer se pone fin a un conflicto judicial que se prolongaba desde febrero de 2016 y que, al final, se salda con la victoria de la tesis defendida por el abogado del Estado. Sin embargo, lo realmente peliagudo llega ahora: ¿Cómo se cumplirá la resolución -que es firme- y en qué tiempos? Desde el Ejecutivo de Lakua apuntan a que aún deben estudiar la sentencia en detalle y, en todo caso, las decisiones se tomarán en la Mesa General de la Administración Pública de este mes, que se convocará con la mayor rapidez y se dedicará de manera monográfica a este asunto. Pero los sindicatos mayoritarios, ELA y LAB, ya advierten de que «de ninguna manera vamos a aceptar» el regreso a las 37,5 horas semanales. Un giro que, a su juicio, supondría la destrucción de «miles de puestos de trabajo» eventuales en la Administración vasca.

La historia viene de largo. El Gobierno de Vitoria implantó las 35 horas semanales en el año 2000 tras llegar a un acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, en 2013, con la crisis arreciando, la Administración central llevó a cabo serios ajustes en materia de función pública entre los que se encontraba elevar la jornada a 37,5 horas para todos los funcionarios. Luego, el 2 de febrero de 2016, cuando la economía empezaba a florecer, el Gobierno vasco dictó un decreto por el que se recuperaban las 35 horas. Esa norma fue inmediatamente recurrida por la Abogacía del Estado, que en diciembre de aquel mismo año vio cómo le daba la razón el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Tras aquel revés judicial, el Gobierno de Vitoria recurrió al Supremo.

Las frases

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco:
«Es el enésimo ejemplo de la estrategia de recentralización del Gobierno español»
Igor Eizagirre, ELA:
«Esto es una sucursal de Madrid. No nos vamos a quedar de brazos cruzados»
Gorka Berasategi, LAB:
«De ninguna manera vamos a aceptar que se incremente la jornada laboral»
Raúl Arza, UGT:
«Ya es hora de recuperar derechos en las administraciones públicas»
Comunicado CC OO:
«El Gobierno vasco debe presionar al PP para que revierta de una vez los recortes»

Y ahora llega la sentencia de esta instancia judicial: «Las Administraciones públicas, como es el caso de la Administración autonómica de la Comunidad Autónoma de Euskadi aquí recurrente, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados públicos a su servicio, deben respetar los límites establecidos en la disposición final septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que está vigente». Dicha disposición establece una jornada semanal para el citado personal de 37 horas y media.

«Nadie lo va a entender»

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka, manifestó ayer su «total disconformidad» con la resolución judicial porque supone una «vulneración de la capacidad de auto-organización de la función pública, una competencia explicitada en el artículo 10.2 y 10.4 del Estatuto de Gernika». «Nadie en Euskadi va a entender esta decisión», advirtió. A su juicio, estamos ante «el enésimo ejemplo de la estrategia de recentralización del Gobierno español bajo el pretexto de la crisis».

Ley 2/2012

37,5 horas
es la jornada semanal que estableció el Gobierno central en 2012 para todas las administraciones públicas.

¿Entonces qué? El Gobierno vasco pide un tiempo para analizar la resolución en profundidad, pero asume que es firme y, por lo tanto, no recurrible. La idea es llevar el tema a la Mesa General y allí analizar «entre todos» qué se hace y en qué tiempos. Pero los dos principales sindicatos en la administración vasca, ELA y LAB, ya han marcado su posición: desobedecer la sentencia. Para Igor Eizagirre, responsable de la federación de Servicios Públicos de ELA, estamos ante «un ataque al autogobierno». «¿Qué bilateralidad es esta si ni se puede decidir aquí la jornada de los empleados públicos? Esto es una sucursal de Madrid y no nos vamos a quedar de brazos cruzados». Además, Eizagirre augura que cumplir con la resolución supondría «la destrucción de miles de empleos». Según asegura, la anterior ampliación de jornada, en 2013, provocó «la destrucción de 1.500 empleos sólo en Osakidetza».

Desde LAB, Gorka Berasategi, responsable de la federación de Servicios Públicos, coincide en que «no vamos a aceptar que se incremente la jornada laboral» y aboga por «la vía de los hechos» para defender la situación actual.

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