Competencia da la razón a Euskaltel e impone una multa de 8,5 millones a Telefónica

Vista de la sede de Telefonica en Barcelona. /Reuters
Vista de la sede de Telefonica en Barcelona. / Reuters

Estima que hundió el precio de forma irregular en el concurso del Gobierno vasco

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

La Comisión Nacional de la Competencia, CNMC, ha dado la razón a la operadora vasca Euskaltel en una demanda presentada contra Telefónica y que tiene como trasfondo el concurso convocado por el Gobierno vasco a finales de 2015 para adjudicar la mayor parte de sus servicios de telecomunicaciones. La CNMC ha decidido imponer una multa de 8,5 millones a Telefónica al entender que realizó una oferta con precios «irreplicables». Esto es, que ningún otro operador podía igualar ya que le hubiesen generado pérdidas con total seguridad. La CNMC desestimó la petición de Euskaltel de anular el concurso y ha optado por la sanción. En la actualidad, Telefónica controla aproximadamente el 96% de la facturación de telecomunicaciones de la Administración vasca y ya ha anunciado que recurrirá la sanción de la CNMV ante los tribunales.

El Ejecutivo autónomo sacó a concurso sus telecomunicaciones en varios lotes. El acceso a internet fue el único que cayó en manos de Euskaltel –hasta ese momento proveedor mayoritario de la Administración vasca–, por un importe de apenas 300.000 euros anuales. Los lotes de telefonía fija, envío masivo de mensajes «SMS» y móvil, fueron adjudicados a Telefónica por un periodo de dos años –con uno adicional de prórroga– y un precio de adjudicación de 4 millones de euros anuales. El lote más jugoso, que ha sido precisamente el centro de la polémica, era el del tráfico directo de datos entre 1.570 edificios –oficinas, colegios, hospitales, centros de salud, etc...– pertenecientes al Gobierno vasco. Fue adjudicado a Telefónica por un periodo de cuatro años –con la posibilidad de prorrogarlo por uno más– por 7 millones de euros anuales.

Tan solo Telefónica y la operadora vasca presentaron ofertas al lote de tráfico de datos pero, en realidad, ni siquiera hubo «competición». La propuesta de Euskaltel fue rechazada por el Gobierno vasco, que ni llegó a calificarla mediante el sistema de puntuación previsto en los concursos, al rechazarla por razones técnicas. En concreto, porque Euskaltel reconocía que en ese momento no estaba en disposición de ofrecer el servicio solicitado en unos 120 edificios, sin poder determinar tampoco el periodo de tiempo que necesitaría para hacerlo. En ese contexto, Telefónica resultó adjudicataria porque permaneció como única oferta. Así las cosas, Telefónica defiende que no hubo «alteración del mercado» ya que la oferta de Euskaltel fue descartada no por razones de precio sino porque no garantizaba el cumplimiento de las exigencias del servicio que demandaba el Ejecutivo vasco. «Por tanto, Telefónica fue el único operador concurrente y su conducta no pudo distorsionar la competencia. Al contrario, su conducta tuvo un efecto positivo en el mercado, ya que el Gobierno vasco viene disfrutando de unos servicios de telecomunicaciones avanzados, de gran calidad y a un precio acorde con el mercado», señalan fuentes de Telefónica.

Pero Euskaltel decidió plantar batalla y encontró un argumento aparentemente sólido sobre el que construir su protesta, incluso con carácter previo al análisis técnico de sus ofertas. Los precios ofrecidos por Telefónica –opinaba la operadora vasca– eran imposibles e «irreplicables». Esto es, ningún operador podía ofrecer una tarifa tan baja ya que los costes de la «materia prima» –el acceso a la red de fibra óptica– eran más caros que la propia oferta realizada al cliente final. El acceso a la red para el tráfico de datos es una actividad regulada y de precios intervenidos, que obliga a los operadores que tienen red de fibra en propiedad a alquilarla a otras empresas del sector. Telefónica ofertó este servicio –el lote estaba dividido en tres productos diferentes– por un total de 13 millones de euros para los cuatro años de contrato y, concluye la Comisión Nacional de la Competencia, eso está «fuera del mercado». Según los estudios que ha hecho la CNMC, si cualquier operador se decidiese a alquilar la red necesaria para poder hacer una oferta al Gobierno vasco, debería pagar por ello un mínimo de 21 millones de euros, esto es, ocho más que lo que Telefónica pedía al cliente final. A esos 21 millones, otro operador debería sumar costes adicionales de equipos en las sedes, el de los servicios añadidos a la red, los de mera administración y, por último, su beneficio de explotación. En suma, entre el coste de la «materia prima» según los precios regulados y la oferta de Telefónica al Gobierno había una gran brecha, insalvable para cualquier operador.

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