El oficio de influir

Al parecer, todo empezó en un salón del Hotel Willard, que todavía sigue en el 1401 de Pennsylvania Avenue. A tiro de piedra del lugar más poderoso de la tierra: la Casa Blanca. Durante sus ocho años de mandato, el presidente Ulysses S. Grant (1869-1877) solía sentarse en el vestíbulo ('lobby' en inglés) a recibir a los ciudadanos y escuchar sus sugerencias mientras se fumaba un puro. En aquel recibidor empezó el tráfico de influencias, el susurro al oído del político por parte de los que defienden a los poderosos.

Aunque los ingleses aseguran que, dos siglos antes, en los recovecos de su Parlamento ya se escuchaba a la gente interpelando a viva voz a sus gestores.

En todo caso, la historia y la experiencia justifican por qué en la cultura anglosajona ser un profesional del 'lobby' es algo tan cotidiano como ser abogado o médico. Solo en Washington hay unas 10.500 sociedades registradas, según el Center for Responsive Politics. Entre todas cobraron en 2016 unos 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) como premio a su habilidad para acceder a los despachos oficiales.

En la cúspide mundial del capitalismo nadie invierte en balde. Por eso es de suponer que los efectos de sus gestiones se habrán multiplicado de forma exponencial. Como los 20 millones de dólares que la Asociación Nacional del Rifle se gastó en la campaña de Donald Trump.

Por supuesto, en Europa -y sobre todo en España- se realizan contactos similares, pero ofrecen muchas más sombras que luces. El 56% de los cargos públicos españoles reconocen que habla con estos grupos de presión. Eso significa que más de la mitad de nuestros 122.000 políticos, 2.500 parlamentarios y los responsables de los 50.000 organismos públicos están en la agenda de los que tratan de imponer sus intereses cuando tengan que aprobar una ley, decidir por dónde pasa una carretera o cambiar el recibo de la luz. Al otro lado está el 46% de españoles que jamás se ha planteado contactar con un político. En medio de esta dinámica entre la injerencia y la abulia política, los persuasores afilan sus bien pagados argumentos.

En los últimos años ha habido en España tres intentos fallidos de acercar la transparencia y regulación al nivel anglosajón para estos profesionales de los 'public affairs' (asuntos públicos), como les gusta que les llamen. El martes próximo va la cuarta, y parece que la vencida. El pleno del Congreso de los Diputados discutirá la propuesta de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción que defiende Ciudadanos. Incluye un apartado dedicado a los 'lobbies'. «Ellos son los primeros interesados en salir de la zona gris en la que trabajan ahora. Por eso reclamamos un registro público, gratuito y electrónico en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno», resume el portavoz de Justicia del partido naranja, Ignacio Prendes. Su propuesta incluye la publicación habitual de las agendas de sus contactos con los cargos públicos.

«Hasta ahora no hemos sabido dónde se hacían esos contactos: en los pasillos, en una cena o el fin de semana. Si no olvidamos las diferencias políticas y asumimos que la corrupción es un problema transversal del Estado no hay nada que hacer», advierte el presidente de Transparencia Internacional y catedrático de Economía Financiera, Jesús Lizcano.

Sin embargo, parte de esos escenarios quedaron desvelados en juicios como la 'trama Gürtel', algunos de cuyos protagonistas entran estos días en prisión tras confesar en la vista oral que «Génova [sede del PP] era mi casa».

Conseguidores y políticos

«Es que un 'lobbista' profesional no es un conseguidor. Y España ha estado llena de esos personajes cuya llamada puede costar un disgusto, al menos ético y tal vez judicial, al político», destaca Alfonso López, creador de RetiEspaña Lobbying Spain, una de las firmas más veteranas. Nadie tiene datos reales de cuántas empresas se dedican a ejercer influencia a sueldo. El Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en vigor desde 2014 pero voluntario, incluye a 386. En su homólogo de Bruselas, 422 de sus más de 11.000 firmas inscritas son españolas. Las estimaciones más modestas sitúan la cifra de gestores por encima de las 3.000 personas, aunque muchos «mirarán para otro lado si se les pregunta a qué se dedican», admite Prendes.

Su patronal (Asociación Profesional de Relaciones Institucionales, APRI) ha presentado hace unos días un estudio en el que el 80% de las empresas clientes consultadas anuncian que mantendrán sus gastos en esta faceta. Y un porcentaje aún mayor les reclama que estén en registros públicos, tengan códigos de conducta y se pueda seguir tanto su huella, como la de los cargos con los que se reúnen.

