Las dudas de las listas de paraísos fiscales

Las dudas de las listas de paraísos fiscalesGráfico

La UE prepara una recopilación de estos territorios basado en la colaboración real y transparencia que no convence a las ONG

DAVID VALERA MADRID.

'Hacienda somos todos'. Ese es, sin duda, el eslogan más famoso de la Agencia Tributaria para recordar las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos tiempos las investigaciones judiciales por tramas de corrupción o diversas filtraciones de despachos de abogados han demostrado que hay numerosos agujeros negros tributarios a lo largo de la geografía mundial. El caso más reciente son los llamados 'Paradise papers', que ponen de manifiesto como algunas personalidades políticas, empresariales y sociales utilizaban territorios opacos para eludir el pago de impuestos.

Sin embargo, lo curioso es que muchos de los territorios donde se ubican las sociedades 'offshore' no están considerados paraísos fiscales por España, la UE ni la OCDE. Una circunstancia que ha provocado que estos gobiernos y organismos preparen unos nuevos criterios para elaborar listas negras de paraísos fiscales. Sin embargo, desde varias ONG advierten de que estos listados que se preparan son «parches». Pero, ¿qué novedades aportan esas futuras listas?

Hasta ahora el único requisito que se exigía a nivel internacional para dejar de ser considerado un paraíso fiscal era firmar un acuerdo de intercambio de información. Ese es el modelo que siguió España para elaborar su propia lista negra en 1991 con 48 países. Sin embargo, desde entonces se ha reducido a 32 nombres gracias a esos acuerdos. Eso ha provocado que en ella no aparezcan países tan polémicos como Andorra, Panamá o Suiza.

Acuerdos bilaterales

El problema es que la puesta en marcha de esos acuerdos no significa que esos territorios colaboren de manera efectiva. De hecho, tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda recuerdan que al reclamar información sobre una persona no puede hacerse de forma genérica, sino debe ser una petición concreta al banco en el que se sabe que tiene una cuenta. Además, Hacienda tiene que demostrar que se investiga a ese contribuyente por un delito fiscal que a veces no contempla la legislación del país de destino, lo que complica el proceso.

Ante el evidente fracaso de este modelo la comunidad internacional apuesta por nuevas herramientas como el intercambio automático de información, firmado por un centenar de países, entre ellos España. Un sistema que permite agilizar los trámites a través de peticiones estándares de información.

Sin embargo, la clave para su éxito es que se sumen aquellos territorios más reacios a colaborar. «Este mecanismo no funcionará porque sólo lo han suscrito las economías más avanzadas», explica Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermon. Además, lamenta que en esta información sólo se refiera a los titulares físicos de cuentas bancarias, que en muchos casos son simples testaferros, y no pueda saberse en el caso de las personas jurídicas, es decir, las empresas. A su juicio, esto dificulta saber «quiénes están realmente detrás de una compañía 'offshore'».

Precisamente, la eficacia en el intercambio de información y la transparencia fiscal serán unos de los nuevos requisitos en la lista de paraísos fiscales que prepara la UE y que pretende publicar antes de finales de año, según acordaron los ministros de Economía en el último Eurogrupo. Hasta ahora hay un borrador preliminar con 44 países o territorios candidatos. Entre ellos se encuentran lugares tradicionales como Islas Vírgenes o Andorra, pero también otros menos habituales como el estado estadounidense de Delaware, Brasil, Turquía o Israel. Y es que, además de la colaboración, otro criterio que se tendrá en cuenta es el bajo o nulo grado de tributación en el Impuesto sobre Sociedades.

El problema de este listado es que deja fuera cualquier país comunitario. Por tanto, se excluye Luxemburgo, protagonista del caso 'luxleaks' en el que multinacionales llegaron a acuerdos secretos para tributar menos de un 1%, o Irlanda y Holanda, que Oxfam Intermon consideran territorios de baja tributación. También quedaría fuera Gibraltar.

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