Fagor-CNA quiebra ante la imposibilidad de renegociar sus más de 100 millones de deuda

La planta de Edesa Industrial en Basauri, con pasquines contra el cierre. /LUIS ÁNGEL GÓMEZ
La planta de Edesa Industrial en Basauri, con pasquines contra el cierre. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La firma confía en que fragüe alguna de las negociaciones con inversores a los que pide que aporten al menos 16 millones

ALEXIS ALGABA

El presidente del Grupo CNA, Jorge Parladé, ha vivido una semana llena de decisiones comprometidas para su compañía. El lunes, y para «reforzar la seguridad jurídica de la empresa, proteger los intereses de sus clientes y trabajadores, y garantizar la operativa diaria», anunciaba el cambio de domicilio social de Cata Electrodomésticos de Torelló (Barcelona) a Madrid. Y apenas cuatro días después, la firma dio ayer un paso más en la línea de confirmar el fracaso de su gestión para reflotar la histórica Fagor Electrodomésticos, con la presentación en un juzgado de San Sebastián de la entrada en concurso de acreedores de Edesa Industrial, heredera de la cooperativa.

Cuatro años han discurrido de esta forma desde la quiebra del antiguo buque insignia de la Corporación Mondragón a la nueva caída de la renacida compañía ya bajo la dirección de la catalana CNA. Lejos quedan los días en los que el grupo barcelonés avanzó que se alcanzaría una facturación de 400 millones de euros para 2016 y 705 empleos en sus plantas vascas. El destino a corto plazo se antoja muy gris, ya que el posible futuro de la compañía pasa por ser una firma que monte productos fabricados a miles de kilómetros, con alrededor -en el mejor de los casos- de 160 empleados y sin la fábrica de Garagartza en Arrasate, el alma y corazón de lo que en su día fue un proyecto de referencia para la industria vasca.

Algunos datos

141
trabajadores están incluidos en el ERE de extinción, que salva a otros 163, aunque no hay un plan serio de continuidad.
102
millones es lo que debe la firma, algo más de la mitad a un ‘pool’ de bancos acreedores.
-9,8
millones es lo que según el perito del ERE vale la empresa en funcionamiento.

Desde el 30 de junio se tenía constancia de que Edesa Industrial caminaba sobre el alambre tras recurrir al preconcurso de acreedores. Sus redes de seguridad, las que hubieran garantizado la supervivencia sin caer en la quiebra, eran el diseño de un plan industrial solvente, la renegociación de la deuda con la banca acreedora y la posibilidad de encontrar y convencer a un inversor que apostara por la continuidad y aportara liquidez para retomar una producción prácticamente en suspenso desde julio.

A mediados de octubre se cubrió la primera premisa de esta lista, con el despido de 141 trabajadores a través de un ERE de extinción que se ha negado a firmar el comité de empresa al considerar que para los restantes 163 operarios no hay «un plan industrial concreto y de garantías». Pero para el resto no ha habido tiempo, y como el preconcurso vencía el próximo lunes, Edesa ha recurrido al concurso de acreedores voluntario para tratar de descifrar esas dos incógnitas en un plazo máximo de tres meses.

La filial del Grupo CNA señaló ayer, en un comunicado, que «actualmente está finalizando las negociaciones con inversores industriales que le permitirán la presentación de una propuesta anticipada del convenio de acreedores». Y agregó que tiene «absoluta confianza en presentar las ofertas vinculantes que resuelvan definitivamente el futuro de la empresa». Una ‘esperanza’ que también había destacado en julio. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, mostró asimismo confianza en que fructifiquen las negociaciones con «dos inversores internacionales» para salvar Edesa Industrial.

Demasiados requisitos

Pero para que todo salga bien, harán falta muchas más horas de negociación con el fin de solucionar los frente abiertos. De un lado, los trabajadores han rechazado el plan de viabilidad por poco definido y que en la práctica supone fabricar muy poco en Euskadi, para convertir la empresa en una comercializadora de productos fabricados en China o en países de bajo coste con la mitad de empleo que hoy.

Además, la firma tiene una deuda de alrededor de 102 millones de euros, algo más de la mitad con su ‘pool’ de bancos acreedores, que debe refinanciar tras convencer a las entidades de crédito correspondientes.

También necesita encontrar una ubicación nueva, pues asegura que Gagarartza es carísimo y no le compensa seguir allí. De hecho, el llamado Plan de Viabilidad incluye una partida de un millón para el traslado al nuevo emplazamiento. Y, para rizar el rizo, CNA ha de encandilar a un inversor industrial que aporte, de entrada, 16 millones en los próximos años para ayudarle a relanzar la marca Fagor y sus productos, que con tanto tiempo sin producción han perdido espacio en el mercado.

Una enseña, la de Fagor, que no es propiedad del grupo catalán sino de la cooperativa de segundo grado (cooperativa formada a su vez por cooperativas) Fagor S Coop., que condiciona el alquiler a que Cata mantenga buen número de empleos industriales directos en Euskadi. Una casuística del todo difícil en la coyuntura actual.

Las cosas pintan oscuras. De hecho, el perito encargado del informe adjunto al Expediente de Regulación de Empleo reserva un apartado a la hipótesis de «no continuidad» de la firma y desgrana sin ambages la situación: «El valor actual de la empresa como unidad de negocio en funcionamiento sería negativo (9,8 millones), puesto que no genera ningún recurso ni se espera que lo haga en el futuro, sino que los consume. Cuanto más produce, más pierde». En suma, «en la situación descrita, el cierre de la empresa y su liquidación maximizaría el valor actual de la misma».

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