En esta creciente 'salida del armario' hay una mayoría de grupos patronales, corporaciones y despachos de abogads. Pero también se empiezan a apuntar ONG o asociaciones que defienden intereses sociales o generales, porque, como explica el gerente de APRI, Andrea Vota, «cualquier persona o entidad que intenta influir en la sociedad tiene que estar registrado». En una ocasión la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se revolvió cuando calificaron de 'lobbista' su trabajo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En un país cada vez más desapegado de la política, las plataformas ciudadanas (Stop Desahucios, cláusulas suelo...) se han convertido en formas de 'lobby' urbano que nos acercan al modelo de Estados Unidos, el país con mayor músculo cívico y capacidad de influencia.

«Las ONG también somos 'lobbies' sociales que hacen propuestas y deben estar registradas», zanja el presidente de Transparencia España, Jesús Lizcano. Lo ratifican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la primera en integrarse. «Si nos quieren llamar 'lobbistas' que nos llamen. Pero tenemos el deber de defender los legítimos intereses de los consumidores. Por eso pedimos al resto de actores sociales que también se inscriban», reclama su portavoz, Enrique García.

Aunque antes tienen que acabar con la imagen peyorativa y sospechosa que proyectan. Según el Eurobarómetro, para el 81% de los europeos la suma entre intereses políticos y económicos siempre da como resultado la corrupción. Tienen motivos para pensar así cuando por los pasillos de Bruselas se mueven no menos de 30.000 influenciadores. ¡Es decir, por cada europarlamentario (766) hay unas 40 personas tratando de condicionar sus votaciones! «Sin embargo, su labor no es negativa ni perseguible 'per se'. Ayudan a los que toman las decisiones a conocer la realidad. Un legislador no tiene por qué saber de todo», defiende su papel Jesús Lizcano.

También el vicepresidente de APRI, Pedro Fernández, destaca que «un 'lobby' es un peligro, pero mil 'lobbies' son una bendición para la democracia». Lo dice un profesional que ha ejercido su labor en sectores siempre bajo la lupa como hidrocarburos (British Petroleum) o tabaco (hoy representa a British American Tobacco). Fernández reconoce que en España «todavía no se ven como una profesión».

¿Cómo se plantea hoy la defensa de los intereses de una empresa tabaquera?

Cuanto más regulación, más difícil es hacer 'lobby'. Pero sigue habiendo gente que, a pesar de todo, decide fumar. Es apasionante defender esos espacios de libertad. Y es aquí donde entra el respeto a los procedimientos porque el escrutinio es mayor. Nunca he tenido problemas para reunirme con la Administración.

En este escenario, las llamadas puertas giratorias de políticos que engrosan las nóminas de las grandes corporaciones se han convertido en la más refinada forma de 'lobbismo'. Y la que más está contribuyendo a que a la sociedad le cueste confiar en ellos. Alfonso López, que fue alto cargo en Endesa (una de las multinacionales con mayor nómina de expolíticos: José María Aznar, Elena Salgado, Rodolfo Martín Villa...), prefiere ser prudente en la materia, pero admite que «estos fichajes son generadores de tales polémicas que provocan bastante desconfianza desde el principio. Acaban siendo contraproducentes y generan muchas dudas al político de hoy que tiene que atender sus consultas».

El día que en España quede imagen gráfica, como ya ocurre con los que visitan las sedes europeas, empezarán a borrarse la sombra de esas sospechas.

«Un lobbista profesional no es un 'conseguidor'»

Alfonso López Lobbying Spain

Después de 15 años, RetiEspaña Lobbying Spain ha dado el salto al mercado mundial con su reciente acuerdo con Interel, empresa de lobby anglosajona con mil trabajadores y oficinas en los centros del poder mundial: Bruselas, Pekín, Londres, Delhi y Washington. Detrás está la gestión de Alfonso López, exvicepresidente de Comunicación de Endesa y que fue de los primeros en inscribirse tanto en el Registro de Transparencia de Bruselas, como en el voluntario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

López defiende la necesidad de que «alguien gestione una relación fluida con los que toman las grandes decisiones, pero desde la transparencia». El trabajo de su equipo, formado por doce personas con perfiles múltiples, es el de hacer de «'puente' entre los intereses de sus clientes, la mayoría multinacionales, y esos centros de poder». Además de una completa agenda de contactos, esta labor incluye organizar encuentros, dossieres, 'briefings' (informes) o campañas de imagen y márketing.

Cuando un cliente llama a su puerta, su equipo desarrolla una hoja de ruta: «Decidimos a quién ver, con qué argumentos y a dónde queremos llegar». Siempre dentro de la transparencia, ya que quienes les contratan empiezan a exigir también qué códigos de conducta van a aplicar en su labor. Así que nada de reuniones en los recovecos de un pasillo del poder. «Por eso reclamamos la necesidad de que se publiquen las agendas de los altos cargos, para que todo el mundo sepa con quién se reúnen». En contra de todos los tópicos que se intuyen en su labor, Alfonso López y su equipo no parecen tener gran interés en los contactos directos con los políticos. «No buscamos ministros como trabajo de base, sino hacer llegar el punto de vista de nuestro cliente. Ayudamos a que en las decisiones se analicen todas las variables».

