Un juez imputa a dos ertzainas de Bilbao por una supuesta detención ilegal

Desde una perspectiva más amplia, esta imputación por detención ilegal pone de relieve el recurrente enfrentamiento entre jueces y policías por cómo se desarrollan algunas detenciones. Básicamente, los magistrados han denunciado en numerosas ocasiones que los cuerpos de seguridad abusan de los arrestos por faltas y delitos menores (ahora agrupados bajo la denominación de delitos leves). Los jueces censuran que se alarguen de forma innecesaria los periodos de privación de libertad por asuntos de escasa importancia e insisten en que, en estos casos, la retención en comisaría debe limitarse al tiempo necesario para practicar las diligencias necesarias. Que en muchas ocasiones se limitan a la identificación de los implicados. Los policías de base, por su parte, alegan que carecen de la suficiente formación e insisten en que, en muchas ocasiones, cuando están inmersos en actuaciones en la calle, resulta complicado discernir la «frontera» que separa un delito menor de otro de mayor envergadura.

Tradicionalmente, estas diferencias de criterio se saldaban sin mayores problemas cuando el juez, una vez que el detenido era puesto a disposición judicial, decidía rebajar la tipificación del delito que figuraba en el atestado policial. Muchas veces los magistrados dejaban los cargos en simples faltas -o directamente archivaban las acusaciones-, ponían en libertad al individuo y daban carpetazo al asunto. Pero rara vez había consecuencias para los funcionarios. Por mucho que luego -en conversaciones privadas o en cursos de formación- los jueces censurasen esta forma de actuar.

En esta ocasión, sin embargo, ha sido el propio juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao el que ha decidido remitir a otro juzgado la actuación de los ertzainas al apreciar indicios de que han podido incurrir en una supuesta detención ilegal. En este tipo de casos, la pena prevista para este delito es de entre dos y cuatro años de cárcel, en la mitad superior si se trata de funcionarios. Además se enfrentan a una inhabilitación superior a los ocho años para el desempeño de todo cargo o empleo público.

Los hechos que han desembocado en la imputación de los ertzainas se produjeron en la noche del 12 al 13 de septiembre. Un hombre llamó a la Ertzaintza porque le habían expulsado de una discoteca bilbaína y quería que una patrulla se desplazase hasta ese lugar. Según fuentes policiales, en ese momento las unidades estaban en otra actuación más urgente y no pudieron atender su solicitud. Al ver que nadie acudía hasta la discoteca, el individuo se dirigió hasta la subcomisaría de María Díaz de Haro. Empezó a increpar a los agentes que estaban allí y a exigirles que tenían que acompañarle para que los encargados del pub al menos le devolviesen el dinero. Según el relato efectuado por los mismos medios, el hombre estaba cada vez más nervioso e incluso se puso en medio de la carretera dando gritos. Después se tiró por el suelo y empezó a «fingir» que había sido agredido cuando se le pidió «en reiteradas ocasiones» que saliese de la calzada. Finalmente, el hombre fue detenido y acusado de un delito de desobediencia grave a los agentes. A la mañana siguiente fue puesto a disposición judicial.

«¿Cuál es el límite?»

En ese momento, el juzgado número 6 de Bilbao, dirigido por José María Eguía Baltellas, era el que estaba de guardia. Después de examinar lo ocurrido, este magistrado decidió deducir testimonio de las actuaciones y se generó un nuevo caso -esta vez por detención ilegal- que ha recaído en el juzgado número 10. Los ertzainas no se enteraron de que habían sido imputados hasta la pasada semana. Los agentes, según fuentes de su entorno, están consternados por lo ocurrido y denuncian falta de formación. Sobre todo desde que entró en vigor la reforma del Código Penal, que ha endurecido estos supuestos. «¿Hasta dónde tenemos que esperar? ¿Cuál es el límite de los insultos que debemos aguantar antes de detener a alguien?», se pregunta un ertzaina.