El Tribunal de la Competencia rechaza los límites que pone Bilbao a los pisos turísticos

Así lo subrayó ayer la presidenta de laAVC, Alba Urresola, en la presentación del plan estratégico de esta entidad en la comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco. Según dijo, la redacción de este documento, que estará finalizado antes del verano, ya está en marcha e incluso se han mantenido reuniones con ambos ayuntamientos «para conocer mejor la realidad de cada ciudad y no tomar decisiones desde un aislamiento del mundo de la competencia, sino teniendo una visión de conjunto».

El objetivo del estudio es establecer las pautas para que las normativas municipales erradiquen «barreras de entrada no necesarias ni proporcionales a la realización de cualquier tipo de actividad económica». Porque, a juicio del tribunal, esto es lo que han detectado en el caso de Bilbao. El Ayuntamiento ha justificado la reforma de su planeamiento en este terreno en argumentos de interés general para proteger el entorno urbano y que afectarían desde el orden, seguridad y salud pública a la existencia de «inequívocos impedimentos técnicos». A juicio del tribunal de la competencia, sin embargo, «no existen» esas «razones». Al contrario, insiste en que las «barreras» establecidas por la Administración bilbaína a los pisos turísticos incumplen «los requisitos legales y deben ser removidas».

La apuesta de Autoridad Vasca de la Competencia, pasa por permitir el «libre desarrollo» de los pisos y habitaciones turísticas siempre y cuando su actividad no esté prohibida por la Ley de Propiedad Horizontal, «o en los estatutos de la comunidad de propietarios». De hecho, los responsables de este organismo insisten en que son los propios residentes «las entidades más apropiadas para limitar o prohibir la realización de actividades económicas» en sus edificios, sobre todo si generan problemas de ruido o de convivencia. El propio decreto regulador que desarrollará este aspecto de la Ley Vasca de Turismo, en vigor desde agosto desde 2016, incidirá en este punto –su entrada en vigor se espera para marzo–, ya que remarca la potestad de las comunidades para prohibir los pisos turísticos en sus portales si así lo deciden por unanimidad y lo recogen por escrito en sus estatutos.