El Correo

La ONU condena a España por no proteger a una niña que fue asesinada por su padre

  • Ángela González presentó más de treinta denuncias contra su exmarido antes de que matara a su hija Andrea, de siete años, en 2003

Naciones Unidas condenó a España por su ineficacia y falta de diligencia para evitar la violación de los derechos humanos de Ángela González, víctima de violencia de género, y su hija Andrea, asesinada por su padre antes de suicidarse. El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) ha sido el encargado de evaluar el caso de esta mujer, que acudió a las autoridades en más de treinta ocasiones a causa de la violencia que sufrían ella y la pequeña, solicitando medidas de protección para ambas. En todos los casos, estas últimas peticiones fueron negadas.

Ángela huyó de la casa familiar con su hija Andrea en 1999, cuando la pequeña apenas tenía tres años, y solicitó la separación. Sin embargo, el maltrato prosiguió después del divorcio, incluso a través de su hija Andrea, quien era interrogada por su progenitor acerca de la vida sentimental de su madre y amenazada con no ser llevada de vuelta con su madre si no le contestaba. Al final la tragedia se consumó en abril de 2003. En una visita sin supervisión, que se realizaban a pesar de las múltiples denuncias, el padre mató a su hija de apenas 7 años y después se suicidó. Once años después de la tragedia, Ángela ha conseguido algo de sosiego con el fallo del departamento de Naciones Unidas, que critica la negligencia del sistema de protección y pide acciones más contundentes: «Medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia del modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas violencia de género, incluidos los hijos».

La CEDAW asegura en su texto condenatorio que no se protegió ni a la mujer ni a su hija, no se castigó al maltratador ni se investigó ni indemnizó a la madre. Además recuerda que los estados deben «investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos» y exige que se tomen «medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos».

En este sentido, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recordó que se va a proceder a la modificación del artículo 1 de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. De esta manera, el anteproyecto para la reforma de la legislación de protección de la infancia recoge la promoción de que el menor esté siempre con la madre durante y tras la instrucción de los casos de violencia de género. Asimismo, a partir de ahora los jueces estarán obligados a pronunciarse sobre medidas de protección cuando tengan sobre sus mesas casos de violencia de género con menores afectados. Antes lo hacían a instancias de las partes.

Estereotipos

«Hay que escuchar a los menores en estos casos. A Andrea no la escuchó nadie», explicó Paloma Soria, abogada de Women's Link, la organización que ha llevado el caso de Ángela desde 2012. Además, y a pesar de la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista hace casi diez años, la sentencia identifica que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes estatales, que constituyen una discriminación contra las mujeres y que se traducen en estereotipos. «Casos como el de Ángela ocurren todos los días», afirmó Soria, que solicitó a las autoridades que se afane «en comprobar la aplicación de la ley».

Por su parte, el Gobierno insistió en su lucha contra la violencia de género. «Desde entonces hemos evolucionado mucho en la legislación», aseguró Carmen Plaza, directora del Instituto de la Mujer, quien también reconoció que «no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta trágica muerte». Ahora, el Gobierno español tiene seis meses de plazo para presentar un escrito contra la petición de indemnización, la disculpa pública y la investigación del caso que prevé la sentencia. No obstante, Ángela González consideró ayer que el fallo del tribunal de Naciones Unidas va más allá. «Tras once años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no solo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos», explicó.