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A. ALDAZ
Miércoles, 25 de enero 2017, 01:41
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El presupuesto destinado a la renta de garantía de ingresos (RGI) volvió a quedarse corto el año pasado en Euskadi. El Gobierno vasco cerró el ejercicio con 494 millones para esta ayuda social, 33 más de lo inicialmente presupuestado. En concreto, se arrancó con un presupuesto de 461 millones, la misma cantidad que en 2015 cuando ya resultó insuficiente al elevarse el gasto hasta los 493, lo que obliga anualmente al Ejecutivo a buscar dinero de otras partidas para dedicarlo a esta prestación social. En estos datos se incluye la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que está ligada a la RGI como ayuda al pago de un alquiler.
La cifra de perceptores en diciembre pasado se quedó en 63.797, el dato más bajo de los últimos dos años. Sin embargo, el dinero destinado a la RGI y PCV no ha descendido en la misma proporción debido al perfil de los demandantes: una familia de varios miembros o numerosa, aunque aparece en las estadísticas como un único perceptor, recibe un subsidio medio de unos 1.200 euros mensuales, frente a los 850 de una persona sola. Y a diferencia de lo que ocurre con otras ayudas sociales, el Ejecutivo tiene la obligación por ley de dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos. Cerca de una cuarta parte de los beneficiarios son pensionistas con ingresos muy bajos.
Para este año, las previsiones apuntan a un escenario parecido. El Gobierno vasco autorizó ayer una partida de 461 millones de euros, un trámite necesario para poder seguir aportando estas prestaciones hasta la aprobación de los próximos Presupuestos.
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