Condenan a Tekniker a pagar 101.000 euros a una empleada por mal ambiente de trabajo

Juan Ignacio Marcos. / Pedro Urresti

Un juzgado de Eibar cree que el centro tecnológico «debería haber actuado» al conocer el conflicto, que sumió a la afectada en una larga depresión

Ivia Ugalde
IVIA UGALDE

El centro tecnológico IK4-Tekniker, con sede en Eibar y presencia institucional, ha sido condenado por el juzgado de lo social número 1 de la citada localidad guipuzcoana a pagar 101.046 euros a una empleada porque el mal ambiente en el trabajo le provocó serios problemas de salud. V.S.C. -las iniciales con las que prefiere ser identificada la afectada- fue víctima desde 2010 de «un conflicto laboral» con su jefa, la directora de Recursos Humanos, lo que le llevó a «realizar funciones para las que no había sido contratada» y sufrir continuos cambios de puesto de trabajo, según explicó ayer el letrado de la empleada, Juan Ignacio Marcos, que a su vez es el coordinador del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación.

La «existencia» de la «mala relación» entre la trabajadora y la responsable de Personal era conocida por la dirección de Tekniker, subraya la sentencia, del pasado 10 de julio. A partir de esa constatación, la jueza considera que la «situación de conflicto debería haber provocado la actuación de la empresa a fin de proteger el derecho de la demandante a la salud». Por ese motivo, responsabiliza a la compañía de la baja laboral que cursó la empleada en octubre de 2011 «por un trastorno adaptativo con ansiedad y reacción depresiva prolongada». A ello se sumó que, un mes después, fue despedida de forma «improcedente», como reconoció el propio centro tecnológico en la carta que remitió a V.S.C.

«Hay más sensibilidad judicial. La protección al trabajador va más allá de que se produzca acoso» Interpretación del fallo

Aunque según Marcos estas situaciones «son frecuentes», lo peculiar de la sentencia es que se trata de «una indemnización poco común», a la que también deberá hacer frente la aseguradora Mapfre, con la que el centro tecnológico firmó una póliza que excluía las «alteraciones psicofísicas de la salud». La explicación de tan alta cuantía estaría en que es un caso «prolongado y sabido por la dirección, que no hizo nada para remediarlo». La «gravedad» de las consecuencias se constata en las secuelas que ha dejado en la trabajadora: seis años después «continúa con seguimiento médico y tratamiento farmacológico», apunta la jueza. Todo ello sin contar que, además, le acarreó una «incapacidad temporal» durante 17 meses.

Marcos, que tipifica lo ocurrido a V.S.C. como «accidente laboral», cree que la sentencia refleja una mayor «sensibilidad judicial», ya que «la protección al trabajador va más allá de que se produzca un caso de acoso», en línea con el hecho de que Euskadi es la comunidad «más avanzada» en la «doctrina de riesgos psicosociales». Y como prueba, agrega, están otras dos sentencias en firme de las que de hecho parte el juzgado de Eibar para su fallo. Una de ellas contra la UPV «por situaciones similares» y otra contra Osakidetza por el caso de una enfermera a la que el Servicio Vasco de Salud debió pagar 144.000 euros tras concedérsele la «invalidez absoluta» por falta de seguridad laboral.

Sin protocolos

Para el coordinador del Observatorio Vasco de Acoso, es significativo que la condena sea contra Tekniker, al que considera «buque insignia» de Euskadi. De hecho, la propia sentencia señala que el centro contribuye con sus más de 270 empleados a «incrementar la capacidad de innovación del tejido industrial», lo que contrasta con la circunstancia de que «carecía de evaluación de riesgo psicosocial de la trabajadora» y se habría limitado «a poner en marcha un protocolo de acoso en fase de borrador».

El fallo puede ser recurrido, aunque Marcos ve «difícil modificarlo» porque es «muy completo». Su intención es hacerlo para que se reconozca el «daño al honor» de la empleada y se responsabilice también de lo ocurrido a la directora de Recursos Humanos y no sólo a Tekniker.

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