El Puerto de Bilbao se blinda para acabar con los polizones del ferry a Reino Unido

Dos efectivos del instituto armado ayudan a salir a un ciudadano albanés de los bajos de un camión donde se había escondido. / Luis Ángel Gómez

Se coordina con todas las fuerzas de seguridad, mejora las cámaras, los sistemas de detección de movimiento y las verjas y contrata vigilancia privada

JOSÉ DOMÍNGUEZ

En el Puerto de Bilbao se han disparado todas las alarmas. La inmigración ilegal que intenta colarse en algún ferry con destino a Reino Unido se ha convertido en un problema de primer orden. Su número se ha multiplicado por seis en la primera mitad del año superando ya las 500 personas. Este incremento ha puesto en cuestión si los servicios de vigilancia interna y los medios existentes eran suficientes, así que los responsables de la entidad han decidido adoptar medidas contundentes y urgentes para atajar de una vez por todas esta situación. Así, se ha mejorado la coordinación con todas las fuerzas de seguridad, se están incrementando y renovando las cámaras y los sistemas detectores de movimiento, se están reforzando las verjas y se habilitarán nuevos cierres perimetrales. Incluso se ha contratado seguridad privada para reforzar el servicio de vigilancia en el parking de remolques no acompañados de la terminal de Brittany Ferries, donde se concentran la mayoría de los polizones.

«Ante el repunte significativo de intentos de acceder a los barcos, se han mantenido reuniones del comité consultivo de protección de la Autoridad Portuaria de Bilbao, integrada también por la Ertzaintza, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Capitanía Marítima, Aduanas y la Subdelegación del Gobierno», entre otras instituciones y entidades, según informan responsables de las instalaciones. El primer resultado de estas conversaciones ha sido un seguimiento diario y coordinado entre todas las fuerzas de seguridad, que han centrado su labor en dos frentes: «Patrullar intensivamente los puntos de mayor riesgo de presencia de potenciales polizones dentro del recinto» y dificultar su agrupamiento en el exterior. «Se habían detectado pequeños asentamientos bajo pasos de carretera o locales abandonados, entre otros puntos», justifican las mismas fuentes.

Bajas por vacaciones

Las dimensiones de las instalaciones portuarias -más de dos millones de metros cuadrados de terreno ganado al mar y tres kilómetros de muelles de atraque-, unidas a las vacaciones estivales del personal en todos los cuerpos y entidades implicadas han aconsejado reforzar la vigilancia con seguridad privada, sobre todo «alrededor de la zona de atraque de los ferries». Eso sí, tras remarcar que tanto estas personas -en principio cuatro profesionales, según datos del comité de empresa- como la propia Policía Portuaria -90 efectivos- «se limitan a la detección de los potenciales polizones, mientras que la retención e identificación corre a cargo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son quienes tienen la competencia para ello».

Portavoces del Puerto remarcan que las primeras conclusiones de este nuevo operativo son positivas. «Ha provocado un descenso significativo en las identificaciones dentro del recinto y la no detención de polizones en los últimos viajes de los ferries», subrayan. Un dato que no es baladí ya que, según remarcan, por cada una de estas personas que es localizada dentro del barco en su trayecto a Reino Unido la naviera está obligada a pagar una sanción al Gobierno británico. «Además, tras su detención en los muelles de las islas «tiene que devolverlo al país de origen del barco -Bilbao-, acompañado de dos escoltas», remarcan.

CC OO tacha de ilegal el pago público de vigilantes privados

La sección de Puertos de CC OO en Euskadi coincide con la dirección de las instalaciones del «grave problema de seguridad» que representan los inmigrantes ilegales que sueñan con ir a Reino Unido y que en su afán por lograrlo no dudan en intentar colarse en el ferry. Sin embargo, los responsables del sindicato denuncian que el modo en que se está tratando de atajar el problema no es el más adecuado. Al menos en lo que a contratación de personal se refiere. Porque, a su juicio, la decisión de recurrir a vigilantes privados «incumple» la Ley de Puertos, «ya que es el servicio de la Policía Portuaria el que legalmente tiene que llevar a cabo en exclusiva esta labor».

«Es un gasto injustificado porque se trata de un servicio público para atender las necesidades de seguridad de una empresa privada que, si necesita medidas de ese tipo, debería sufragarlas por sus propios medios», critican desde el sindicato. Fuentes de la Autoridad Portuaria, sin embargo, puntualizan que este «efecto negativo» que soporta Brittany Ferries con la inmigración ilegal «no viene dado por una mala praxis o una inadecuada gestión de sus recursos, sino por causas sobrevenidas externas totalmente ajenas a su propia actividad mercantil».

Malestar de Brittany Ferries

Esta situación había provocado un malestar evidente en el seno de Brittany Ferries por el impacto negativo, tanto económico como de imagen, que estos episodios generan a la compañía. De hecho, desde el Puerto de Bilbao reconocen que, «de haber seguido el aumento de polizones en los barcos», la firma le había hecho saber que podría replantearse sus «condiciones de escala en Bizkaia», toda vez que ahora salen del muelle de Zierbena, «cuatro o cinco» buques a la semana. De ahí que sea la propia Autoridad Portuaria quien se ha hecho cargo directamente de la contratación y financiación de la seguridad privada.

Además, las mismas fuentes insisten en que el constante aumento de inmigrantes, que atribuyen al desmantelamiento a finales del pasado año de los campamentos de refugiados en Calais (Francia), revela que se está produciendo un «pernicioso efecto llamada». En ese sentido, añaden que el problema amenaza con extenderse a cualquier otro barco que atraque en las instalaciones vizcaínas, con el «gran desprestigio» para el propio Puerto que esto acarrearía.

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