142 polizones llegaron a Gran Bretaña a través del ferry de Zierbena el año pasado

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) organizó ayer unas jornadas internacionales sobre Policía y Fronteras en el que se abordó esta cuestión desde diferentes perspectivas. Agentes albaneses y franceses, el responsable de la Brigada de Extranjería y del Puerto de la Policía Nacional y un representante de Britanny Ferries, entre otros, expusieron sus datos y preocupaciones.

Roberto Castilla, responsable de la naviera, explicó que el año pasado fue el peor desde que en 2011 recalara en Euskadi. «Siempre hemos tenido intrusiones en todos los puertos, pero residuales. En 2014 empezó a aumentar el flujo de ilegales y en 2016, después de Calais, se produjo un 'boom'». Cada polizón que llega a pisar Gran Bretaña se traduce en una multa de 2.000 libras para la naviera. Además, debe también asumir los gastos de repatriación y el servicio de escolta, lo que se eleva a unos 6.000 euros por persona. A veces la mercancía del contenedor en el que se han colocado se echa a perder, con las molestias que supone para las empresas.

Castilla precisa, no obstante, que «las medidas de la Autoridad Portuaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que están haciendo un trabajo magnífico, han reducido las instrusiones, aunque llegar a cero es imposible». Si en 2017 fueron 6.000 en toda la Autoridad Portuaria, de las que 3.000 corresponden a Brittany Ferries, en lo que va de año van 600. Estos datos reflejan los intentos detectados de los inmigrantes de pasar a un barco, pero cada uno de ellos lo intenta en infinidad de ocasiones.

«El tema está controlado», afirma el comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Bizkaia, José Carlos Llorente García. En lo que va de 2018 han detenido a 135 de estos migrantes. En 2017 ascendieron a 321 y el anterior, a 75. Este cuerpo se encarga del «control documental, de que la gente que entra y sale lo haga con la documentación que corresponde». El muro del Puerto, el refuerzo con la Brigada de Respuesta de Inmigración Clandestina (BRIC) y la colaboración más cercana con la Policía británica han contribuido a ello.

Michel Heckmann, del Sindicato de Dirigentes de Seguridad Interior de Francia (SCSI), confía en que 'la jungla de Calais' haya servido de «lección» para que «no se vuelva a repetir». «Hace dos años, en Calais había 8.000 personas, hoy en día entre 300 y 500». El desmantelamiento del campamento generó «una dispersión» de estos inmigrantes, cuyo objetivo último es cruzar de forma clandestina a Gran Bretaña desde distintos puntos de Francia, pero también desde Bilbao y Santander, donde siguen intentándolo. Se trata de «una problemática a nivel europeo», por lo que espera de la UE «una mejor gestión migratoria respetando al ser humano».

El chiefcommissar albanés Saimr Boshnjaku recordó que sus compatriotas, como ciudadanos europeos, cuentan con un permiso de 90 días como turistas, aunque cuando tratan de trasladarse ilegalmente a otro país se convierten en irregulares. «La Policía albanesa está comprometida para controlar sus fronteras y cumplir con sus obligaciones dentro de la UE y ayudar a la española en las tareas de prevención», afirmó. «El número de albaneses que son rechazados en España y devueltos es muy pequeño», concluyó.