En busca de la sostenibilidad perdida

Recapitulemos los antecedentes. La actualización anual de las pensiones con el IPC ha sido una práctica tradicional hasta 2013. La deficiente evolución financiera de la Seguridad Social introdujo entonces una reforma por la que la actualización de las prestaciones quedó sujeta a una compleja fórmula, con un límite mínimo de revalorización del 0,25% y máximo del IPC más medio punto porcentual. Igualmente se acordó la entrada en vigor a partir de 2019, o sea, del año que viene, de un llamado 'factor de sostenibilidad' que supone vincular la pensión a la evolución de la esperanza de vida. Ambos aspectos citados implican, en la práctica, recortar las pensiones presentes y futuras, adecuándolas a la mayor esperanza de vida.

A pesar de estas medidas, el saldo de la Seguridad Social en España es deficitario y su evolución, altamente preocupante. Dicho de otra manera: los recortes introducidos se muestran insuficientes.

La situación aludida no apunta, en principio, a cómplices o a culpables, sino que descansa en bases objetivas. ¿A qué se debe la evidencia de un sistema quebrado? A reconocer que los factores demográficos han producido un vuelco cuántico en las pirámides poblacionales. A que el número de pensionistas, que hoy ronda los 8 millones, se estima en 15 millones en 2047. A que en los próximos 50 años España perderá un 12% de su población actual. A que el país envejece 'desde abajo', motivado por unas tasas anémicas de fertilidad, y 'desde arriba', consecuencia de los incrementos en la esperanza de vida poblacional. A que la tasa de dependencia -el número de cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista- decrece muy rápidamente. A que las pensiones nuevas son sensiblemente más altas que las pensiones que causan baja por fallecimiento, mientras las cotizaciones de los trabajadores activos son modestas dados los actuales niveles de salarios. A que la crisis ha reducido el número de empleos en relación a 2017 y por lo tanto el número de cotizantes. Y a que, además, se produce una 'contributividad' anómala, en virtud de la cual el importe total de las pensiones cobradas por un jubilado es muy superior a las contribuciones realizadas por el mismo durante toda su vida laboral.

El resultado de todo ello es que el modelo español de pensiones pagará este año 140.000 millones en prestaciones, pero solo ingresará 122.000 millones, por lo que se saldará con un déficit de 18.000 millones de euros. Un déficit menor que el de 2019, que a su vez será, previsiblemente, inferior al de 2020.

En este contexto y de forma súbita -mediante el acuerdo cerrado entre populares y nacionalistas vascos- las pensiones se actualizarán con el IPC este año y en 2019, al tiempo que se aplaza a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad.

Como es obligado, aunque estas se encarecen -2.300 millones en dos años y 43.800 en dos décadas, de mantenerse-, las pensiones seguirán pagándose. Lo que nos lleva a descubrir la panacea financiera: las pensiones, sufragadas con deuda pública y/o con cargo a los presupuestos generales del Estado. Si en su actual diseño las pensiones son insostenibles, la financiación con fondos presupuestarios es la presunta puerta a la nueva construcción de la protección social.

Pero no hay que ser un lince para apreciar que, por este camino, el problema no se soluciona, sino que simplemente se traslada. A su vez, el endeudamiento tiene un límite y las subidas de impuestos también. Además, el déficit presupuestario se desborda y los compromisos con Europa se incumplen.

No es utópico vaticinar asimismo que en un trueque como el descrito, en breve, el contribuyente haga patente su malestar o, en su caso, como los pensionistas de hoy, estalle en pública indignación.

Retomar la sensatez y el consenso ordenado de los pactos de Toledo sigue resultando, en consecuencia, insoslayable.