El Tribunal Superior rechaza anular cautelarmente los nombramientos de 250 ertzainas

La Administración central pretendía que se ejecutase provisionalmente la sentencia del Tribunal Superior, que estimó un recurso del Ministerio de Hacienda y declaró ilegal la última OPE por vulnerar las tasas de reposición de funcionarios decretadas por la administación central.

De esta manera, los agentes de la vigesimoquinta promoción, que recogieron sus credenciales en julio y salieron a la calle en agosto para completar la fase de prácticas, seguirán patrullando las calles. Al menos, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto. Así lo ha confirmado la consejera de Seguridad en funciones en un comunicado en el que ha asegurado que «podrán continuar sus destinos» tras la decisión del TSJPV.

Estefanía Beltrán de Heredia ha reiterado el que va a seguir defendiendo con «argumentos jurídicos» ante el Tribunal Supremo la convocatoria de la 25 promoción de la Ertzaintza, a fin de mantener «el número de agentes acordado en la Junta de Seguridad».

«Perjuicios de difícil reparación»

El Departamento de Seguridad ha recordado que el Gobierno vasco ya anunció la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la anulación de la OPE. Según ha indicado Beltrán de Heredia, el TSJPV ha desestimado ahora la petición del Abogado del Estado basando su decisión, por una parte, en que «la ejecución provisional de la sentencia generaría perjuicios de difícil reparación, si llegara a dictarse una eventual sentencia estimatoria en el recurso de casación dada la incidencia que tiene en la plantilla de la Ertzaintza y, por consecuencia, en el servicio público que presta, generando una situación deficitaria en tanto se dictara sentencia firme».

Por otra parte, ha subrayado que el TSJPV entiende que la comunidad autónoma «ha cumplido» con sus obligaciones de reducción del déficit público, por lo que, desde la perspectiva económica y financiera que se invoca por Gobierno central, tampoco se observa el «riesgo de desbordamiento» del gasto público.