El Correo

Los casos de fraude en la RGI se han desplomado un 42% en tres años

Un grupo de personas accede a una oficina de Lanbide en Vitoria tras abrir sus puertas.
Un grupo de personas accede a una oficina de Lanbide en Vitoria tras abrir sus puertas. / Blanca Castillo
  • Lanbide detectó 392 estafas el pasado ejercicio, lo que equivale a solo el 0,3% de los expedientes analizados

El fraude en las ayudas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ya está cuantificado. Lanbide detectó «voluntad de engaño» en un 0,3% de las más de 135.000 revisiones efectuadas a lo largo del último año –392–, según consta en un informe elaborado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a petición del grupo parlamentario de Elkarrekin-Podemos. Las estafas, en consecuencia, se han reducido considerablemente en el plazo de tres años: en 2013 fueron 675.

Los datos se conocen después de que la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunciara el pasado miércoles en el Parlamento vasco una reforma «inminente» para «contrarrestar situaciones de fraude y de cobros indebidos» en las ayudas sociales gestionadas por Lanbide, que reciben en la actualidad 63.382 personas.

El plan en el que trabaja el Gobierno vasco, según supo ayer EL CORREO, estará listo para la vuelta del verano y recogerá diferentes medidas tendentes a lograr dos objetivos fundamentales. El principal de ellos será conseguir que los beneficiarios de la RGI que estén en condiciones de trabajar vayan incorporándose al sistema laboral de manera paulatina. Por otra parte, pretende ponerse coto a las «triquiñuelas legales» que permiten que se perciban ingresos que no parecen justificados. «Por ejemplo», citaron las fuentes consultadas, «no tiene sentido» que dos personas que conviven en un mismo piso y tienen hijos comunes perciban dos ayudas en lugar de una. ¿Por qué se hace? «Porque –se trata de un caso real que da una idea de lo que está ocurriendo– hay una sentencia judicial que dice que la Administración no puede meterse en la relación sentimental de nadie».

El organismo público que gestiona las ayudas sociales destapó el año pasado 392 casos que podrían tener la consideración de estafa, frente a los 675 detectados tres años antes. El menor número de fraudes se debe, en parte, al mejor control público, pero también a que la bolsa de posibles beneficiarios no ha crecido en los últimos ejercicios tanto como al principio. La RGI oscila entre los 625 y 960 euros al mes, una cantidad que se puede complementar con 45,5 euros cuando se trata de una familia monoparental. A esta ayuda puede sumarse la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), de 250 euros, para el alquiler de un piso en el mercado libre.

«Uso inadecuado»

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales deja claro en su respuesta parlamentaria que prefiere hablar de fraude y no le gusta el término «irregularidad». A los 392 «engaños» habría que sumar las prestaciones a las que se ha dado un «uso inadecuado», expresión que sirve al Gobierno vasco para referirse a actuaciones que sin ser fraudulentas generan cierto quebranto a la institución. Como, por ejemplo, dineros sociales que se cobran pero que no deberían entregarse porque el beneficiario ya había encontrado empleo. Este tipo de usos indebidos no ha descendido tanto. En 2013 eran 934 y el último ejercicio, 824.

Prueba del mayor control que se ejerce son los 135.410 expedientes revisados en 2016, que suponen un 34,5% más que tres años antes. A un total de 5.500 perceptores se les quitaron las ayudas por no cumplir ya los requisitos, como cobrar nuevos ingresos por encima de los límites previstos, rechazar un empleo, no comunicar en plazo cualquier modificación relativa al expediente u ocultar datos sobre la situación personal del perceptor.

Independientemente de que se trate de un fraude, una irregularidad o un error administrativo, lo cierto es que los pagos indebidos de estas dos grandes ayudas, que constituyen el pilar central del sistema vasco de protección, ascienden a 155 millones, según datos oficiales. Desde que Lanbide tomó las riendas de la RGI, en 2011, las arcas públicas han destinado casi 3.000 millones de euros a este subsidio y la prestación para vivienda, por lo que desde el Ejecutivo autónomo insisten en que la cuantía no es tan exagerada. Y ya se ha recuperado un tercio. Además, 8.500 perceptores pagan una cuota mensual de 30 euros para devolver el dinero recibido de más.

Temas

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate