Un juzgado de Bilbao obliga a un banco a devolver parte de los gastos de un préstamo por las «cláusulas abusivas»

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de la capital vizcaína exige a Caixabank que reintegre el 50% de los gastos notariales y de gestión, el 70% de los de tasación y todos los aranceles del registrador

EUROPA PRESS

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao obliga a Caixabank a devolver la mitad de los gastos notariales y de gestión, el 70% de los de tasación y el total de los aranceles del registrador al anular por «abusivas» las cláusulas de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito por un cliente el 8 de abril de 2013.

La sentencia es de las primeras que se han dictado en Bizkaia que impone a un banco el abono de estos gastos derivados de la hipoteca. Este órgano judicial dictó la resolución el 29 de marzo, justo antes de que entraran en funcionamiento en Euskadi el pasado 1 de junio los tres Juzgados de cláusulas suelo y de cláusulas abusivas en contratos de financiación con hipoteca.

La sentencia declara nulas «por abusivas» dos cláusulas del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito por el cliente el 8 de abril de 2013. En concreto, anula la cláusula quinta por la que se repercuten a la parte prestataria los gastos notariales, registrales, de gestión y de tasación, además de la cláusula sexta en la que se establece un interés de demora del 18%.

Por ello, obliga a Caixabank a abonar el importe de 1.000 euros, junto con los intereses legales. Además, le impone el pago de las costas procesales. De esta forma, rechaza los argumentos de la entidad demandada que alegó que se trataba de «cláusulas equilibradas», y le obliga a no aplicarlas en el futuro.

El Juzgado de Primera Instancia de la capital vizcaína recuerda que el Tribunal Supremo, en su conocida sentencia de diciembre de 2015, declaró «la abusividad de las cláusulas de gastos incluidas en las condiciones generales» de un banco, al entender que «trasladan al consumidor gastos que, por naturaleza, correspondían al prestamista». En esta línea, destaca que, «en particular, declaró la abusividad de la repercusión al consumidor de los gastos notariales y registrales, del impuesto sobre actos jurídicos y determinados gastos procesales y preprocesales», aunque «mantuvo la validez de la repercusión de los gastos derivados de la contratación del seguro de daños sobre el inmueble».

De esta forma, explica que, en opinión del alto Tribunal, «por una parte, se transmite al consumidor y usuario gastos de gestión que no le son imputables, y por otra, impone al consumidor los gastos de documentación y tramitación que por Ley corresponden a la entidad financiera, en especial por estipular que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que, por su naturaleza, correspondan al empresario».

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