El Correo

El funcionario acusado de vender datos de contribuyentes sigue trabajando en la Hacienda de Bizkaia

Interior de la Hacienda de Bizkaia durante la campaña de la renta.
Interior de la Hacienda de Bizkaia durante la campaña de la renta. / EL CORREO
  • El fiscal pide 61 años de cárcel para el empleado público, que cobró 3.850 euros por facilitar información a una trama, según Anticorrupción

El funcionario de la Hacienda de Bizkaia acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona de vender datos de contribuyentes -y para el que se pide una pena de 61 años de prisión- continúa destinado en su puesto de trabajo, el mismo en el que se aprovechó de su acceso a las bases de datos para conseguir información privada de los ciudadanos, según confirmaron ayer los portavoces forales.

La oficina Anticorrupción de Barcelona sostiene en su escrito de acusación que este empleado foral hizo llegar datos personales de los contribuyentes a una red que suministraba información a agencias de detectives y a empresas que elaboran dossiers empresariales. El acusado, según el Ministerio Público, cobró 3.850 euros por entregar los datos. También están acusados el detective privado de Bilbao Aitor G. S., al que se piden 35 años de prisión, y un guardia civil entonces destinado en Álava, para el que reclaman 20 años.

Según portavoces de la Diputación, el trabajador no ha sido apartado de su puesto ya que no era posible hacerlo de forma legal. Las mismas fuentes señalaron que el Fernando I.G. ya estaba siendo investigado por las sospechas sobre su comportamiento antes de que en 2012 la Policía Nacional le detuviera y se incautase de la documentación de su ordenador. Con anterioridad incluso se le había abierto un expediente. El proceso administrativo, sin embargo, quedó paralizado después de que se tuviera conocimiento de su procesamiento en los juzgados. Los portavoces forales añadieron que la Diputación no se ha personado como afectada en el proceso y esperaran a que les llegue la documentación de la Fiscalía para decidir si se acuden a la vía legal.

La trama investigada en la denominada ‘Operación Pitiusa’ estaba dirigida por un ciudadano ya fallecido que actuaba como coordinador de diversos funcionarios de todo tipo de instituciones y agencias que deseaban acceder a información privada. En la operación se detuvo a 76 personas en 2012, pero ahora se ha comenzado a actuar contra once de ellas ya que la causa se dividió en distintos apartados.

Devolución del dinero

La acusación elaborada por la Fiscalía afecta a los dos funcionarios que actuaban en el País Vasco y al detective privado de Bilbao. En el caso del empleado de la Hacienda vizcaína, la acusación asegura que el 26 de junio de 2006 y entre enero y noviembre de 2011 consiguió datos de dos particulares. A cambio de ello recibió 100 euros en 2006 y 3.570 durante 2011.

En el caso del detective y el guardia civil investigados, la Fiscalía asegura que el agente del instituto armado ofreció datos sobre vehículos privados. En el escrito de acusación, no obstante, se asegura que «no queda acreditado» que el funcionario recibiera dinero por su actividad ilícita. El texto del Ministerio Público precisa que los dos funcionarios procesados cometieron sendos delitos contra la intimidad en su modalidad de revelación de secretos. En el caso del trabajador de la Hacienda vizcaína, también se pide que devuelva el dinero conseguido con la venta de información.

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