Fagor-CNA y Vicrila evidencian lo difícil que es resucitar tras un concurso de acreedores

Edesa Industrial, la antigua Fagor Electrodomésticos, volvió a entrar el viernes en concurso de acreedores después de que su propietario, el grupo catalán CNA, que se adjudicó la empresa en una reñida subasta en 2014, haya fracasado estrepitosamente en recuperar cuota de mercado. Hace ya tiempo que reconoció que los compromisos que asumió para imponerse en la puja -como la contratación de 850 trabajadores- partían de unas previsiones demasiado optimistas. Ahora tiene planteado el despido de 141 empleados, de un total de 300, y el cierre de la planta de Garagartza en Arrasate, mientras busca captar un inversor que le ayude.

Vicrila, el fabricante de vidrio de mesa en concurso desde hace justo un año, ha sufrido ya la espantada de dos posibles compradores: Sainberg en abril y Gestiber este mismo mes. Ambas ofertas contaban con el apoyo de la mayoría sindical y de los trabajadores que, sin embargo, habían rechazado hasta ahora una tercera opción, la de Cambium-Glassyfy, porque exigía mayores sacrificios laborales. Pero la primera desistió y la segunda alegó que no podía pagar el precio de 8,5 millones pactado en la adjudicación. Según reconoció, su idea era vender parte del terreno para obtener plusvalías pero no le salió bien.

El de Vicrila y el de Fagor-CNA son casos muy diferentes pero dan pie a analizar los desafíos que entraña la transmisión de unidades productivas, que es el nombre técnico que recibe este proceso. Según explica Pedro Learreta, socio director de Garrigues en la zona norte, esta solución presenta claras ventajas «porque permite aislar la parte menos enferma de la compañía y liberarla de cargas» para darle una nueva oportunidad. «De hecho, funciona mucho mejor que los convenios de acreedores, que no suelen dar resultado porque la empresa concursada suele ser incapaz de cumplir con ellos y termina en liquidación. De los diez convenios que hemos llevado como letrados, solo uno ha salido bien», relata.

No obstante, añade, la transmisión de la unidad productiva a un nuevo inversor también tiene que superar muchos obstáculos. «Uno de ellos es que el comprador no suele estar dispuesto a arriesgar mucho capital en el intento, con lo que no invierte lo suficiente para reflotar el negocio. Se limita a quedarse con unos activos a precio de ganga y si sale bien, adelante, y si no, cierra», comenta Carlos Zaldua de Auren Concursal.

Los administradores concursales y abogados consultados coinciden en que uno de los problemas habituales que surgen en las transmisiones de grandes empresas concursadas, con fuerte impacto social, es que no se consigue aligerar lo suficiente la estructura laboral. «En la valoración de las ofertas se prima más el mantenimiento del empleo que la viabilidad», reconoce Carlos Palomino, del equipo de PKF Attest que acaba de asumir la administración concursal de La Naval.

«El ajuste laboral es complicadísimo. La única forma de hacerlo es a través de un acuerdo, que suele ser muy exigente. Sin pacto laboral es imposible porque te arriesgas a un pronunciamiento en contra de los tribunales de lo Social», apunta Learreta. Desde Auren Concursal añaden que la ley contempla el empleo como un criterio a tener en cuenta cuando se comparen ofertas cuyo precio no difiera en más del 15%.

El caso de Vicrila es paradigmático en este sentido. Los trabajadores han tenido un gran protagonismo en el impulso de unas ofertas frente a otras. Apoyaron en su día la de Sainberg y después la de Gestiber, comprometiéndose incluso a un recorte salarial del 20%. El administrador concursal les escuchó y elevó la propuesta al juez quien, con recelos, aprobó la transmisión a Gestiber. Pero ésta no cumplió «causando un perjuicio devastador a la compañía», según admite el administrador concursal, que acaba de presentar un plan de liquidación para recibir nuevas ofertas. Aunque en los criterios que valorará para la adjudicación siguen figurando el empleo y el acuerdo con el comité, exige que se acredite la solvencia del comprador y, sobre todo, «su seriedad».

No obstante, a la hora de identificar el principal freno al traspaso de unidades productivas todos los dedos señalan a la beligerante Seguridad Social porque «siempre trata de derivar al comprador la carga acumulada por la concursada». Lo explica Carlos Ais, de IparBilbao Abogados: «Hay controversia sobre si el asunto es competencia del juez de lo Mercantil o de lo Social. También sobre si la derivación afecta a los trabajadores subrogados o a todos los que había antes. Esta incertidumbre ahuyenta a los inversores, sobre todo a los extranjeros». «Solo hay claridad si las que compran son sociedades laborales montadas por extrabajadores», coincide Palomino.

En cualquier caso, muchos de los fracasos no vienen de problemas legales sino de que el negocio no remonta, a pesar de haberse liberado de cargas y lastres. «El problema básico es que el concursado se convierte en un apestado y su marca queda muy perjudicada», resume Ais.