El Correo

La Comisión Ética del Gobierno vasco mantiene en su puesto al director de Industria imputado en Carranza

Alejandro López Cárcamo.
Alejandro López Cárcamo. / E. C.
  • Alejandro López Cárcamo sólo perderá su puesto si la juez que lleva el caso decide abrir juicio oral contra él

Alejandro López Cárcamo, director de Desarrollo Industrial del Gobierno vasco imputado por el fiasco de la planta de purines de Carranza, sólo perderá su puesto si la juez que lleva el caso decide abrir juicio oral contra él. Tal y como avanzó EL CORREO el pasado día 7 de junio, la Cómisión de Ética Pública ha emitido un informe en el que recomienda que López Cárcamo continúe en su puesto y que siga «colaborando con la Administraciónde Justicia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le sean formulados» por los investigadores.

La imputación del actual director de Industria se produjo hace ya un mes. La juez de Balmaseda que lleva la instrucción penal está investigando a una veintena de personas. El trabajo de la instructora se centra en esclarecer si alguno de los implicados en el caso, abierto a raíz de una querella presentada contra 27 personas por el propio Ayuntamiento (hoy gobernado por independientes), pudo cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental e insolvencia punible. La planta de desechos animales nunca llegó a construirse, pese a que el proyecto recibió 10 millones en ayudas públicas. La relación de López Cárcamo con este proyecto viene determinada por su presencia en el consejo de administración del fondo público de capital riesgo Ezten, que fue socio minoritario de la empresa que recibió el encargo de construir la planta (Ade Biotec). La jueza también ha imputado a Luis Miguel Macias, exviceconsejero de Pesca del Gobierno vasco con Iñaki Gerenabarrena como consejero.

Después de analizar toda la documentación, la Comisión de Ética del Ejecutivo autónomo sostiene que López Cárcamo «puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa». El texto, fechado el pasado 6 de junio y al que ha tenido acceso este periódico, subraya que sólo deberá ser cesado cuando «el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral». De darse ese supuesto, la Comisión de Ética «recomienda el cese cautelar del cargo público afectado».

Fuentes del Ejecutivo autónomo han recordado que a lo largo de 2016 se cerraron siete instrucciones judiciales abiertas contra cargos del Gobierno vasco y todas fueron sobreseídas. Unos antecedentes que, según el gabinete presidido por Iñigo Urkullu, obligan a cuidar mucho la presunción de inocencia. Sobre todo, en un caso, que no tiene visos de resolverse en un corto espacio de tiempo.

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