El Gobierno vasco exige a las clínicas privadas el mismo control sanitario que a Osakidetza

Para avanzar en esa dirección, el Gobierno vasco aprobó ayer una norma expeditiva; un decreto que no hace distingos entre las clínicas privadas y Osakidetza a la hora de exigir que la atención a los pacientes sea todo lo segura que se pueda. Además, les pone plazos para ello. En 18 meses los centros sanitarios con régimen de internamiento y cirugía mayor ambulatoria, y en 12 meses el resto, tendrán que presentar planes de seguridad para, por citar un caso, evitar las infecciones nosocomiales, las que se producen en los propios hospitales. O para prevenir errores con fármacos, una situación que ya se intenta prevenir gracias a las pulseras con códigos de barras de los pacientes y a las tablet con las que el profesional sanitario de Osakidetza puede leer esos códigos y verificar las medicinas que debe administrar.

El consejero de Salud, Jon Darpón, declaró ayer que el decreto responde al compromiso de «garantizar los máximos niveles de seguridad en el conjunto de los centros sanitarios de Euskadi». A todos ellos, sean de la red pública o de la privada, se les impone una serie de deberes con el enfermo relacionados con el control sanitario. Uno de ellos es diseñar sistemas de notificación para que tanto el usuario como el profesional que lo atiende puedan informar de incidencias que se producen en el día a día y no revisten gravedad ni tienen consecuencias jurídicas. Para dejar claro de qué está hablando, el preámbulo del decreto indica que se trata de «sucesos aleatorios, imprevistos e inesperados que no producen daño al o a la paciente ni pérdidas materiales de ningún tipo».

Sólo para aprender

El sentido de esas notificaciones, continúa la normativa, es «exclusivamente el aprendizaje» y la mejora de la asistencia. Queda claro que la información será voluntaria y sobre todo anónima. En todo momento se preservará la identidad de enfermos y sanitarios, y lo que digan unos y otros sobre lo que ha ocurrido será, por descontado, confidencial. «Las notificaciones de incidentes tienen por objeto la identificación de situaciones y no de las personas», insiste el decreto.

Los hospitales deberán preparar un sistema técnico para recibir esa información y analizarla. También serán necesarios procedimientos y formularios, todo ello todavía pendiente de regulación mediante una orden del Gobierno vasco. Cuando se apruebe esa orden empezarán a contar los plazos de 18 y 12 meses para que los centros sanitarios tengan a punto sus planes de seguridad. Estos incluirán un programa anual con protocolos de atención e iniciativas de formación, comunicación y evaluación. No tenerlo todo a punto acarreará una sanción administrativa.

El decreto introduce en los centros sanitarios dos figuras: un comité de seguridad y una persona encargada de poner al corriente a sus compañeros sobre esas cuestiones. Será el denominado Referente de Seguridad, que hará de interlocutor con la gerencia del hospital y gestionará también las notificaciones. Su cargo es voluntario y durará dos años.