Operación 'Soule'

El CSD inicia el camino para la inhabilitación de Villar

José Ramón Lete, presidente del CSD. /Cabalar (Efe)
José Ramón Lete, presidente del CSD. / Cabalar (Efe)

El Gobierno garantiza el desarrollo normal de todas las actividades en el fútbol español

I. T.Madrid

Tras conocer el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el Consejo Superior de Deportes anunció que solicitará de forma inmediata al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la incoación de expediente disciplinario a los directivos de la Federación Española de Fútbol (FEF) enviados a prisión incondicional y sin fianza. Asimismo, el órgano presidido por José Ramón Lete procederá a convocar a la Comisión Directiva del CSD para acordar la suspensión provisional de Ángel María Villar y su vicepresidente Juan Padrón, una vez conocida la decisión que adopte el TAD.

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A pesar de la trama de corrupción que ha puesto a la FEF en el disparadero internacional, desde el Gobierno se ha tratado de transmitir desde el primer momento un mensaje de tranquilidad a la afición al garantizar el desarrollo normal de las actividades previstas. Para empezar, este viernes se celebrará el sorteo de Liga de Primera y Segunda División, aunque no en el marco de la tradicional Asamblea del fútbol español sino en un acto de tipo administrativo.

El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró ya antes de conocerse el ingreso en prisión de Ángel Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón que el Gobierno ha tomado «las riendas» para que lo que está ocurriendo no afecte al fútbol en la práctica diaria. «Tranquilidad a todos los amantes del fútbol. El Gobierno velará porque lo que estamos viendo en estos momentos no perturbe el funcionamiento normal de la federación y de la competición», remarcó.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Méndez de Vigo explicó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «no hace ningún comentario sobre actuaciones judiciales en curso porque hay que ser respetuoso». Apeló a la «prudencia», toda vez que la Constitución recoge el «derecho a la presunción de inocencia» hasta que haya sentencia firme, pero destacó que el Gobierno del PP cumplió con su cometido al poner en conocimiento de la Fiscalía las presuntas regularidades detectadas.

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