El Correo

El Gobierno vasco rechaza cesar a un director imputado por el pago irregular de dietas

El consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka.
El consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka. / EL CORREO
  • El comité de ética, presidido con el consejero Josu Erkoreka, afirma que el cargo solo debe dimitir si continúa procesado al abrirse la vista oral

En medio del debate abierto sobre si un político investigado en los tribunales -el equivalente a la imputación con la nueva terminología judicial- debe dimitir, el Gobierno vasco ha vuelto a emitir un dictamen en el que ofrece su punto de vista: los ceses solo deben producirse cuando un cargo continúa imputado tras decidirse en un juzgado la apertura de juicio oral y no antes. Esta postura aparece en un informe de la comisión de ética del Ejecutivo autónomo, presidida por el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, y encargada de velar por el buen comportamiento del Gobierno vasco, en un pronunciamiento con respecto al director de Función Pública, Juan María Barasorda, investigado por malversación de fondos en el caso de las dietas irregulares de la Ertzaintza.

El criterio de este comité es el mismo que el que ha mantenido el PP en la región de Murcia, donde su presidente, Pedro Antonio Sánchez, se negó a dimitir al entender que estar investigado no era suficiente para cesar en un puesto y que sólo lo haría si se mantenía la acusación al fijarse el juicio oral. Finalmente, Sánchez dejó su cargo para impedir una moción de censura impulsada por Ciudadanos, partido para el que un imputado sí debe abandonar todos los cargos públicos.

El Gobierno vasco ya había mantenido este criterio en anteriores imputaciones contra sus cargos por otros asuntos y ahora ha vuelto a hacerlo en el caso de Juan María Barasorda, el director de Función Pública del departamento que dirige Josu Erkoreka. Esta director fue imputado hace un mes junto con 26 mandos de la Policía autónoma en el caso del cobro irregular de dietas. En este sumario se investigan los pagos realizados entre 2012 y 2014 a los mandos policiales mediante un procedimiento que, según peritos judiciales, incumplía la legislación. Tal y como adelantó EL CORREO, una experta ya acreditó que los jefes de la Ertzaintza habían cobrado más de 2,2 millones de euros en circunstancias irregulares. En algunos casos, la cantidad que percibían por viajes o comidas suponía entre un 20% y un 30% de su salario. Este pago de dietas está también pendiente de un pronunciamiento en el Tribunal de Cuentas de España.

Los juzgados de lo contencioso desestimaron una primera demanda de este asunto del sindicato Sipe pero sí apreciaron indicios de delito por lo que pidieron que se acudiera a la vía penal. Esta fase provocó una fuerte malestar entre los comisarios de la Policía vasca, que se veían imputados en un caso en el que, según su apreciación, solo habían cumplido las directrices del departamento. Pero en las primeras fases del caso la investigación llegó también a los cargos políticos, ya que fue investigada la directora de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias.

Alarma social

Tanto en el caso de la imputación de Arias como en el del director de Función Pública, la resolución de la comisión de ética fue idéntica: aunque un cargo esté imputado, su cese no debe llevarse a cabo hasta que se dicte la apertura de juicio oral. En ese caso, el comité aconseja la dimisión pero recuerda que debe estar prevista su readmisión si resulta absuelto. Además, en la cuestión de las dietas de la Ertzaintza, se señala que no ha existido una alarma socia que justifique otra decisión. La comisión de ética está formada por Erkoreka y por el viceconsejero de Función Pública -jefes directos del cargo imputado en este caso- así como por dos vocales y la directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoiena.

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