El Gobierno aprueba el acceso universal a una cuenta bancaria básica

El ministro de Economía, Luis de Guindos./EFE
El ministro de Economía, Luis de Guindos. / EFE

El Banco de España realizará una comparativa del cobro de comisiones por servicios de pago como transferencias o depósitos

David Valera
DAVID VALERAMadrid

El Gobierno ha aprobado el decreto sobre cuentas básicas de pago que permitirá el acceso universal a este servicio, que incluye depósitos, retirada de efectivo, transferencias y una tarjeta de débito. Esta medida responde a una directiva europea que debía haberse traspuesto a la legislación española hace un año.

En concreto, el decreto garantiza a todos los residentes, demandantes de asilo o a aquellas personas que no residan legalmente pero no se les pueda expulsar poder abrir una cuenta de pago. Los bancos no podrán rechazar a ningún cliente, salvo por motivos de orden público o de blanqueo de capitales o porque ya tengan una cuenta abierta.

Eso sí, estas cuentas básicas podrán estarán sujetas a comisiones por parte de las entidades financieras. Para evitar abusos, el Ministerio de Economía fijará mediante una orden ministerial unas comisiones máximas por estos servicios. Para establecer este tope se tendrá en cuenta las comisiones medias que ya se cobran en el mercado, según explican fuentes del departamento de Luis de Guindos.

Asimismo, el decreto establece que el Banco de España realizará un comparador de comisiones por estos servicios de pago. Es decir, por mantenimiento de cuenta, transferencia... pero no se incluirán comisiones por otras causas como las comisiones hipotecarias, por ejemplo.

Además, las empresas privadas que realicen comparadores sobre las comisiones de pago serán supervisados por el Banco de España, algo que hasta ahora no ocurría. De esta forma, deberán demostrar que la información que ofrecen es veraz e independiente y para ello deberán indicar quiénes son sus propietarios.

Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado un decreto sobre información no financiera que también es la trasposición con retraso de una directiva europea. La medida afecta a las empresas grandes (más 500 empleados, con activos superiores a 20 millones y una facturación de más 40 millones euros). Estas compañías deberán publicar información sobre cómo afecta su actividad a cuestiones medioambientales y sociales.

Además, también obliga a que expliquen su política de diversidad a la hora de seleccionar a los miembros de su consejo de administración. Una medida que busca potenciar la presencia de las mujeres en esos órganos de dirección.

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