El Tribunal Superior invalida la adjudicación del servicio de la OTA en Bilbao

Como las resoluciones del OARC son ejecutivas, Eysa y Cycasa se hicieron cargo del servicio en aquel momento, pese a que quedaba abierta la vía judicial. A ella se encomendó Gertek y el Ayuntamiento de Bilbao, que había visto cómo el órgano del Gobierno vasco desacreditaba a sus técnicos. Pues bien, ahora, casi año y medio después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) les acaba de dar la razón, según ha podido saber EL CORREO. En una sentencia fechada el 27 de marzo, y de la que anteayer tuvieron noticia las partes implicadas, considera que la adjudicación inicial es la buena, y que la OARC metió la pata. «Debemos anular y anulamos la resolución recurrida y, en consecuencia, declaramos la validez de la mencionada resolución del Ayuntamiento de Bilbao», dice el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

El asunto puede tener un impacto económico importante en forma de indemnizaciones millonarias, porque el contrato no es menor: supone gestionar la OTA durante cuatro años, prorrogables dos más, con un valor estimado de 55,7 millones de euros. De eso se ha privado a Gertek (que gestiona servicios similares en lugares como Durango o Tolosa), por lo que ha dejado de ingresar unas cantidades importantes (lo que se conoce como lucro cesante) que podría reclamar. Pero es que, además, Eysa y Cycasa habrían asumido unas inversiones de buena fe atendiendo a una resolución que, en principio, tenía todas las de la ley. Si ahora se ven removidas del servicio, también podrían aspirar a un resarcimiento.

¿Quién pagará las facturas y a cuánto ascenderán? Todo está por determinar. Fuentes del Área de Movilidad del Consistorio explicaron ayer a este periódico que ya han puesto a trabajar a los servicios jurídicos para analizar el alcance de esta nueva crisis en un servicio que parece estar maldito: no sólo por la huelga que lo paralizó durante casi mes y medio en el arranque del año, sino por los miles de fallos e incumplimientos que durante 2017 llevaron a que el Ayuntamiento multase a la actual adjudicataria con 120.000 euros. En cualquier caso, los mismos medios municipales aseguran que este nuevo episodio no le va a costar un euro a los bilbaínos, porque la sentencia le da la razón al Consistorio. En fin, que no tendría sentido que tener razón le acabase penalizando.

Las empresas implicadas también se están pensando qué hacer. Fuentes de Gertek -que había concurrido al concurso con Acciona- se felicitaron ayer por la resolución, pero prefieren esperar a que la sentencia sea firme, ya que Eysa y Cycasa tienen treinta días para recurrir en casación al Tribunal Supremo. ¿Lo harán? José Antonio Sobrino, gerente de esta Unión Temporal de Empresas (UTE), es prudente y pide tiempo. «La asesoría jurídica lo está analizando; es un asunto de mucha trascendencia que deberemos plantearnos». En todo caso «es el Ayuntamiento el que debe decidir cómo ejecutar la sentencia», si «interrumpir el servicio» y el modo de hacer la transición. En este sentido, desde el Área de Movilidad garantizan que los usuarios no se verán afectados en ningún caso.

Queda pendiente la pregunta del millón. ¿Quién pagará las posibles indemnizaciones que se puedan derivar? El Ayuntamiento insiste en que no será él. Y la OARC tampoco lo ve. Fuentes del Gobierno vasco señalaron ayer que este órgano se limitó a emitir una resolución «fundada en Derecho y justificada», por lo que no procedería exigirle responsabilidades patrimoniales.

Otra opción sería que Gertek, y Eysa y Cycasa, todas ellas firmas dependientes de contratos públicos, negocien con el Ayuntamiento una transición ordenada en la que no haya grandes perdedores.