Otro de los clichés que trata de desterrar es el pago por resultados. «Ni llamamos a ministros ni trabajamos nunca por objetivos, porque entonces nos convertiríamos en 'conseguidores'. Y España está llena de ellos», lamenta López, que reclama la normalidad y visibilidad de unos profesionales que «necesitamos que se desmitifique nuestro trabajo. No hay nada peliculero, ni vamos en aviones privados con maletines», ironiza.

«La gente entraba en el Congreso cuando quería»

Andrea Vota Asociación APRI

Hacemos lobby sobre los lobbies». Licenciado en Ciencias Políticas y con un Postgrado en Lobby, el consultor italiano Andrea Vota es el gerente y portavoz de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucinales (APRI), que pretende ser el embrión en España de algo así como un colegio profesional de expertos en asuntos públicos. De momento son unos ochenta profesionales, en un sector en el que «nadie tiene cifras exactas de cuánta gente trabaja. Incluso hay quien ejerce de lobbista sin ser consciente de ello».

Hace unos días presentó el informe 'La visión empresarial de los Asuntos Públicos en España', en el que queda claro que tanto empresas clientes como los profesionales reclaman más transparencia, regulación y un registro oficial. «En el sector tenemos claro que cualquier persona o institución que intente influir tiene que estar inscrito», insiste Vota. Eso supondría que «una asociación de vecinos, las ONG o las plataformas ciudadanas contra los desahucios también tendrían que estar inscritas. En España hay miles de personas que están tratando de influir de una forma u otra». También hay «muchos que no quieren que se controlen o regulen sus actividades».

Ahora que el Congreso debatirá en los próximos días una mejor regulación del sector, desde APRI proponen nuevas medidas que permitan seguir el trazado de cualquier norma que afecte a la ciudadanía. Si los conservacionistas hablan de 'huella ecológica' para hablar del impacto de cada actividad en el medio ambiente, los lobbistras defienden también la 'huella administrativa'. «Se trata de tener constancia de todos los pasos que deja cualquier funcionario y el camino que ha seguido la tramitación de una ley». Habla de un futuro alejado de los rescoldos de la España en la que «la gente entraba y salía del Congreso como le daba la gana». En su catálogo de recomendaciones, desde APRI sugieren ampliar de dos a cinco años el plazo para poder traspasar las criticadas 'puertas giratorias'.

En el bagaje personal de Andrea Vota hay trabajos como posicionar la Marca Italia en el extranjero o relaciones públicas para multinacionales como Roche o Kellogg's. Y una obsesión: «Acabar con la idea general de que, cuando alguien es corrputo, se piensa que es un lobbista».

«Los políticos miden más la transparencia de su agenda»

Miguel Zorío Lobby Comunicación

Después de cumplir sus bodas de plata y ser uno de los pioneros del sector desde la firma valenciana Lobby&Comunicacion, a Miguel Zorío le tocó «hacer lobby de mí mismo», tres ser investigado por su supuesta relación con las actividades de Iñaki Urdangarin y su Instituto Nóos. Debió de hacerlo bien, ya que insiste en que «soy de los pocos que ha logrado sobrevivir al efecto mediático». De aquella etapa que España lucha por superar recuerda que «había escándalos diarios que se arreglaban con maletines», pero insiste en que «nunca he visto uno».

Pero antes, su despacho gestionó la presencia de Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana, la de Norman Foster como arquitecto de su Palacio de Congresos o la entrada del jamón español en Estados Unidos. También la lucha de las grandes superficies comerciales por abrir los 365 días del año. En todos los casos «siempre empezamos diciendo quién es nuestro cliente y lo que pretende», subraya este lobbista, que, como todos los defensores de la «total transparencia», tiene su sociedad en los registros estatal y europeo. Acostumbrado a trabajar en el paraíso norteamericano de las relaciones institucionales, recuerda sus reuniones con «gobernadores estatales que te reciben junto a sus lobbistas y te dicen abiertamente que 'si su propuesta no choca con mis financiadores no habrá problemas'».

Hombre mediático en su comunidad (fue vicepresidente del Valencia C.F.), dibuja el retrato robot del profesional de la influencia como «alguien con formación económica, del mundo del derecho y la política y con gran conocimiento de los medios de comunicación». Sitúa las claves del éxito en tres fases: «Diseño de un plan, un buen despacho de abogados y la convicción de que nadie tiene el poder completo y se puede ganar e influir sobre cualquiera».

De la España de los 'conseguidores', que metió a Valencia en «el ojo del huracán, aunque seamos la octava comunidad en el ránking de corrupción en España», Zorío saca una lección que cree que ayudará a limpiar y dar carta de naturaleza a profesionales de la mediación como él: «Los casos que conocemos han hecho que los políticos y funcionarios hagan bien su trabajo y midan mucho más la transparencia de estos contactos».

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