La agenda 2030

La incorporación de la empresa privada es un paso crítico en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

La agenda 2030
Manfred Nolte
MANFRED NOLTE

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes políticos aprobaron en Naciones Unidas la entrada en vigor de la Agenda 2030. El plan está basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan los desafíos globales en el curso de los próximos doce años. Esta agenda aspira al progreso social y económico sostenible en todo el mundo y se construye sobre los cimientos de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No solamente busca erradicar la pobreza extrema en el planeta sino integrar las tres dimensiones del desarrollo -económico, social y ambiental- en una visión global, equilibrada e integral.

Desde entonces, de forma periódica, he expresado mis cautelas sobre la viabilidad de los ODS. Por varias razones.

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Los ODS son un proyecto aspiracional, una ambición aplaudible pero desmesurada. Los ODS han registrado una explosión en el número de objetivos (de 8 a 17) y de metas (de 18 a 169) tan amplios y envolventes que abarcan a la totalidad de las variables sociales, políticas y económicas de la problemática socio ambiental del norte y del sur. Una concentración de objetivos habría hecho probablemente al plan más realista y viable.

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La indefinición en las fuentes de financiación del proyecto. El plan deberá pasar de los miles de millones de los ODM a los doce billones de dólares necesarios de los ODS, según el Banco Mundial. En un entorno de intereses nacionales dispares, los gobiernos han mostrado poco apetito para financiarlos, y la reunión de Naciones Unidas en Adis Abeba posterior a la Declaración escuchó palabras grandilocuentes pero comprometió pocos recursos adicionales para ayudar a los países más vulnerables. Se citan los tradicionales cauces de la ayuda oficial al desarrollo junto a fondos privados, a través de las asociaciones mixtas que la ONU consagra en el ODS 17, así como de procesos, como la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos o el Mecanismo Global de Financiamiento. Pero casi todo está cogido con alfileres

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La ausencia de un modelo de gobernanza para las potenciales asociaciones de actores presentes en la implementación de los ODS, lo que confiere al proyecto una merma de responsabilidad y transparencia. Los ODS llaman a un ‘partenariado’ global entre Naciones Unidas y el sector privado para asegurar las inversiones anuales necesarias, algo que recuerda a la Iniciativa de Rediseño Global propuesta en Davos en 2012 y que transformaba a la ONU en una asociación público-privada. O sea que el llamado empoderamiento de los ODS abre nuevos caminos pero sin aclarar el cómo y el cuánto del nuevo diseño

Han pasado dos años largos desde que España aprobó la aplicación de la Agenda 2030 y hasta el momento no logra cumplir ninguno de sus Objetivos. Según el índice de los ODS de 2017, que cada año elabora el Sustainable Development Solutions Network de Naciones Unidas y la Fundación Bertelsmann para medir el grado de cumplimiento alcanzado por cada país con estos objetivos, España se sitúa en el puesto 25 de un ranking de 157 países.

Optimismo moderado

Hay, no obstante, entre nosotros, algunos brotes para el optimismo moderado. El Gobierno vasco ha asumido como propios los objetivos ODS en la elaboración de la Agenda Basque Country 2030. Esta hoja de ruta vasca recoge compromisos y mecanismos de evaluación del Ejecutivo vasco sometidos a contraste y validación por parte de Naciones Unidas. La semana pasada, 117 empresas vascas han firmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas con los ODS. Su objetivo es fomentar la implantación de los 10 Principios del Pacto para la sostenibilidad empresarial y el desarrollo sostenible en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

La incorporación de la empresa privada a los ODS es un paso crítico en la estrategia de responsabilidad social. No se trata del tradicional marketing sin alma para contar con una coartada social. Promover los ODS otorga propósito, licencia social para operar, sentimiento de pertenencia y fidelización con los grupos de interés de cada una de ellas.

El viernes pasado se publicaba, además, la noticia de que la ‘compra verde’ pública en Euskadi -una opción hasta ahora voluntaria para las entidades públicas- será de obligado cumplimiento desde marzo.

Queda un largo trayecto hasta la utopía.

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